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novedades

Nuevo domicilio del TDA

Informamos a los Letrados y a la ciudadanía en general que la nueva sede del TDA se encuentra ubicada en calle 9 de Julio 230, piso 8, Ciudad de Córdoba, Argentina. Días y Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 12 hs a 18 hs.

La Misión esencial del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba (TDA) radica en aplicar las normas que regulan el recto ejercicio de la profesión del Abogado, con las modalidades de su aplicación y las sanciones a su transgresión.

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Integrantes del TDA

CARLOS GABRIEL IZQUIERDO

Presidente

presidencia@tribunaldisciplinaabogcba.org

FRANCISCO GUSTAVO ALBERIONE

Vicepresidencia

vicepresidencia@tribunaldisciplinaabogcba.org

DANIELA MAGALÍ MIRANDA

Vocal

vocalsala1@tribunaldisciplinaabogcba.org

SALA SEGUNDA (sala2@tribunaldisciplinaabogcba.org)

  • Rosa Angélica Avila Paz
  • María del Carmen Manga
  • Darío Alberto Lamoratta

SALA TERCERA (sala3@tribunaldisciplinaabogcba.org)

  • Julio Alberto Nobrega
  • Heraldo Garello
  • Paula Mercedes Lloret

SALA CUARTA (sala4@tribunaldisciplinaabogcba.org)

  • Emma Loza de Dracich
  • Alicia Bazan de Andruet
  • Marcelo Rodriguez Fernandez

SALA QUINTA (sala5@tribunaldisciplinaabogcba.org)

  • Nora Virginia Carranza
  • Martín Diego Barbara
  • Juan Pablo Rustán

SALA SEXTA (sala6@tribunaldisciplinaabogcba.org)

  • Eduardo Alfredo Rosende
  • Luis Alberto Musso
  • Hugo Rinaldi Remondino

SALA SEPTIMA (sala7@tribunaldisciplinaabogcba.org)

  • Graciela Manera de Fantin
  • Liliana Beatriz del Valle Bruna
  • Carlos Jose Molina

Ley 5805

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO Y COLEGIACIÓN OBLIGATORIA LEY 5805

LEY PROVINCIAL Nº 5805 Y MODIFICATORIAS

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, reunidos en Asamblea General, sancionan con Fuerza de LEY: 5805

 

PRINCIPALES ARTÍCULOS PERTINENTES AL TDA:

 

Deberes - Artículo 19:

Son deberes del abogado, sin perjuicio de los que surjan de las características propias de la profesión y de los preceptuados en otras disposiciones legales:

1) Prestar su asistencia profesional como colaborador del Juez y en servicio de la Justicia.

2) Atender el consultorio gratuito que establezca el Colegio, en la forma y condiciones que determine el reglamento respectivo.

3) Ejercer la defensa de las personas carentes de recursos, en los casos en que la Ley o disposiciones reglamentarias lo determinen.

4) Dar estricto cumplimiento a las normas de ética y deberes de la profesión y a las disposiciones legales sobre aranceles.

5) Aceptar los nombramientos que le hicieren los jueces y Tribunales con arreglo a la Ley, pudiendo excusarse solamente con justa causa.

6) Avisar al Colegio todo cambio de domicilio, así como el cese o reanudación de su actividad profesional. Asimismo deberá comunicar cuando se den a su respecto, las causales de los artículos 2º y 3º de esta Ley.

7) Guardar el secreto profesional respecto de los hechos conocidos con motivo del asunto encomendado o consultado, salvo las excepciones establecidas en la Ley.

8)Atender los juicios mientras se mantenga la representación o el patrocinio. En caso de que resolviere renunciar a éstos, deberá comunicar la decisión a su cliente con antelación suficiente, a fin de que el interesado pueda intervenir personalmente o confiar el asunto a otro profesional.

9) Hacer saber su representación o patrocinio en juicio al abogado que lo hubiere precedido en él, con anterioridad a su intervención o inmediatamente después de éste si las circunstancias no le hubieren permitido hacerlo antes.

10) Comunicar al Colegio la nómina de los profesionales integrantes de su estudio o estudios profesionales y de sus empleados.

11) Denunciar al Directorio las ofensas, restricciones o trabas de que fuere objeto por parte de los magistrados, funcionarios y empleados judiciales o de cualquier autoridad, en el ejercicio de sus funciones.

12) Pagar puntualmente las cuotas fijadas por el Colegio. El abogado que incurra en atraso de doce meses en el cumplimiento del pago de cuotas exigibles deberá ser requerido por el Directorio por carta certificada con aviso de retorno y si dentro de ocho días no las abonare quedará suspendido mientras dure el incumplimiento.

13) Acatar las resoluciones del Colegio y cumplir las sanciones disciplinarias. 

 

CAPÍTULO IV

DE LAS REGLAS DE ÉTICA

Artículo 21 (4) - Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales y las medidas disciplinarias que puedan aplicar los magistrados, conforme a las leyes, los abogados son pasibles de algunas de las sanciones establecidas en esta Ley, aplicable teniendo en cuenta las circunstancias del hecho, importancia y consecuencia del mismo y antecedentes personales de su actor, por cualquiera de las siguientes faltas:

1) Asesorar a ambos litigantes en el mismo juicio, simultánea y sucesivamente, o aceptar la defensa de una parte si ya ha dado consejo a la otra.

2) Patrocinar o representar a partes contrarias simultánea o sucesivamente, abogados que estén asociados.

3) Aceptar la defensa en asuntos en que intervenga otro abogado, sin dar aviso a éste, salvo que haya mediado renuncia expresa.

4) Intervenir en un juicio al solo efecto de provocar la inhibición de los magistrados o funcionarios respectivos.

5) Violar el régimen de inhabilidades o incompatibilidades establecidos por la Ley, y conforme al Art. 3º de la presente Ley.

6) Facilitar el ilegal ejercicio de la profesión a persona sin título, o impedidas de hacerlo por inhabilitación, sanción disciplinaria o incompatibilidad.

7) Procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional, como ser:

a) hacer publicidad que pueda inducir a engaño u ofrecer soluciones contrarias o violatorias de las leyes b) recurrir directamente o por terceras personas a intermediarios remunerados para obtener asuntos c) ejercer la profesión asociado con persona que no tenga título, o tener sucursales de su estudio a cargo de ella d) ofrecer públicamente consultas o trabajos gratuitos e) inducir al litigante al cambio innecesario de su defensor.

8) Abultar maliciosamente la importancia del asunto o presentar reiteradamente escritos innecesarios, o de extensión excesiva, con el propósito de aparentar mayor labor profesional.

9) Entorpecer el trámite normal del juicio con pedidos o incidencias notoriamente improcedentes.

10) Abandonar o descuidar inexcusablemente la defensa de la causa confiada a su patrocinio o representación.

11) Renunciar intempestivamente al patrocinio o representación, apartándose del asunto antes de haber dado tiempo prudencial para que se lo reemplace.

12) Demorar injustificadamente la entrega o restitución de fondos o documentos que le hubieren sido confiados en el ejercicio de la profesión.

13) Retirar expedientes sin dejar recibo retenerlos injustificadamente o no devolverlos de inmediato al ser requerido por Secretaría o por parte interesada.

14) Efectuar en sus escritos o informes verbales citas tendenciosamente incompletas o contrarias a la verdad.

15) Excederse en las necesidades de la defensa formulando juicios o términos ofensivos a la dignidad del colega adversario o que importen violencia impropia o vejación inútil a la parte contraria, magistrados y funcionarios.

16) Interponer ante los jueces, en provecho propio o en causa en que tenga intervención o interés, su influencia o la de un tercero.

17) Renunciar u omitir sin causa justificada, el cumplimiento de las funciones o tareas que le sean encomendadas por el Colegio, o por tribunales, de acuerdo con las leyes.

18) Desobedecer las citaciones y providencias del Tribunal de Disciplina.

19) Dar explicaciones verbales a los jueces, en forma habitual, sobre asuntos pendientes de resolución, en ausencia del abogado de la contraria.

20) Ejercer coacción buscando maliciosamente derivaciones de carácter criminal.

21) Tratar o concertar arreglos o transacciones directamente con el adversario del propio cliente y no con su abogado salvo que el colega lo autorizare expresamente o no hubiere aún abogado designado.

22) No denunciar a la autoridad competente o al Colegio, el ejercicio ilegal de la profesión o conducta sancionable de jueces y colegas que hubiere constatado en su desempeño profesional.

23) Adquirir por sí o por persona interpuesta bienes pertenecientes a litigios en que hubiere intervenido, contraviniendo prohibiciones legales.

24) Entorpecer o impedir la solución amigable del conflicto, cuando sea posible sin daño para el cliente.

25) Actuar como representante o patrocinante en un pleito cuya tramitación hubiere intervenido como Juez.

26) Ejercer abusivamente las facultades acordadas por el artículo 18.

27) Informar falsa y maliciosamente sobre el estado de la causa en que intervenga. La violación de esta norma sólo podrá ser acreditada documentalmente.

28) Violar los deberes impuestos por el secreto profesional en los términos y condiciones previstos por el artículo 19 inciso 7) de esta Ley.

 

TÍTULO IV

CAPÍTULO I

DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Poder Disciplinario. Artículo 50 - El Tribunal ejercerá el poder disciplinario sobre todos los abogados inscriptos en la Provincia, a cuyo efecto conocerá y juzgará, de acuerdo a las normas de ética profesional, las faltas cometidas por los abogados en el ejercicio de la profesión o que afecten al decoro de ésta, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que incurran y de las facultades disciplinarias que las leyes acuerden a los tribunales de justicia.

Matrícula Centralizada

Artículo 51 - El Tribunal de Disciplina organizará el legajo de los abogados que le remitan los Colegios de la Provincia y centralizará el registro de la matrícula, con efecto disciplinario y administrativo.

Carácter de los juicios disciplinarios

Artículo 52 - Los juicios disciplinarios se diligencian siempre en forma privada. Si el acusado lo pidiera, el juicio será público.

Sede del Tribunal

Artículo 53 - El Tribunal de Disciplina tendrá su sede en la ciudad de Córdoba.

Constitución

Artículo 54 - El Tribunal estará constituido por veintiún miembros, quienes de su seno elegirán un presidente y un vicepresidente.

Se dividirá en siete Salas de tres miembros cada una para actuar según los turnos que establezca el reglamento respectivo.

Requisitos para ser miembros

Artículo 55 - Los miembros del Tribunal de Disciplina deberán tener por lo menos seis años de antigüedad en la matrícula de la Provincia. No podrán formar parte del Tribunal los integrantes de los Directorios de los Colegios de Abogados.

Representación Legal

Artículo 56 - El Presidente del Tribunal ejercerá la representación legal de la entidad y será sustituido por el Vicepresidente en caso de fallecimiento, renuncia, ausencia o impedimento.

 

BREVE INTRÓITO: Con la sanción de la Ley 5805, publicada en 3 de Febrero del año 1975, nacen en la provincia dos Instituciones bien diferenciadas, por un lado (Título III) el Colegio de Abogado como entidad que otorga la Matricula Profesional para el ejercicio de la Abogacía por el otro (Título IV) el Tribunal de Disciplina de  Abogados de la Provincia de Córdoba, estableciendo las normas de ética que regulan el ejercicio profesional, con las modalidades de su aplicación y sanciones a su transgresión.

De la referida ley se infieren con absoluta claridad las funciones que cumplen esas dos Instituciones y el ámbito en que se desarrollan, correspondiendo el funcionamiento o creación de un Colegio de Abogados por cada circunscripción judicial existente o a crearse, en tanto que la tarea del Tribunal de Disciplina de Abogados es comprensiva de toda la Provincia, encontrándose el procedimiento reglado en distintos Títulos y Capítulos de la ley 5805, en especial en el Título Uno Capitulo IV, el que trata las reglas éticas y Titulo Cuatro "Del Tribunal de Disciplina", Capítulos I, II.-

Las Autoridades de ambas Instituciones surgen del voto libre, secreto y obligatorio de sus colegiados, con una particularidad para el Tribunal de Disciplina, en el cual si bien la elección de sus miembros es sobre la base de igual modalidad, no así para quienes ejercen la representación legal (Presidente y VicePresidente), los que son designados por los miembros electos y de su seno (arts. 54/56).

El Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba funciona como entidad autónoma desde su creación siendo solventada en el aspecto económico por los Colegios de Abogados -los que en todo momento han respetado esa autonomía- conforme un presupuesto anual, el que debe ser aprobado por todos los Colegios en Asamblea.

Cada Colegio aporta una cuota mensual la que guarda relación con los aportes que reciben de sus colegiados sin duda la más importante corresponde al Colegio de Abogados de Córdoba, ya que su aporte cubre aproximadamente el ochenta por ciento (80%) del referido presupuesto.

En 1997 se dió un paso importante en la conformación de los miembros del Tribunal de Disciplina, al surgir los mismos de una lista no sostenida por ninguno de los grupos que se postulaban para la conducción del Colegio de Abogados de Córdoba. Esto sin duda terminó por consolidar la autonomía funcional del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba asumiendo su verdadero carácter Provincial, con un auténtico apoyo de los distintos Colegios del interior, dejándose por primera vez de lado, la hegemonía que en alguna medida, ejercía el Colegio de Abogados de Córdoba.

En la conformación del Tribunal de Disciplina para el periodo 1999-2001, se consolida la idea de autonomía funcional, al lograr su constitución con lista única, en la que se produce una renovación parcial de autoridades y se deja de lado, por primera vez, la necesidad que cada grupo que interviene en la contienda eleccionaria para el Colegio de Abogados de Córdoba, deba al mismo tiempo presentar lista para el Tribunal de disciplina.

Así tenemos que el actual Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba se ha constituido con una lista única y una renovación parcial de sus miembros, que permite de ese modo ser de una continuidad y renovación que hacen a su mejor desempeño.

En la actualidad el Tribunal de Disciplina se conforma por Abogados de la Matricula de la Primera Circunscripción, los que ejercen en la Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Jesús María y Abogados matriculados en el interior, Río IV, Bell Ville, Laboulaye, Villa María, Río III, San Francisco, Marcos Juarez, Villa Dolores, Dean Funes y Cruz del Eje.

La actual conducción del Tribunal de Disciplina entiende que es fundamental para el Abogado el conocer las Instituciones a las que por su profesión pertenece y en especial la función o tarea jurisdiccional que incumbe a este Tribunal de Disciplina, cuyo objetivo máximo es aplicar las normas que regulan el recto ejercicio de la profesión.-

Los tiempos que corren exigen de cada profesional una mayor preparación para lograr sus objetivos de éxito pero ellos sólo serán válidos en cuanto sean sustentados entre otras, por conductas generadoras de seguridad, corrección, decoro, conocimiento, superación intelectual, procurando el mejoramiento de la ley en su aplicación e interpretación, todo lo cual se verá, en definitiva, reflejado en la sociedad como destinataria directa.

El Abogado en el ejercicio de su función, cubre el amplio espectro en que se desarrolla la vida del hombre. Debe estudiar la complejidad humana que se manifiesta en conductas irregulares, que van desde el incumplimiento de obligaciones hasta la destrucción de personas y bienes, es receptor de sentimientos generadores de actitudes vinculadas al temperamento, cultura y normas ética y morales de sus clientes.

Si se parte del principio que todo hombre es único e irrepetible, podemos sostener sin temor a equivocarnos, que en esa unicidad, que conforma el universo de cada uno de nosotros, el Abogado debe formular en cada caso una respuesta que sea la solución justa y correcta.

El ejercicio de la Abogacía, consustanciado con los principios éticos y de valoración humana, requiere no sólo conocimientos jurídicos, sino una gran dosis de capacidad perceptiva para captar a ese ser como un todo, que espera de su Abogado la solución para su problema y así aliviar el peso de su propia existencia.

En aras de éste objetivo es que se ha dispuesto la publicación de la Jurisprudencia del Tribunal de Disciplina. Se trabajó sobre fallos dictados entre los años 1995 y 1999,  que resultan ilustrativos de los distintos presupuestos que conforman el articulado disciplinario del Abogado, cuya selección y resumen estuvo a cargo del Ab. Germán G. Bertiche.

Completa esta publicación breves comentarios doctrinarios, los que procuran aclarar algunos puntos oscuros referidos a cuestiones sustanciales o adjetivas vinculadas a la formación, instrucción o resolución de causas que se tramitan por este órgano disciplinario, adjuntándose un extracto de la ley de colegiación, en el que se transcriben sólo aquellos artículos que guardan relación con la Institución disciplinaria, tanto en su faz Administrativa, Económica y Jurisdiccional.-

Con ésta se da cumplimiento a uno de los compromisos y anhelos mas importantes asumidos por la conducción de este Tribunal,  sirviendo la presente para reforzar el compromiso de llevar adelante con una mayor periodicidad este tipo de publicaciones, como así también las que resulten de los cursos  o charlas a realizarse en un futuro.

DRA. EDITH VIDELA DE BARONE
Presidente
                                                                        

 DOCTRINA

 

INFRACCIÓN AL ART. 21 INC. 18 DE LA LEY 5805 

DESOBEDECER CITACIONES Y PROVIDENCIAS


Siguiendo al Profesor Daniel Carreras afirmamos que el inc. 18 del art. 21 de la ley 5805, se encuentra comprendido dentro del agrupamiento de las faltas éticas que corresponden a las denominadas "obligaciones ajenas al ejercicio profesional", que emanan de la calidad de abogado colegiado, a partir de su inscripción en la matrícula de alguna de las 10 Instituciones de ese carácter que existen en el ámbito del territorio provincial.-                               

En consecuencia, se ecuentran junto con dicho inciso y en este grupo, la omisión de funciones o tares encomendadas por el Colegio o los Tribunales (inc. 17),. y la omisión de denuncia (inc. 22).-

Dentro de los pronunciamientos del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia debemos destacar la Sentencia Nº 816 de fecha 21 de abril de 1997 de la Sala integrada por los colegas Eduardo Alfredo Rosende, Inés Montaldo de Del Vado y Jorge Antonio Martin que resolviendo en el caso específico de un letrado que no concurrió a las reiteradas citaciones que se le efectuó para que prestara declaración testimonial, sin justificar en ninguna oportunidad su inasistencia, sostuvo: "... que no colaborar con la investigación de la causa, haciendo caso omiso a la obligación de prestar testimonio cuando se le requiere, extremo que no puede desconocer por su calidad de letrado, máxime cuando su testimonio se constituía en relevante ... por haber sido abogado de la contraparte denunciante en causa judicial" por lo que su conducta es violatoria del inc. 18 del art. 21 de la ley 5805.-

Sin embargo podrá aplicarse al abogado que denunciado y debidamente citado para que comparezca a la causa disciplinaria, se lo declara rebelde y se dicta sentencia en rebeldia ?.- En el supuesto precedente el dispositivo no es aplicable, pues el letrado deberá atenerse a las resultas del decisorio.-

Pero y si suspendido, por ejemplo, en el ejercicio de la profesión por un término determinado y estando firme esa sentencia que así lo dispone, sigue ejerciendo lo mismo su profesión ?.-

Ese no acatamiento encuadraría en el inc. 18 o en el inc. 3 del art. 21 de la ley 5805 o en otro dispositivo como por ejemplo el art. 50 del mismo cuerpo legal?.-

La jurisprudencia del Tribunal de Disciplina, a través de sus distintas Salas, no ha sido uniforme.-

En Sentencia Nº 699 del siete de marzo de 1996, la Sala integrada por los Dres. Maximiliano Videla, Mariano Liebau y Guillermo César Laferriere, consideró:..."que la letrada... ha violado el art. 50 de la ley 5805 al haber ejercido la profesión mientras estaba suspendida por resolución del Tribunal de Disciplina para ejercer. ...pués la inhibilitaba para ello..."

En cambio por Sentencia Nº 27 del siete de abril de 1999, la Sala integrada por los Dres. Plinio R. Hillar, Mario Francisco Robledo y Eduardo Manuel Massa se sostuvo:..." Que lo normado por el inc. 18 del art. 21 de la ley 5805, en cuanto trata de : "desobediencia" a las resoluciones dictadas por el Tribunal de Disciplina, no reconoce únicamente el basamento en una conducta dolosa sino que conforme a la etimología de la misma palabra implica: no cumplir, no acatar, no observar una disposición determinada, etc., actitud que puede derivarse por acción u omisión dolosa o negligente del obligado a observar una resolución o acto determinado.-

 Así las cosas y luego de un examen crítico de estos fallos y otros dictados por las distintas Salas del Tribunal se coincide con lo sostenido por el profesor Dr. Daniel Carrera cuando afirma "que esta norma -la del inc. 18- resguarda el cumplimiento del deber impuesto al colegiado por el inc. 13 del art. 19 de la ley 5805", al determinar que entre sus deberes el abogado tiene la obligación de acatar las resoluciones del Colegio y cumplir las sanciones disciplinarias.-

Ahora bien: en el supuesto de apercibimiento privado y/o público no hay posibilidad de violación a la norma del inc. 18 del art. 21 de la ley 5805 y en el caso de aplicación de la multa la misma puede cobrarse por vía de apremio conforme lo preceptua el art. 36 del mismo ordenamiento (1).-

Distinta es la situación de suspensión y/o cancelación de la matrícula, pues el letrado ejercitante se ubica dentro de un "ejercicio profesional irregular", debiendo distinguirse entre suspensión y cancelación. La cancelación de la matrícula le crea al profesional una exclusión, exclusión que tiene como resultado una incapacidad absoluta (inc. 4 del art. 2), y solamente podrá volver a ser admitido nuevamente entre sus pares, si transcurre el término previsto por el art. 74 y se dan las condiciones de admisión fijadas por el art. 4 del ordenamiento legal de la ley 5805.-

La suspensión del ejercicio profesional con mantenimiento de la matrícula es una sanción temporal que no puede ser superior a seis meses cada vez que sea aplicada.- Esta suspensión temporal crea también inhabilidad para ejercer la profesión y su violación da lugar al encuadramiento del art. 21 inc. 18 de la ley 5805.-

DR. PLINIO RUBEN HILLAR

 

COMPETENCIA DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA


La competencia de la Sala Primera del Tribunal de Disicplina de Abogados encuentra sustento jurídico en lo resuelto por el Plenario Nº 53 de fecha 6 de octubre de 1995, donde establece que si la causa reúne las condiciones de admisibilidad exigidas por el art. 76, debe girarse a la Sala que por turno corresponda. Además, es competencia exclusiva de ésta Sala entender en las uspensiones preventivas previstas por el art. 75.-

Trámite a los fines del art. 75 de la ley 5805: La aplicación de la suspensión preventiva para el ejercicio profesional, del art. 75 de la ley 5805, dirigida para  los casos de procesamiento -hoy requisitoria fiscal de elevación a juicio en el orden provincial- de un abogado no es obligatoria para el Tribunal sino facultativa, debiendo valorarse a tales fines "si los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso demostraren la inconveniencia de su ejercicio profesional".-

Por tanto, estamos frente a una disposidicón de carácter eminentementre tuitivo, para la cual el regimen legal vigente no prevee trámite, toda vez que el procedimiento establecido por el art. 82 de la ley 5805 no es aplicable para le medida preventiva que analizamos éllo no obstante, el Tribunal previo a dictar resolución, cita y emplaza al letrado encausado para que en el término de seis días comparezca y alegue lo que estime menester en su defensa este trámite, si bien no está establecido expresamente en la ley, resulta prudente en virtud de la severidad de la eventual medida (suspensión preventiva), ya que asegura el principio constitucional de la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.) y por otra parte, la audiencia del abogado afectadol le permite conocer en base a que acusación se va a determinar la conveniencia o no de su continuidad en el ejercicio profesional, y en su caso, icorporar algún elemento nuevo a la causa.-

El plazo de seis días acordado al letrado encausado, ha sido establecido habida cuenta que, siendo de aplicación supletoria el C. P.C., y tratándose de una citación para alegar, resulta apropiado utilizar el plazo previsto por el art. 505 de la ley adjetiva.-

No se admite la apertura a prueba de la causa en razón del principio de inmeditez que gobierna la suspensión preventiva.-

DRA. EMMA. P. LOZA DE DRACICH



ABANDONO O DESCUIDO EN LA DEFENSA - DIFERENCIA DE GRADO - SANCION


La presente tiene como referencia inmediata una Resolución dictada por la Sala Quinta de este H. Tribunal, la que hubiera integrado en mi carácter de miembro Suplente por apartamiento de uno de sus Vocales, la cual emite el pronunciamiento, luego de instruir la causa originada por comunicación de una de las Salas Laborales de la Cámara del Trabajo de nuestra ciudad, comunicación por la cual se nos imponía de la inasistencia, de la letrada, apoderada de la parte actora, a la audiencia de vista de la causa, actuación ésta que estaría encuadrada en la causal prevista en el art. 21 inc. 10 de la ley 5805 por abandonar o descuidar inexcusablemente la defensa de la causa confiada a su patrocinio o representación.-

Una vez analizados los elementos de prueba aportados, se concluyó que la letrada había sido notificada de la realización de la audiencia de vista de la causa, con un mes de antelación y, el día antes de recepcionarse la misma, comparece ante el Tribunal interviniente, solicitando su suspensión por imposibilidad por parte del actor, de concurrir a dicha audiencia, sin justificar el impedimento invocado.-

El Tribunal no hizo lugar a lo peticionado y la audiencia se recepcionó, con la intervención del Procurador del Trabajo, atenta la ausencia del actor y de su letrada patrocinante, con resultado favorable para este último ya que se hizo lugar a la demanda.-

Debemos analizar en primer lugar, si tiene alguna incidencia en la presente causa, el resultado del juicio. Consideramos que no, pues lo que se está valorando es el proceder de la abogada, cualquiera sea el resultado del pleito.-

Formulada esta conclusión, debemos considerar si la letrada ha incurrido en violación a las reglas de la ética, configurando con su actuar un abandono o descuido de la defensa de la causa que le fuera encomendada.

En principio la Sala al dictar la resolución consideró que la denunciada había infringido la norma contenida en el art. 21 inc. 10 de la ley 5805 por lo que se la sancionó con la aplicación de apercibimiento público, resolución que es recurrida por la interesada.-

Este recurso de reconsideración llevó a la Sala a plantearse más profundamente la cuestión, concluyendo que existe una diferencia de grado entre el abandono y el descuido. Al abandono prodríamos definirlo como un total desinteres, un dejar la causa en el estado en que se encuentra sin interiorizarse más de la misma.

Por su parte, al descuido, podemos definirlo como un acto de negligencia, un no atender la causa que se le confía con la debida probidad y diligencia que es propio de un buen profesional.-

Si bien ambas actuaciones configuran una violación a las reglas de la ética, la segunda es más atenuada, más leve que la primera.

En definitiva, la resolución fue reconsiderada, encuadrándose la actuación de la letrada en la figura del descuido inexcusable en la defensa de la causa encomendada y se modificó la sanción aplicada en primer término de un apercibimiento público a un apercibimiento privado, de esta manera se mantuvo una diferencia de grado tanto en la sanción como en la conducta que se sanciona.

DRA. ELADIA GARNERO DE FAZIO    

 

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL "NON BIS IN IDEM" 

- ART. 2I Y ART. 50 DE LA LEY 5805 - PLENARIOS.

 

El significado jurídico del Principio de Derecho "NON BIS IN IDEM",  es que nadie puede ser perseguido ni condenado dos veces por un mismo hecho delictivo o infracción (Manuel Ossorio Ob. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Edit. Heliasta Pag. 643).-

Su rango es de carácter Constitucional.-

La jurisprudencia y doctrina de este Tribunal antes del Fallo Plenario Nº 49 de fecha 2 de diciembre de 1993 era controvertida, unificándose en la actualidad a partir de lo resuelto en el mismo, dado el carácter de vinculante, otorgado a este tipo de fallos.-        

En ese Plenario, se resolvió "que toda comunicación cursada a este Tribunal poniendo en conocimiento sanciones aplicadas a profesionales deberá meritarse en particular  ... y las distintas Salas del Tribunal no podrán cerrar el caso por haberse aplicado ya una sanción, sino que deberá analizarse si se trata de una conducta que ha afectado sólo y puntualmente la marcha del proceso en que se aplica la sanción o si trasciende tal proceso, afectando el decoro que debe guardar todo profesional en el ejercicio de la abogacía ...".-

El sustento legal de la inaplicabilidad de dicho principio en sede disciplinaria surge en forma clara del art. 21 el que reza textualmente, "Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales y las medidas disciplinarias que puedan aplicar los magistrados, conforme a las leyes, los abogados son pasibles de algunas de las sanciones establecidas en esta ley ...".-

Acentúa esta disposición el art. 50 de la ley Provincial Nº 5805 que establece que el Poder Disciplinario del Tribunal de Disciplina de Abogados recaerá sobre todos los abogados inscriptos en la Provincia, desde el punto de vista de las normas de ética profesional, ... sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que incurran y de las facultades disciplinarias que las leyes acuerden a los tribunales de justicia.".-  

Las sanciones propiamente dichas se hallan legisladas en el art. 72 del antes mencionado cuerpo normativo que establece distintos tipos de sanciones, a saber: Apercibimientos (Públicos o Privados), Multas, Suspensión y Cancelación de Matrícula con exclusión del ejercicio profesional.-

Luego de una lectura detenida de la normativa transcripta supra, no puede quedar duda de la no aplicación del principio bajo análisis, dado que una conducta puede tener su reproche desde el punto de vista civil, penal o  administrativo, no siendo óbice para que un letrado se le puedan aplicar los correctivos desde la órbita de la ley provincial Nº 5805, o lo que es lo mismo, puede tratarse de una conducta reprochable desde varios ángulos(Código Penal, Ley Orgánica del Poder Judicial), sin impedir la aplicación de la antes mencionada Ley Provincial. En síntesis, la conducta penal y administrativa no puede abortar "per se" la investigación disciplinaria.-

Comúnmente se investigan en Sede de este Tribunal de Disciplina conductas de los letrados del  Foro local donde alegan que ya han sido sancionados por intermedio de las facultades disciplinarias que les competen a los distintos Magistrados Judiciales, las cuales en algunos casos no se encuentran firmes por haber sido recurridas, pero la aplicación de sanciones incluidas a modo de ejemplo en la Ley Orgánica del Poder Judicial no empece a la imposición de sanciones disciplinarias, dado la diferencia de los intereses jurídicos protegidos por ambas normativas.-

Puede ocurrir que cuando de causas de tipo penal se tratan, declarada la prejudicialidad por identidad de supuestos de hechos bajo investigación en ambas sedes, y ante un sobreseimiento o absolución ante la Justicia del Crimen por inexistencia del hecho que se investiga, la denuncia deja de tener asidero legal y disciplinario pero existen casos donde pueda existir sobreseimiento del letrado imputado por otras causas, persistiendo un remanente en la conducta investigada que deja expedita la acción para la instrucción de causa disciplinaria y de acreditarse la conducta antiética imputada, la aplicación de sanciones previstas en el orden disciplinario.

MANUEL ALEJANDRO MURGA
VOCAL SALA SEXTA

Jurisprudencia

SENTENCIA NUMERO: 648

1- Y VISTA esta causa disciplinaria caratulada de la que surge que a fs. 1 obra oficio de la Sala VII de este Tribunal dirigido a la Presidencia de esta institución a los fines de poner en conocimiento la actuación profesional desarrollada por la DENUNCIADA y DENUNCIADO en la causa disciplinaria que se tramitó por ante esa Sala, previo examen de la documentación acompañada, escrito presentado con fecha 18 de Mayo de 1994 por los abogados DENUNCIADOS, se advierte que dichos letrados habrían incurrido prima facie en supuesta violación a las normas de ética previstas por la ley 5805, ordenando la instrucción del proceso disciplinario y el pase de las actuaciones a la Sala Primera.-

2- Que se ha promovido de oficio causa disciplinaria en contra de los DENUNCIADOS, por la concurrencia presunta de la infracción ética contemplada por el art. 21 inc. 15 de la ley 5805, ello, con motivo del escrito presentado por los letrados DENUNCIADOS en la causa, radicada por ante la Sala Séptima de este Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba.-

3- Que del contenido del escrito referenciado, cuya copia ha sido incorporada a fs. 2/4 de autos, cuyos términos no han sido objeto de aclaración, rectificación o retractación en esta causa, resulta con evidencia que los DENUNCIADOS excedieron las necesidades de su propia defensa en la causa disciplinaria de origen, formulando juicios ofensivos a la dignidad de los miembros de la Sala del Tribunal que tuvo a su cargo el juzgamiento. Juicios y términos que, por generalizados, indiscriminados, constituyen violencia impropia o vejación inútil a la totalidad de los miembros de este Tribunal. Basta leer el susodicho libelo para caer en esa cuenta. Así, los letrados encausados expresan: " ... Lo que sucede Sres. miembros, que Uds. con esa actitud y en base a un procedimiento irregular, que lleva a la ilicitud para la obtención de la prueba, estando disponiendo ilegítimamente y arbitrariamente de los fondos que nosotros pagamos y que consideramos que están dilapidando el patrimonio del Colegio de Abogados del cual somos socios" (sic). " ... Reitero el funcionamiento de la Sala se hace con nuestros aportes yo no creo que el Sr. Presidente y los Vocales mantengan con su propio peculio el funcionamiento del Tribunal de Disciplina ... "(sic). Y más abajo: " ... Que podemos criticar a nuestros magistrados, cuando en el propio Tribunal de Disciplina, se viola sistemáticamente el procedimiento, para conseguir una prueba, que estoy seguro que nos favorecerá, pero que no se puede admitir así, porque a alguien se le antoje hacer derecho, como un lecho de Próculo, conforme a sus gustos y circunstancias" (sic) " ... le causa también perjuicio al patrimonio del Colegio Público de Abogados y lo desprestigia ..." (sic).-

4- Tales manifestaciones configuran sin lugar a la menor duda el tipo ético reprochado por el inc. 15 del art. 21 de la ley 5805, mereciendo por ende la correspondiente sanción disciplinaria. Que a tales efectos, se considera justo y adecuado sancionar a los letrados referenciados con apercibimiento público.-

5- Que debe quedarle claro a los letrados encausados que el Tribunal de Disciplina - entidad independiente, autónoma y diversa del Colegio de Abogados de Córdoba y de todos los colegios de Abogados existentes en la Provincia - ejerce por expresa disposición legal el poder disciplinario sobre todos los abogados inscriptos en la Provincia de Córdoba en procura del respeto a la ética y el decoro en el ejercicio profesional (art. 50 ley 5805). Que en uso regular de tales atribuciones y teniendo en consideración la trascendencia del bien jurídicamente protegido, el tribunal se encuentra dotado de un poder autónomo de investigación, que le permite coleccionar "per se" las pruebas que estime conducentes a los fines de la averiguación de los hechos que debe juzgar (art. 82, 2º párrafo de la ley 5805). Ello así, correlativo, además, con el impulso de oficio que informa el procedimiento disciplinario (art. id, ley id.).-

6- Por lo expuesto y las normas legales citadas SE RESUELVE: - Aplicar a los DENUNCIADOS la sanción de apercibimiento público por infracción al inc. 15 del art. 21 de la ley 5805.-

SALA primera. DRES. CARLOS F. ARRIGONI, PTE MARIA DEL HUERTO TORRES, VCPTE GUILLERMO HORACIO CAPDEVILA, VOCAL.- AÑO 1995.-

SENTENCIA NUMERO: 691

1- Y VISTA esta causa, iniciada por comunicación de la Sala Penal del T.S.J. de Córdoba, la que en oportunidad de resolver la causa: "C.A.D. P.S.A. R C - RECURSO DE REVISION", dispuso por mayoría remitir copia de tal resolución al Tribunal de Disciplina de Abogados en consideración a la conducta asumida por el DENUNCIADO al presentar un recurso de revisión reputado por el Tribunal actuante como improcedente al no contener ni aún mínimamente los recaudos exigidos para tal remedio procesal. Se cita además el antecedente que el mismo letrado en la misma causa intentó un recurso similar rechazado también por resultar inoficioso.-

2- Del análisis pormenorizado de este caso, surge con claridad que el abogado DENUNCIADO interpuso un recurso de revisión por la causal del art. 511 inc. 4 del C. de P.P. (norma que exige la alegación y prueba de hechos nuevos sobrevenidos a posteriori de la sentencia) sin acreditar el extremo legal requerido, tal como lo afirma el Tribunal actuante y como lo admite el propio encartado en su descargo. Sin embargo tal circunstancia por si sola no tipifica la conducta del DENUNCIADO en las previsiones del inc. 9 del art. 21 de la ley 5805, ya que la conducta tipificada por la norma consiste en una acción de entorpecimiento del trámite normal del proceso con pedidos o incidencias notoriamente improcedentes. El recurso de revisión, por tener el carácter de extraordinario, se tramita luego de dictarse la sentencia definitiva, por lo que mal puede pensarse en el entorpecimiento del proceso, cuando éste hubo ya concluido. No existe, por tanto dilación o incidencia inoficiosa que pueda ser reprochada en esta instancia.-

3- Esta Sala debe poner de relieve que la potestad disciplinaria del Tribunal que integra no le posibilita juzgar la aptitud e idoneidad de los letrados para el ejercicio profesional, por lo cual no puede ni debe en el presente caso pronunciarse sobre los contenidos técnico-jurídicos del escrito presentado por el abogado DENUNCIADO ante el Tribunal Superior de Justicia. Por todo ello SE RESUELVE: Desestimar la denuncia en contra del letrado DENUNCIADO.-

SALA CUARTA. DRES. MARCELO FERRER VERA, PTE EMMA LOZA DE DRACICH, VCPTE EDUARDO ALFREDO ROSENDE, VOCAL.- AÑO 1995.

SENTENCIA NUMERO: 615

1- Y VISTA esta causa de los que resulta: 1) Que a fs.15 el presidente del Tribunal de Disciplina procede a levantar Acta Cabeza de Proceso Disciplinario en virtud de la comunicación cursada por el Tribunal Superior de Justicia de fecha 10-3-95, a la que se adjunta copia certificada del escrito presentado por los letrados DENUNCIADOS en autos caratulados: "D. C. O. P.S.A. DEF.CALIF. - CASACION" y del auto interlocutorio dictado en su consecuencia por el Superior Tribunal de Justicia mediante el cual se aplica apercibimiento a ambos abogados encuadrando prima facie la conducta profesional de los letrados nombrados en el inc.15 del art.21 de la ley 5805, por lo que se dispone instruir proceso disciplinario en su contra.-

2- Que a fs.26 se ordena la formación de un nuevo expediente a los fines de resolver la denuncia en contra de uno de los letrados DENUNCIADOS, debiendo resolverse en éstos actuados exclusivamente la denuncia en contra del restante abogado.- Que citado el nombrado de comparendo lo hace efectivo a fs.24/25, manifestando que no ha existido en su espíritu el ánimo de injuriar, y que el exceso en el ejercicio de un derecho solo configura un abuso, que ya fue sancionado con el apercibimiento aplicado por el más alto Tribunal de la Provincia.

3- Que se atribuye al abogado DENUNCIADO la infracción prevista en el inc.15 del art.21 y art.50 de la ley 5805 concretamente excederse en las necesidades de la defensa formulando juicios ó términos ofensivos que importan violencia impropia ó vejación inútil a los magistrados, corresponde analizar en primer término el tenor del escrito de autos, y del cual advertimos que el libelo ataca la sentencia Nº 35 de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero, calificándola de "suma de palabras sin sentido", "oráculo", atribuyéndole la intención de "llenar carillas con cualquier cosa, que darse a entender de sus razones". Se expresa también respecto de los fundamentos del fallo como de "una sarta de expresiones huecas", imputando al Tribunal falsear el contenido de una declaración "para satisfacer su necesidad de justificación" y "afirmar definitivamente su arbitrariedad"

4- Que de la simple lectura de las expresiones citadas precedentemente, así como del contexto general del escrito de que se trata, surge sin lugar a dudas la actitud agraviante y desconsiderada -cuando no burlona- asumida por el letrado DENUNCIADO al interponer el recurso de casación.- 5- Es jurisprudencia sistemáticamente sostenida por ésta Sala Cuarta, que la fundamentación de los fallos podrá ó no ser compartida por los letrados, pero debe ser atacada mediante una crítica razonada del razonamiento utilizado por el Tribunal y no agraviando y desvalorizando el pronunciamiento, siempre dentro de los límites del respeto, el decoro y la colaboración con la justicia impuestos obligatoriamente por la ley 5805 y que tornan aplicable en el sub-exámine, la sanción impuesta por el art.72 inc.1 de la misma normativa legal.-

6- Además, cabe destacar que ella es aplicable independientemente de la sanción impuesta por el más Alto Tribunal de la Provincia dentro de las facultades disciplinarias que le acuerda la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto resulta del plenario N? 49 del Tribunal de Disciplina que el principio "non bis in ídem" debe aplicarse de acuerdo a las modalidades de cada caso concreto, y en atención al bien jurídico tutelado. 7) En el sub-lite, surge sin lugar a dudas que la actitud del abogado DENUNCIADO se encuadra dentro de la previsión disciplinaria contemplada por el inc.15 del art.21 de la Ley 5805, trascendiendo los límites del proceso, por lo que su inconducta debe ser sancionada, de conformidad al plenario citado y cuya aplicación es obligatoria, correspondiendo sancionarlo a tenor de las normas de ética vulneradas a que hemos hecho referencia, lo que así decidimos.- Por todo ello y las constancias de esta causa, SE RESUELVE: Sancionar al abogado DENUNCIADO aplicándole apercibimiento público.-

SALA CUARTA: DRES. MARCELO FERRER VERA, PTE EMMA LOZA DE DRACICH, VCPTE OSCAR J. VALTIER, VOCAL. AÑO 1995.

SENTENCIA NUMERO: 838


1) Y VISTA: esta causa de la que resulta que la DENUNCIANTE se presenta ante el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Córdoba, poniendo en conocimiento la falta ética cometida por el DENUNCIADO en oportunidad de contestar agravios, ante la Cámara Civil. Agrega la DENUNCIANTE que el DENUNCIADO, en su escrito formula términos ofensivos en su contra, agraviándola injustificadamente ( fs.3/4). Que cumplido el trámite previsto en la ley 5805, no se llega a resultado alguno, razón por la cual, se remiten las actuaciones a este Tribunal de Disciplina ( fs.36/37), el cual admite y abre causa en contra del DENUNCIADO, en virtud de surgir prima facie, violación a las normas de  ética profesional, previstas por el art. 21 inc. 15 y art. 50 de la ley 5805.-

2) Corrido traslado al letrado DENUNCIADO, comparece a fs. 46 y manifiesta que a partir del mes de enero mudó su Estudio Jurídico, y denuncia nuevo domicilio.-

3) Que atento lo expuesto se procedió a notificar nuevamente al letrado DENUNCIADO el decreto original y por ende a correr traslado para que produzca su defensa y ofrezca prueba en descargo.- Que vencido el plazo, para contestar el traslado y ofrecer prueba, el abogado DENUNCIADO no lo hace, dando por decaído el derecho dejado de usar

4) Que en el presente caso, se trata de establecer, si las expresiones formuladas por el DENUNCIADO deben encuadrarse en lo dispuesto por los arts. 21 inc. 15 y art. 50 de la ley 5805. Para ello, contamos con la documental obrante en copia a fs. 5 a 14 y la sentencia autenticada de fs. 53 a 60. De estos precedentes surge con total claridad, que el DENUNCIADO se ha excedido en las necesidades de la defensa, además de constituir una falta, que afecta el decoro de la profesión de abogados.

5) Para llegar a esta conclusión, basta con observar entre otros términos y expresiones cuando manifiesta:" No es indispensable que analice los términos de cada uno de los recibos, pero sí es menester destacar la IMPRUDENCIA Y TEMERIDAD con que se maneja en su oficio de abogada, cuando exhibe su deshonestidad al afirmar que los recibos formularios "C", los ha otorgado UNICAMENTE POR HONORARIOS y no por capital e Intereses.". Luego llega a afirmar:" Es tal el desorden mental que padece esta mujer..." etc.

6) A mayor abundamiento la Excma. Cámara al dictar sentencia en los citados autos, en el apartado 8) de los considerandos dijo:"  El escrito de contestación y expresión de agravios del co-demandado, reviste contenido innecesariamente injurioso, y constituye un exceso reprochable en el ejercicio del derecho de defensa, con ausencia total de estilo, al contener expresiones tales como que la profesional del adversario "miente", que " exhibir su deshonestidad" o al aludir al " desorden mental que padece esta mujer". Por ende, el letrado que lo suscribe debe ser apercibido muy severamente y pasar los antecedentes al Tribunal disciplinario que vela por la ética profesional a sus efectos.-

7) Por otra parte, también debe tenerse en cuenta, que las expresiones agraviantes, están en pugna con lo establecido con el art. 17 de la ley 5805 que establece que el abogado esta equiparado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. Por lo todo ello, disposiciones legales citadas esta Sala Tercera: RESUELVE: 1º) Aplicar la sanción de apercibimiento público por infracción al art. 21 inc.15 y art. 50 de la ley 5805.

SALA TERCERA. DRES. JULIO CESAR MARQUEZ, PTE IVAN MALDONADO, VCPTE RUBEN FRAIRE, VOCAL. AÑO. 1997

SENTENCIA NUMERO: 670

1- Y VISTA esta causa disciplinaria que a fs. 2 luce el informe del Sr. Secretario del Juzgado de Conciliación dando cuenta de la destrucción de los autos caratulados "C C P. C/ G M - DDA" y la sustracción de la demanda y poder apud-acta obrante el mismo. Que a fs. 3 se labra Acta Cabeza de Proceso por supuesta violación de la norma ética del inc. 15 del art. 21 y art. 50 de la Ley 5805 en contra del abogado DENUNCIADO.

2- A continuación los Sres. Vocales proceden a fundar sus votos en el siguiente orden: En primer lugar el Sr. Presidente Dr. Roberto Julio Jordan, en segundo lugar el Sr. Vice Presidente Dr. Mario Francisco Robledo y en tercer lugar la Dra. Rosa Ines Montaldo de Del Vado, Vocal. Voto del Sr. Presidente:

3- Que a pesar de que se menciona "sustracción" o "destrucción" de la carátula, certificado y decreto de inadmisibilidad, demanda y poder apud acta, estimó que solo debe considerarse los mismo como papeles judiciales, no estrictamente instrumentos públicos, por la razón de que la demanda había sido declarada inadmisible por carecer de un requisito esencial para su existencia jurídica como lo es la firma del cliente.

4- Que en esta causa, se tiene por acreditado que el ABOGADO socio del DENUNCIADO, realizo un trámite común, el de la reserva de una carátula que requiere la conformidad del Tribunal ya que se trata evidentemente de una presentación irregular. Que ante la comprobación posterior de que - por alguna razón- el Juzgado había procedido a declarar inadmisible la demanda ante la carencia de firma del cliente, el DENUNCIADO reaccionó en la forma que dan cuenta los testimonios rendidos en autos.

5- Entiendo que la reacción fue injustificada y agraviante para el Tribunal y los funcionarios del mismo, toda vez que el letrado, en medio del nerviosismo que se apoderara del mismo, desciende al improperio y a la grosería. Que para los hombres de derecho pesa la obligación de conservar el decoro de la profesión como así también evitar las actitudes que tiendan al descrédito de las instituciones del Estado y a la misma profesión. No es justificable el accionar del DENUNCIADO aunque puedo entender que en ocasiones es muy difícil conservar la calma.

6- Voto del Sr. Vice Presidente: Que tal como se presenta la causa en la comunicación, cuyas imputaciones han sido transcriptas en los resultados, se atribuiría al DENUNCIADO la grave comisión de la destrucción de un documento público, mas allá de los improperios y agravios verbales que pudiera haber vertido.-  Sin embargo, la prueba colectada tiende a diluir esta primera conclusión. Que el socio del DENUNCIADO concurrió el viernes 30 de Junio al Juzgado de marras e hizo un trato que es común en el foro: reservaba una carátula para completar el juicio el lunes 2 de Julio con la firma del cliente y del abogado que en realidad llevaría el juicio. Pero el Tribunal, haciendo gala de un formalismo inexorable se toma el trabajo de decretar la inadmisibilidad de la demanda, en lugar de desviar hacia el casillero el juicio para ser armado y firmado como correspondía. A primera vista parece que la diligencia del Juzgado de Conciliación es elogiable, pero  en segunda lectura la decisión es criticable. Obtuvo la administración de justicia algún beneficio con el celo del Juzgado? Se compadece esta actitud formalista del Juzgado con la realidad que muestran los Tribunales? Tienen derecho los Juzgados de Conciliación de mostrarse estrictos con las presentaciones y no admitir completamientos posteriores, cuando en realidad exhiben una morosidad pasmosa que espanta a letrados y justiciables. Estoy hablando de la Justicia del Trabajo, aquella que se nutre de uno de los principios fundamentales del derecho que es la celeridad en la solución de las causas. Nadie vinculado a la Justicia ignora que el Fuero Laboral padece una lentitud que obliga a los trabajadores a mal arreglar sus conflictos ante que aguardar un fallo reparador. En ese contexto, no se puede entender este exceso de celo de parte de un Tribunal que se pone en el trabajo de decretar un expediente incompleto en lugar de darle unas horas más al letrado que lo promovió para acompañar a su cliente a firmar la demanda en la que está, seguramente, más interesado que el propio Tribunal.

7- La anterior reflexión a cuento para explicar la reacción del DENUNCIADO, que tenemos por cierta pese a su negativa técnica, habida cuenta del concordante testimonio de quienes fueron testigos presenciales. Este letrado, que no tiene antecedentes alguno por inconducta como muestran los informes del Colegio de Abogados de Córdoba, ha descendido al improperio y el nerviosismo por una causa que este miembro de sala encuentra justificable. La abogacía se ha convertido en una profesión dura, con muchas gratificaciones para quienes hemos abrazado esa vocación, pero también con muchos sinsabores producto de la insensibilidad de ciertos Tribunales y el descredito profesional en la Sociedad.

8- Que, aún comprendiendo la reacción del colega ante la actitud del Tribunal que no trepidó en endilgarle (vease comunicación de fs. 02) "destrucción o Sustracción". no podemos amparar el exabrupto ni la grosería, en ninguna circunstancia. La justificación de la actitud del matriculado no alcanza para borrar su falta de decoro en su conducta pública. Debió pensar el colega que con sus términos  dañaba una imagen que los abogados nos empeñamos en preservar. Lo cortes no quita lo valiente, ni la afabilidad en el trato impiden la firmeza en las convicciones. Pudo el DENUNCIADO protestar con vehemencia por el despropósito Judicial- que tutela la forma de las cosas y se atrasa escandalosamente con las causas y hubiera encontrado respaldo en esta Sala. Pero lo que no se permite es la imagen desdorosa y este Tribunal que más que represivo es tuitivo de la conducta de los letrados, no puede ignorarla.

9-Voto de la Dra. Vocal, que se adhiere a los fundamentos del Sr. Presidente.

10-  Por unanimidad, se dispone apercibir en forma privada al DENUNCIADO por considerarlo incurso en la falta de ética referida en el art. 21 inc. 15 y art. 50 de la Ley 5805.

SALA SEXTA. DRES. Roberto Julio Jordan, Pte Mario Francisco Robledo Vcpte Rosa Ines Montaldo de Del Vado, Vocal. Año 1995

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 422

1. Y VISTA esta causa disciplinaria en la que el DENUNCIANTE comparece formulando denuncia en contra del abogado DENUNCIADO, por entender que el referido letrado habría incurrido en las faltas que prescriben los arts. 19 inc. 7 y 21 inc. 15 de la ley 5805. Relata el DENUNCIANTE que en los autos tramitados por  ante el Juzgado de Primera Instancia C. y C. de esta ciudad, en donde se persigue del demandado una suma de dinero en concepto de daños y perjuicios, en alguna etapa procesal, el accionado, que es representado y defendido por el DENUNCIADO, en la oportunidad de recusar al Juez de la causa y contestar la demanda, -se transcriben los dichos del DENUNCIANTE- "... sin necesidad alguna y utilizando argumentos que nada tiene que ver con la defensa de los daños y perjuicios demandados, me incluye en su escrito manifestando textualmente- ... que el actor precisaba dinero con urgencia para sostener la enfermedad de su amigo, (DENUNCIANTE), que esta sidotico...", si tal manifestación le fue confiada o dicha por su cliente, el abogado DENUNCIADO debió guardar las mínimas normas del secreto profesional que ampara el Inc. 7 del art. 19 de la ley 5805. Por otro lado, -continua el denunciante- como mi supuesta enfermedad no hace a la causa de los daños y perjuicios de la cual no soy parte, estimo, que además de haber violado las normas del secreto profesional, ha incurrido en exceso de la defensa, importando ello un vejación inútil, que sólo refleja una conducta discriminatoria, lesiva, ofensiva e innecesaria y no esperable de un profesional del derecho, soporte o nó el compareciente, la enfermedad a que hace referencia el DENUNCIADO.-

2. Que el DENUNCIANTE peticiona se sancione al letrado por infracción a los arts. 21 inc. 15 y  19 inc. 7 de la ley 5805, correspondiendo por una cuestión de método hacer un análisis diferenciado según las supuestas conductas antiéticas denunciadas.-

3. Que así planteado el problema a dilucidar por la Sala y entrando en el análisis de la infracción al art. 21 inc. 15, se observa que las conductas contempladas por dicho inciso a los fines de una tipificación, son: a) El excederse en las necesidades de la defensa formulando juicios o términos ofensivos a la dignidad del colega adversario... b) ... o que importen violencia impropia o vejación inútil a la parte contraria... y c) ... o a los magistrados.  De los dichos del propio denunciante surge, lo que releva a la Sala de otro tipo de prueba, que el mismo no es parte en los autos donde fuera presentado el escrito por el DENUNCIADO por lo que la conducta denunciada no encuadra en los supuestos analizados en el considerando precedente, al no ser el mismo ni colega adversario, ni parte contraria, ni magistrado.- Que además, el hecho de haber manifestado en la causa judicial, el DENUNCIADO, una situación determinada de un extraño a ese proceso "... para sostener la situación de enfermedad de su amigo, que esta sidotico..." no encuadra, a criterio de esta Sala, dentro de lo considerado como un exceso en la defensa ni implica la utilización de términos injuriantes, ofensivos, discriminatorios o agraviantes.-

4. Que respecto de la infracción al art. 19 inc. 7, el secreto profesional sólo se le debe al cliente o a aquel que dentro de en una relación comitente-profesional, revela al letrado un determinado hecho, suceso, evento o "secreto", respecto de si o de terceros allegados al cliente, "secreto" éste, que debe haber sido revelado no sólo dentro de la relación expresada sino como principal motivo de esta y que en el caso de hacerlo público el profesional, sin justa causa, se causaría un daño a aquellos.

5. En el caso de autos para con quién el DENUNCIADO tiene el deber de guardar "secreto" en razón de los hechos conocidos por el ejercicio de su profesión es para con su mandante o comitente y no para el DENUNCIANTE ni para la contraparte.-  Por todo lo expuesto SE RESUELVE. Desestimar la denuncia en contra del DENUNCIADO y en consecuencia archivar las presentes actuaciones.

SALA SEGUNDA: DRES. HORACIO CASTELLANOS, PTE JULIO MANUEL ESCARGUEL, VCPTE, JULIO DEHEZA, VOCAL.- AÑO 1996.-

SENTENCIA NUMERO: 681.

1- Y VISTA esta causa de la que surge que a fs. 1 comparece el DENUNCIANTE formulando denuncia en contra de los letrados DENUNCIADOS, solicitando se apliquen las sanciones pertinentes, por la falta de ética profesional en que habrían incurrido los mismos, al impedirles a sus letrados, el libre ejercicio profesional en defensa de los intereses del DENUNCIANTE, en donde los asesores de la cooperativa -DENUNCIADOS- presionaron a la veedora de fomento y luego de un diálogo entre ellos echaron a los asesores del DENUNCIANTE aduciendo que la carta poder era totalmente ilegal y que se retiraran por que si no lo hacían serían sacados por la fuerza pública, que los abogados DENUNCIADOS asesores de la entidad ya mencionada manejaron la asamblea a gusto y placer de ellos. Que estos profesionales en ningún momento guardaron ética profesional para con nuestros abogados.-

2- Que de las constancias, tanto documentales como testimoniales, obrante en autos, surge que efectivamente se les impidió a los letrados del DENUNCIANTE y de otros socios el ingreso a la asamblea de socios de la Cooperativa"...". Adelantamos nuestro criterio, que la denuncia debe ser desechada, por cuanto, en realidad, según la misma, los agravios serían a los letrados del DENUNCIANTE, específicamente en el caso del inc. 15 del art. 21, ( siempre de la ley 5805), si bien el mismo señala "parte contraria". y ya se sabe que parte es, fundamentalmente, "el patrocinado, el poderdante, en definitiva el cliente", a quien también se le debe respeto, y no solamente " en la tramitación de un juicio", como ligeramente interpretan los DENUNCIADOS en su descargo, sino en toda actuación como abogados, sea en Tribunales sea en una Asamblea.

3- El abogado, en el ejercicio de la profesión, en asuntos judiciales o extrajudiciales, debe respetar al pie de la letra las normas de ética que regulan el EJERCICIO de nuestra profesión.- Retomando lo dicho supra, los que podrían haberse sentido agraviados por los DENUNCIADOS, serían los abogados del DENUNCIANTE, por lo tanto son estos los que debieron efectuar la denuncia y lo no hicieron, correspondiendo desestimar la denuncia.-

SALA SÉPTIMA. DRES. LUIS ALBERTO PAULIELLO PTE RICARDO GUILLERMO BORDCOCH VPTE Y DOMINGA BETTY CAFFARATTI VOCAL. AÑO 1995.-

SENTENCIA NUMERO:649

1-  Y VISTA esta causa disciplinaria en la que a fs. 1 a 23 vta. obra la comunicación cursada por la Junta Electoral de la Pcia. por la que se da noticia a este Tribunal de los apercibimientos impuestos a los letrados DENUNCIADOS, quienes actuaran en carácter de apoderados de un Partido político, en razón de los términos utilizados en escritos presentados en los autos  "C. A. - D.M.J. - RECURSO DE APELACION." "S.E. D.R.S. - RECURSO" y autos "L.Z. - P. J.- RECURSO DE APELACION".-

2- Que atento lo dispuesto por la ley electoral, la que prescribe que por ante la Justicia con competencia electoral se podrá actuar con patrocinio letrado, siendo privativo de los Tribunales de primera y segunda instancia exigir el patrocinio letrado cuando lo consideren necesario para la buena marcha del proceso.-

3- Que de los planteos interpuestos en los diversos escritos efectuados por los letrados DENUNCIADOS y que obran a fs. 2/4, 9/11, 16/19 de autos se advierte claramente que comparecen como apoderados de un partido político... e independientemente de sus calidades de abogados puesto que no actúan en ellos como tal.-

4- La  situación antes descripta determina la incompetencia de éste Tribunal para juzgar disciplinariamente los hechos que se ponen en conocimiento de esta Sala y así corresponde declararlo, siendo lo manifestado conteste con lo resuelto por Auto Interlocutorio dictado en la causa, "R... C.C.P. EL JUZGADO FEDERAL Nº 1", tramitada por ante la Sala Tercera de este Tribunal. Por ello SE RESUELVE: Declarar la incompetencia de este Tribunal para juzgar la actuación profesional de los letrados denuciados.-

SALA CUARTA . DRES. MARCELO FERRER VERA, PTE. EMMA LOZA F. DE DRACICH. VCPTE OSCAR J. VALTIER. VOCAL.- AÑO 1996

SENTENCIA NUMERO: 792

1- Y VISTA esta causa  en la cual a fs. 1 comparece la DENUNCIANTE y manifiesta que en los autos: " V.J.E. C/ M.A.C.-ORDINARIO- " el DENUNCIADO ha empleado términos lesivos hacia su persona en distintos escritos, como ser el de fs 31 vta."...pensión de privilegio....."  "... cuyo monto todos lo sabemos no es para nada despreciable", " no se trata de una pobre pensionada insolvente, estamos ante una incumplidora mendaz y mañosa que no trepida en utilizar cualquier medio, incluso el engaño permanente a S.S.......". Otro escrito " no es extraño que los deudores se resisten a pagar, no es curioso que los padres tramposos utilicen a sus hijos.....". Acompaña prueba documental, la que se agrega a fs. 2 a 16.-

2- En el presente caso, se trata de establecer si la conducta del DENUNCIADO puede ser encuadrada en el art. 21 inc. 15 y art. 50 de la ley 5805. La lectura de los escritos demuestran claramente que este usó términos  ofensivos y vejatorios a la parte contraria.- Los términos: " pensión de privilegio...." " cuyo monto todos lo sabemos no es para nada despreciable" " no se trata de una pobre pensionada insolvente, estamos ante una incumplidora mendaz y mañosa que no trepida en utilizar cualquier medio, incluso el engaño permanente a S.S........" y en especial cuando se dice:" no es extraño que los deudores se resistan a pagar, no es curioso que los padres tramposos utilicen a sus hijos......." importan un exceso en las necesidades de la defensa y una vejación inútil, razón por la cual, la conducta del DENUNCIADO debe ser encuadrada en lo dispuesto por el art. 21 inc. 15 y art. 50 del cuerpo legal citado.-

3- El DENUNCIADO al formular su defensa y ofrecer prueba, no llega a enervar la conclusión precedente de esta Sala. En efecto, su defensa radica en explicar los antecedentes del caso por la conducta asumida por la contraparte, y limitarse a sostener que los términos empleados y ya mencionados retro, no significan un exceso en la defensa o vejación inútil, a pesar de que lamenta y pide disculpas si alguna de las palabras" ha ofendido a alguien jamas ha sido esa mi intención". La defensa esgrimida por el DENUNCIADO no puede ser admitida. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que la expresión " tramposo" es sinónimo de " fullero", " sablista" o " estafador". La defensa del derecho, debe hacerse sin menoscabar a la contraria pues el abogado realiza un trascendental cometido, y no se pueden tolerar ofensas y actos que alteren o empañen el marco de dignidad y decoro de la vida profesional, por ello SE RESUELVE: Aplicar la sanción de apercibimiento público, por infracción al art. 21 inc. 15.-

SALA TERCERA: DRES. JULIO CESAR MARQUEZ, PTE IVAN MALDONADO, VCPTE RUBEN FRAIRE, VOCAL.- AÑO 1997.-

SENTENCIA NÚMERO: 822

1- Y VISTOS estos autos de los que se desprende que a fs. 82/83 comparece el DENUNCIANTE indicando que con fecha  abril de 1996 se presentó en los autos caratulados "B.J.A.  - Posesión  - Incidente de Regulación de Honorarios del DENUNCIANTE",  tramitados por ante el Juzgado Civil, de esta ciudad, quien dice ser la viuda de uno de los deudores de los honorarios ejecutados, con el patrocinio de la DENUNCIADA, planteando nuevamente un incidente de inembargabilidad que ya había sido resuelto en forma desfavorable a su pretensión, por resolución que se encontraba firme. Señala que la DENUNCIADA ha mantenido en su presentación el mismo domicilio que el anterior patrocinante de su cliente, esto es, el del DENUNCIADO.-  

2- Requeridos los informes sobre matrícula de los letrados DENUNCIADO  y  DENUNCIADA, resulta que el primero ha perdido su carácter de matriculado, por lo que la causa se continúa sólo respecto de la DENUNCIADA imputándosele la falta disciplinaria consistente en haber presentado pedidos o incidencias notoriamente improcedentes para entorpecer el trámite normal del juicio, art. 21 inc. 9 de la Ley 5805.

3-  Que la DENUNCIADA contesta el traslado que le fuera corrido negando todos los hechos que se le atribuyen.  Expone que cuando el DENUNCIADO, se jubila, ella continua con el patrocinio letrado de las causas pendientes, ésta inclusive. Afirma allí que luego de recibir en el Estudio del  DENUNCIADO  la visita de su cliente,  con la copia de un oficio de constatación previo a la subasta judicial de su hogar, único inmueble.  " ... De inmediato, por la breve consulta que se pudo hacer al expediente en barandilla,  se pidió la nulidad del remate atento a la cláusula constitucional del art. 58 de la Provincia de Córdoba y Ley reglamentaria Nº 8.607 en su art. 1 ".-

4- Que ingresando al análisis de la conducta desplegada por la Abogada DENUNCIADA, esta Sala interpreta que ha mediado de su parte una violación a la ética profesional al haber presentado un escrito notoriamente improcedente, con el objeto de entorpecer el trámite del juicio, al reiterar una incidencia que ya había sido planteada y resuelta.

5- Concretamente, consta de autos que -con el patrocinio del DENUNCIADO- se interpuso en el juicio civil citado supra, el incidente de levantamiento de embargo por aplicación del art. 58 de la Constitución Provincial y de la Ley 8067. El Tribunal por Auto Interlocutorio  de diciembre de 1995 resolvió la cuestión, rechazando con costas los incidentes planteados.

6- Consta también que la petición en igual sentido y con invocación de las mismas normas -entre otras- es reiterada, con el patrocinio de la DENUNCIADA, a lo que el Tribunal resuelve : "...estése a la resolución de fecha diciembre de 1995...", conforme surge de estos autos.

7- Que así planteadas las cosas, y habiendo reconocido la DENUNCIADA que trabajaba en el Estudio del DENUNCIADO y que continuó ella con la atención de las causas pendientes, resulta absolutamente injustificado y reprochable que reincidiera en plantear una cuestión que ya había sido resuelta, todo lo que constaba en el expediente y de lo que no pudo razonablemente haber dejado de tener noticia, no sólo por desempeñarse en el mismo estudio, sino  por haber consultado el expediente, aún fuere brevemente.-

8- Que, acreditado así el hecho, corresponde meritar la sanción que debe aplicarse a la denunciada. A tal efecto, se tiene en consideración la inexistencia de antecedentes disciplinarios en el legajo de la DENUNCIADA pero que su conducta ha provocado una demora injustificada en el desarrollo normal del proceso judicial.

9- Por todo ello y disposiciones legales citadas, SE RESUELVE: Aplicar a la DENUNCIADA  la sanción disciplinaria de APERCIBIMIENTO PUBLICO, por haber incurrido en la conducta prevista en el inciso 9) del art. 21 de la Ley 5805.

SALA CUARTA: DRES. MARCELO FERRER VERA, PTE  EMMA LOZA FERREYRA DE DRACICH, VCPTE OSCAR VALTIER, VOCAL. AÑO 1997.-

SENTENCIA NUMERO: 812.-

1- Y VISTA esta causa de la que surge que mientras el DENUNCIADO se encontraba matriculado en el Colegio de Abogados de Córdoba desde el 11 de agosto de 1988 y habilitado para el ejercicio profesional desde tal fecha, ingresa como empleado del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, el 1º de Noviembre de 1988, desempeñándose al momento de su cese con la categoría de Oficial Mayor de una Fiscalía.-

2- Que durante el período en el cual trabajaba como empleado de la Justicia Provincial, realizó diversas tareas profesionales en su carácter de Abogado, patrocinando a clientes en los Fueros, Civil, Penal y Laboral. En el Auto de Procesamiento y Prisión preventiva aparece detallada la conducta del letrado, quien, prestando servicios en la Justicia, no trepido en asesorar y representar a sus clientes ante una compañía de Seguros a los fines de lograr una indemnización.-

3- La resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia en el sumario labrado en contra del DENUNCIADO, (hoy firme) sancionó dejándolo cesante. Entre sus argumentos vale destacar "... Si pensáramos en la posibilidad del ejercicio de la abogacía, por parte de aquellos que se desempeñan en el ámbito del Poder  Judicial con las particularidades del caso que nos ocupa, es indudable que se afecta gravemente la imparcialidad que debe primar en este poder del Estado, pues el ciudadano sospecharía la primacía del interés particular por sobre el interés del servicio de justicia, lo cual, desde ningún concepto en esta órbita se debe permitir ... También corresponde advertir que las imputaciones penales de que ha sido objeto en sede jurisdiccional, en el caso bajo examen, no impide a este Tribunal Superior de Justicia proseguir y concluir las presentes actuaciones sumariales-.-

4- El concepto final del punto anterior, traído a consideración, resulta de aplicación al caso, pues como lo tiene dicho esta Sala, no puede quedar lugar a dudas sobre la no aplicación del principio "non bis in idem" en el ámbito disciplinario. Se estableció perfectamente en el Plenario Nº Acta 49 de este Tribunal que una misma conducta puede ser analizada desde varios ángulos de reproche, es decir a través de las normas del Derecho Penal, Administrativo o Disciplinario por tanto una sanción dictada en aquellas dos primeras sedes no puede abortar "per se" la investigación disciplinaria.-

5- Así, resulta trascendental para el ejercicio de la abogacía no solo el respeto incondicionado a la Ley y más allá la fidelidad a la verdad, por ello adquiere gravedad la falta cometida por el abogado que no puede amenguarse ni con el justificativo de una causa valedera, o un supuesto desconocimiento de las normas de aplicación. En suma, se requiere del abogado el actuar con probidad, y buena fe, respetando y haciendo respetar la Ley..."Y por tanto es requerible al abogado una conducta recta en arras del cabal cumplimiento de su función social-.-

6- En un caso que guarda rasgos similares el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de La Plata, en fallo confirmado por el Cons. Sup con fecha 26-06-81... dejó establecido que "... la Ley pone en la conciencia del letrado, como un presupuesto más que hace a la filosofía del propio gobierno de los pares, declarar si esta afectado o no por inhabilidad o incompatibilidad alguna. Y esto, fuera de que como deber importa, es además una obligación ex-lege, obviamente ineludible. Por ello  se resuelve aplicar seis meses de suspensión en el ejercicio profesional.-

SALA SEXTA. DRES. EDUARDO ALFREDO ROSENDE PTE, INES MONTALDO DE DEL VADO VPTE Y JORGE ANTONIO MARTÍN VOCAL. AÑO 1997.-

SENTENCIA NUMERO: 809

1- Y VISTA esta causa disciplinaria en la que comparece la DENUNCIANTE y manifiesta que se desempeña en el cargo de PROCURADORA DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA, que por sorteo efectuado en el Departamento Procuración, le fueron adjudicados diversos asuntos para gestión judicial en jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Laboulaye, los que enumera y que fueron debidamente iniciados, obteniendo sentencia condenatoria.- Expresa que " con fecha 18 de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, el DENUNCIADO Procurador del Ministerio de Trabajo compareció SIN AUTORIZACION ALGUNA en todos y cada uno de los juicios mencionados, SOLICITANDO PARTICIPACION Y CONSTITUYENDO DOMICILIO a los efectos legales. Que en resumen, presumiendo que en la denuncia que formula se habría cometido la comisión de una falta de ética por parte del abogado DENUNCIADO, al haber asumido la sustitución de un patrocinio letrado, sin haber informado en forma previa al titular que produciría su reemplazo y/o haber recibido instrucciones de proceder a sustituir al letrado. A fs. 221 se avoca esta Sala, admitiéndose y abriéndose causa disciplinaria en contra del DENUNCIADO, por supuesta violación al art. 21 inc. 3º ley 5805.-

2- Entiende esta Sala que está plenamente acreditado que tanto la DENUNCIANTE, como la DENUNCIADA se desempeñan como Procuradores del Ministerio de Trabajo de la Provincia y que su actividad esta reglamentada por ese Ministerio.- Queda reconocida así, la relación de agentes de la administración pública, como apoderados, razón por la cual le son aplicables los deberes y los principios o caracteres jurídicos de la relación de empleo público. Como expresa DROMI " Bajo la denominación de empleo público, empleado público, agente administrativo, agente estatal o función pública, quedan comprendidas las distintas formas jurídicas que reviste el trabajo, o servicio y en algunos casos, la prestación del sujeto particular en la organización administrativo central o descentralizada y en cada órgano ejecutivo, legislativo o judicial, con las excepciones o exclusiones que determinan los estatutos o normas pertinentes" ( Conf. " Manuel de Derecho Administrativo". T.1 Pág. 332 y sgtes.).-

3- Esta conclusión resulta terminante, si se tiene en cuenta la reglamentación de las normas y procedimientos del Departamento Procuración dependiente del Ministerio de Trabajo obrante a fs. 6/20.- Por lo tanto a los procuradores del Ministerio de Trabajo de la Provincia, le son aplicable, entre otros, los principios de " relación jerárquica" que significa la vigencia del "poder jerárquico" por el cual el superior imparte ordenes o instrucciones y por el "deber de obediencia" del inferior, es una consecuencia del "poder jerárquico", que importa cumplir con las ordenes de aquel, ya sean generales o individuales ( Conf. Ildarraz y Zarza Mensaque en " Curso de Derecho Constitucional y Administrativo". Pág. 336 y sgtes).-

4- En el presente caso se encuentra acreditado, que la intervención del DENUNCIADO en los juicios iniciados por la DENUNCIADA ante los Tribunales de Laboulaye que se mencionan en la denuncia, tienen como fundamento instrucciones dadas en tal sentido por el Departamento Procuración del Ministerio de Trabajo ( ver carta documento de fs. 3, nota de fs. 212 firmada por el Jefe del Departamento Procuración y dirigida al DENUNCIADO para que se haga cargo de dichos juicios, y las testimoniales del ex Ministro de Trabajo, del ex Sub-Secretario del Trabajo).-

5- Por lo tanto, al estar acreditado que el DENUNCIADO, recibió instrucciones de tomar intervención en tales litigios, y al cumplimentar esa orden, obviamente no incurrió en violación al deber ético previsto en el art. 21 inciso 3º de la ley 5805, pues su relación con el estado, le obligaba a observar el "deber de obediencia" mencionado, así lo declaramos. Por todo ello, disposiciones legales mencionadas SE RESUELVE: Desestimar la presente denuncia formulada.-

SALA TERCERA: JULIO CESAR MARQUEZ, PTE IVAN MALDONADO, VCPTE RUBEN FRAIRE, VOCAL. AÑO 1997.-

SENTENCIA NUMERO: 812.-

1- Y VISTA esta causa de la que surge que se ha dictado resolución en sede jurisdiccional (sede penal), por fallo que establece el sobreseimiento total del imputado  por aplicación del art. 350 inc. 1º primer supuesto del C.P.P. es decir por la inexistencia del hecho asignado como delito en el sumario penal.

2- Que este Tribunal se encuentra acotado en el decisorio firme de sede penal que declara la inexistencia del hecho investigado, atento la prejudicialidad establecida.

3- Esta Sala tiene dicho, en ocasión de pronunciarse sobre el planteo del"NOM BIS IN IDEM-, que la conducta del abogado puede apreciarse desde varios ángulos de reproche, ya se la analice a través de la norma penal, administrativa judicial, moral - religiosa o ética. Por ello, aquel acto que puede ser una inconducta administrativa o un delito penalmente perseguible, no debe considerarse per se una falta ética y viceversa. Ese dispar juego normativo obliga al Juzgador, en este caso el Tribunal de ética, a evaluar detenidamente los hechos objeto de la reconvención, sin embargo en el presente caso, declarada la prejudicialidad por identidad de supuesto y ante la inexistencia del hecho que se investigaba, la denuncia deja de tener asidero legal y disciplinario debiéndose desincriminarse al letrado, por ello se debe absolver al DENUNCIADO.-

SALA SEXTA. DRES. JORGE ANTONIO MARTIN, VOCAL, INES MONTALDO DE DEL VADO, VCPTE, GRACIELA FERREYRA SOAJE, VOCAL. AÑO 1997.-  

SENTENCIA NUMERO: 832.-

1- Y VISTA esta causa disciplinaria en la que a fs. 1/2 comparece el DENUNCIANTE y formula denuncia en contra de los DENUNCIADOS, la que se concreta en el hecho de que con motivo de haber sufrido un accidente de transito en el año 1995 fue derivado a un Hospital  para que se le practicaran las curaciones del caso y si bien no fue internado debió concurrir en numerosas oportunidades hasta que en el mes de agosto del mismo año le fue otorgada el alta médica la que se materializa en la oficina de Asuntos Legales de dicho nosocomio a cargo del DENUNCIADO A, el que le recomienda los servicios de un abogado para que le gestionara el cobro de los daños y perjuicios. Así las cosas el DENUNCIADO A le hace entrega de una tarjeta en la que se encuentran consignados su nombre y el del DENUNCIADO B y el domicilio de atención, lugar al que concurre y el último de los nombrados -DENUNCIADO B- le solicita la entrega de la documentación necesaria que obraba en su poder bonos de contribución del Hospital, recetas de medicamentos, factura de farmacia, dos presupuestos para la reparación de la motocicleta y número del acta policial de la seccional de policía. Citado por el DENUNCIADO B, para suscribir la demanda porque no había posibilidad de arreglo, juntamente con la demanda se le presentó un pacto de cuota litis por el veinticinco por ciento de la suma que se pudiera cobrar como resultas del juicio, a favor de este DENUNCIADO y de otro abogado cuyo nombre no recuerda y además un documento por el cual el DENUNCIANTE reconocía honorarios al DENUNCIADO A, por supuesta atención médica en una clínica privada, por tratamiento kinesiológico. Que luego de leer la documentación y ante lo extraño que le resultaba este documento y el pacto de cuota litis, solicitó fotocopias, negándose a ello el DENUNCIADO B, razón por la cual se ve obligado a remitirle carta documento de fecha 11 de octubre de 1995 para la restitución de la aludida documentación.-

2- A fs. 3/5 se encuentra agregada la prueba documental aportada donde consta la tarjeta profesional de los DENUNCIADOS, constancia de alta médica del DENUNCIANTE expedida por el hospital y las cartas documentos cursadas entre DENUNCIANTE y uno de los DENUNCIADOS, la que ha sido reconocida.-

3- Dadas las características del asunto es evidente que debemos tratar por separado las conductas de cada uno de los letrados imputados, comenzando en primer lugar por el DENUNCIADO A. Al respecto en su descargo reconoce haber recomendado al DENUNCIADO B motivado en la insistencia del DENUNCIANTE que le solicitó, dado su condición de abogado que le tomara el asunto y frente a la negativa lo derivó al restante imputado. En primer lugar resulta extraño que el DENUNCIANTE "recurriera en diversidad de oportunidades, procurando mi atención ya como médico, ya como psiquiatra, ya como directivo del Hospital y también pretendió que lo hiciera como abogado según expliqué" y de ser cierta tal aseveración no se justifica que derivara el asunto a otro colega, con el agravante de que lo hace con una tarjeta donde figura su propio nombre.-

4- Es cierto que en el descargo el DENUNCIADO A ha explicitado que no llegó a concretar la sociedad profesional con el DENUNCIADO B, pero estamos ante una presunción de tal gravedad que la misma se traduce en certeza moral porque se tratan de indicios serios, independientes, concordantes y convergentes que llevan a la convicción de que en la especie ha existido violación al deber ético que penaliza procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional, sancionada en el art. 21, inc. 7º, acápite b) y falta de decoro en su actuar, regulado en el art. 50 de la ley 5805. La circunstancia de que el DENUNCIADO A ejerciera el cargo de Jefe de medicina legal en el Hospital, lugar al que normalmente llegan la gran mayoría de los accidentados por colisiones de automotor lo obliga en mayor extremo a evitar la más mínima sospecha en orden a la derivación de asuntos a terceros colegas y como en el caso de autos mediante tarjeta con su propio nombre y apellido.-

5- Con respecto a la conducta del DENUNCIADO B si bien desconoce y rechaza haber recibido documentación alguna por parte de su cliente para la iniciación de la demanda y por el contrario, alega en su defensa que toda la información fué obtenida por él mismo, tal justificación no puede ser aceptada como cierta, pues se trataba de la iniciación de una demanda ordinaria y es de perogrullo que si es verdad como él mismo lo reconoce que ya tenía redactada la demanda cuando discute con su cliente, ello era imposible sin la aportación por parte de aquel de la documental necesaria para acreditar los gastos de farmacia, presupuesto de reparación del vehículo etc. ya que se tratan de antecedentes imprescindibles para la promoción del juicio y menos se compadece el descargo con el que justifica la ruptura con el cliente bajo la alegación de que "el DENUNCIANTE pretendía cobrarme para firmar su propia demanda".- Este juicio de valor que emitimos los es en base a una realidad que surge tanto de la propia confesión del imputado como de la realidad que emana del propio Código de Procedimiento Civil y de la experiencia en el ejercicio profesional.- Lo antedicho nos lleva también para juzgar la conducta del DENUNCIADO B a la convicción de que de su parte ha existido violación al art. 21, inc. 12 y art. 50 de la ley 5805 por la falta de decoro que significa la negativa a devolver a su legítimo dueño documentación imprescindible para la iniciación de un juicio.-

6- Por todo lo expresado se RESUELVE: Condenar a los DENUNCIADOS con la sanción de apercibimiento público, por violación a los arts 21 inc 7º y 50 de la ley 5805. Procurarse clientela por medios incompatibles, para el DENUNCIADO A y por violación a los arts. 21, inc. 12 y 50 al DENUNCIADO B.-

Sala Tercera. Dres. Julio Cesar Marquez, Pte Ivan Maldonado Vpte y Ruben Alejandro Fraire Vocal. Año 1997.

SENTENCIA NUMERO: 730

1- Y VISTA: Esta causa disciplinaria de la que surge que obra comunicación cursada por el Juzgado de Conciliación poniendo en conocimiento de este Tribunal que con motivo de celebrarse una audiencia de Exhibición en los autos "M C C/ H B S DE H Y OTROS- DESPIDO", la apoderada del actor, incurrió en reiteradas faltas de respeto hacia el Tribunal, hacia la Sra. Juez y hacia los demás letrados patrocinantes, profiriendo gritos y amenazas, así como apreciaciones puramente subjetivas e hirientes en cuanto al modo de dirigir la audiencia por parte de S.S., lo que no pudo ser revertido pese a los reiterados llamados de atención y al estado de histeria en que se encontraba, lo que para nada condice con la ética y la buena educación de todos los que nos desenvolvemos en el mundo del Derecho.-

2- Que de las pruebas ofrecidas y rendidas en autos, en particular las declaraciones testimoniales, consta que la abogada DENUNCIADA habría levantado el tono de voz y mantenido una discusión acalorada con el abogado de la contraparte y posteriormente con S.S. encontrándose sumamente exaltada.-

3- Que si bien, es reprochable la actitud de la denunciada, considerada objetivamente merecería por ello una sanción disciplinaria por haber levantado el tono de voz al Tribunal, también es cierto que dicha conducta debe ser considerada dentro del contexto en el que se produjo el incidente a los efectos de adoptar las resolución más justa.-

4- Que en tal sentido y teniendo en cuenta los testimonios, se advierte la existencia de una enemistad manifiesta entre el abogado patrocinante del co-demandado y la DENUNCIADA. Que esta circunstancia fue exacerbada al asumir personalmente S.S. la dirección de la audiencia y tener expresiones hacia la denunciada francamente agraviantes, tales como "que si era ciego no puede litigar ", " que si era miope o si no veía, pues entonces Ud. no puede litigar".

5- Que así las cosas, tan solo ha quedado demostrado en autos, que la DENUNCIADA en la defensa de los intereses de su cliente, levantó el tono de voz y profirió gritos que seguramente están reñidos con las mejores normas de urbanidad. Que no obstante ello, atento el ambiente que se había generado en el transcurso de la audiencia este Tribunal entiende que la conducta de la DENUNCIADA, si bien excesivamente apasionada, no escapa a los parámetros de vehemencia que algunas veces exige el ejercicio de nuestra profesión, no encontrando que haya existido una conducta violatoria de las normas de ética profesional contempladas en la ley 5805. Por ello, se resuelve desestimar la comunicación cursada por el Juzgado de Conciliación.-

SALA SEGUNDA: DRES. HORACIO CASTELLANOS, PTE JULIO MANUEL ESCARGUEL, VCPTE JULIO ADOLFO DEHEZA, VOCAL.- AÑO 1996.-

SENTENCIA NUMERO: 755

1- Y VISTA esta causa disciplinaria de la que resulta que con fecha doce de marzo de 1995 el Tribunal de Disciplina recibe del Presidente de la Excma Cámara de Trabajo nota en donde comunica la sanción aplicada a la DENUNCIADA y DENUNCIADO por sentencia recaída en los autos:"A.L.M. C/ P.SRL Y O.- DEMANDA".-

2- Que en la presente causa, corresponde determinar, si la conducta de la DENUNCIADA y DENUNCIADO, al no concurrir a la audiencia para alegar, significa abandono o descuido inexcusable de la defensa. Los nombrados profesionales en sus escritos, sostienen esencialmente: a) que la actora del juicio laboral a "fines de noviembre y/o principio de diciembre de 1994" les había retirado el juicio, manifestándoles " que ya tenía otro letrado que iba a continuar con su defensa".- b) También argumentan, que no asistieron a la audiencia del día 16-12-94 por no estar notificados.-  Por otro lado, sostienen que no existió daño para la actora, porque fué asistida por el Asesor Letrado del Trabajo.-  c) Que en definitiva, concurrir a la audiencia para alegar es un derecho, no es una obligación.-

3- Entrando al análisis de las defensas opuestas y prueba producida, debe señalarse que el primer argumento, o sea que la comunicación de la parte actora a los nombrados letrados en el sentido que tenía otro abogado y que los retiraba del juicio- lo que importaba revocar el poder- no es razón suficiente para no asistir a dicha audiencia. En efecto, cuando se revoca un poder que se viene ejerciendo en juicio, es elemental que el abogado afectado por la revocación, exija la pertinente manifestación por escrito y su presentación en juicio, pues de lo contrario procesalmente continúa como apoderado. La simple manifestación verbal de que designará otro letrado o que lo desvincula del juicio no es suficiente. Como establece la ley procesal, mientras continúe el apoderado en su cargo, los emplazamientos, citaciones y notificaciones que se le hagan tendrán fuerza como si fueran hechos al poderdante. Puede el letrado renunciar al mandato, pero no puede abandonar la defensa sin haberse cumplimentado la formalidad de que el nuevo defensor asume como corresponde y quede así aquel desvinculado, máxime que él es el conocedor del derecho y no el cliente que ignora estos aspectos legales.-

4- Luego la DENUNCIADA y DENUNCIADO, alegan, que no asistieron a la audiencia del día 16-12-94 por no estar notificados. Se advierte que no es cierto que los DENUNCIADOS no estaban notificados de las audiencia del día 16-12-94. En efecto, en ese juicio se inició la vista de causa y luego se pasaron a varios cuartos intermedios, celebrándose varias audiencias continuadoras de la primera, así tenemos que con fecha 24-11-94, se celebra una audiencia de vista de causa, continuadora de otras anteriores, en donde asiste la DENUNCIADA y en esa circunstancia se pasa a cuarto intermedio para el día 7-12-94 a las 15:00 hs.- En esta oportunidad, como consta a fs. 239 del  citado juicio, no comparecen los DENUNCIADOS apoderados, haciéndolo la actora con el patrocinio del Asesor Letrado del Trabajo, y luego de algunos trámites, se pasa a cuarto intermedio para el día 16-12-94. En este día se celebra la audiencia y el Tribunal concede la palabra a las partes para producir sus alegatos, asistiendo por la actora únicamente el Asesor Letrado del Trabajo.-

5- En consecuencia, fácil resulta advertir que el argumento de los apoderados de no estar notificados a la audiencia del 16-12-94, carece de asidero, pues si hubieran concurrido a la fijada el día 7-12-94, como era su obligación, hubieran conocido de la existencia de aquella audiencia, y por ende hubieran podido alegar, o en su caso oponerse a la decisión del Tribunal de que " no habiendo más prueba que recepcionar....".-

6- Sostienen los DENUNCIADOS, que no existió daño para la actora porque fue asistido por el Asesor Letrado del Trabajo.- Esta defensa tampoco es aceptable para esta Sala, a mérito a las siguientes razones. En efecto, cuando se trata de encuadrar una conducta desde el punto de vista disciplinario, la inexistencia del perjuicio no exime al letrado de su responsabilidad ética.- La responsabilidad civil, penal o administrativa es independiente del aspecto ético en el ejercicio profesional, que deber ser juzgado por el Tribunal de Disciplina. El perjuicio ocasionado o no, resulta irrelevante. Este criterio, es el sostenido por doctrina y jurisprudencia prevaleciente (Conf. " Etica Profesional de los Abogados" de Rosenkranz, Carvano y Mayer, Pág. 151 y 166).-

7- Por otra parte, si bien el Asesor Letrado, asiste al interesado en las situaciones previstas en la ley, es elocuente que en este caso, lo hizo para suplir una negligencia o abandono o descuido de una defensa, lo cual es violatorio de una regla de ética profesional. Es evidente que la actuación del Asesor Letrado de Trabajo, No borra la falta de ética.-

8- El último argumento, que se sostiene que la concurrencia a la audiencia para alegar es un derecho no una obligación, tampoco puede ser meritada. En efecto, la obligación de atender al cliente, con celo, saber y dedicación importa en este caso, haber alegado en oportunidad de la audiencia respectiva.-

9- Para terminar y a mayor abundamiento, corresponde señalar que después de dictada  sentencia en el juicio laboral referido, que lleva fecha 1º de marzo de 1995, la DENUNCIADA contestó una vista que le fuera concedida a la parte actora, y lo hizo por la participación acordada, sin decir una sola palabra sobre la supuesta revocación de poder que ahora se invoca en esta causa disciplinaria.-

10- Por todas las razones expuestas, esta Sala RESUELVE aplicar un APERCIBIMIENTO PUBLICO a los DENUNCIADOS, por violación al art. 21 inc. 10 de la ley 5805( abandonar o descuidar inexcusablemente la defensa de la causa, confiada a su patrocinio o representación).-

SALA TERCERA: DRES. JULIO CESAR MARQUEZ, PTE RUBEN ALEJANDRO FRAIRE, VCPTE GERMAN AYROLO, VOCAL.- AÑO 1995

SENTENCIA NUMERO: 804.-

1- Y VISTA esta causa de la que surge que según las constancias obrantes en las copias certificadas acompañadas por el DENUNCIANTE como prueba documental ha quedado acreditado que los autos en cuestión fueron retirados de la Excma Cámara del Trabajo, por la DENUNCIADA con fecha 23/5/95, ello a mérito del certificado de la Secretaria del Tribunal, así también obra en las copias acompañadas el decreto de fecha 26/5/95 por el cual se emplaza a la encausada por el término de cuarenta y ocho horas a la restitución del Expte, bajo apercibimiento de ley.- Notificado el mismo con fecha 1/6/95. Operado el vencimiento del emplazamiento con fecha 6/6/95 se ordena la obtención del expte. por la vía de apremio. Así las cosas se diligencia el mismo sin que se haya recuperado el expte. en el estudio de la letrada prevenida.-

2- Que del análisis de la causa concluimos, conforme a las constancias que de la cédula de notificación diligenciada el 1/6/95 en el estudio jurídico de la denunciada, que el emplazamiento para reintegrar el expte. retirado del Tribunal, efectivamente tuvo lugar. Que entonces no corresponde internarse en otras cuestiones, dado que a los efectos requeridos por el inc. 13 del art. 21 de la ley 5805, basta que la intimación se efectúe y el obligado no cumpla con la restitución, por lo que a juicio de esta Sala no constituye la explicación dada por la denunciada un eximente de su responsabilidad, ya que debió arbitrar las medidas necesarias para asegurar cuando le fuera requerido la devolución del expte. a la Sala. Por todo lo expuesto  SE RESUELVE: Aplicar la sanción de apercibimiento público.-

SALA SÉPTIMA: DRES. LUIS ALBERTO PAULIELLO, PTE, RICARDO GUILLERMO BORDCOCH, V-PTE, MARIO FRANCISCO ROBLEDO, VOCAL.- AÑO 1997.

SENTENCIA NUMERO: 800

1-  Y VISTA: La presente causa en la que se procede a levantar Acta Cabeza de Proceso Disciplinario en virtud de la comunicación cursada por el Juzgado Civil remitiendo copias certificadas de los antecedentes de la causa, respecto de la conducta del abogado DENUNCIADO la que encuadrada prima facie en el inc.15 del art.21 de la ley 5805, por lo que se dispone instruir proceso disciplinario en su contra.- Que obra en autos la copia certificada del escrito presentado por el DENUNCIADO del que surgirían los términos reprochados por el Tribunal interviniente y que dieron lugar a la sanción impuesta por el Magistrado al letrado y prevista en la L.O.P.J..- Que el DENUNCIADO contesta el traslado, con solicitud de rechazo, oponiendo excepción de falta de acción con arreglo al principio non bis in idem, ya que por el mismo hecho se le ha aplicado una sanción dentro de la normativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-

2- Que corresponde resolver sobre la excepción de falta de acción planteada por el letrado DENUNCIADO en oportunidad de evacuar el traslado basando su planteo en que el Juez interviniente ya le ha aplicado una sanción, que si bien no estaba firme en tal oportunidad, en caso de ser confirmada podría llegar a ser condenado dos veces por la misma acción, por lo que sería de aplicación el principio "non bis in ídem". Sobre éste punto, entendemos que defensa debe también rechazarse por cuanto en virtud de lo resuelto por el fallo plenario N? 49 del 2-12-1993 de éste Honorable Tribunal de Disciplina, un mismo hecho puede ser pasible de sanciones en distintos ámbitos y en el sub-exámine, la aplicación de un apercibimiento en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, no empece a la imposición de una sanción disciplinaria, en atención a la diferencia entre los bienes jurídicos tutelados por ambas normativas, por lo que nada obsta a que un mismo hecho pueda generar dos sanciones desde distinto ámbito, como en el caso de autos (art.21, primera parte de consuno con el art.50 in fine Ley 5805).-

3- Que entrando a resolver la cuestión principal, el hecho que da origen a ésta causa disciplinaria surge de los términos del escrito cuya copia certificada luce a fs.3, y en el cual acusa al Tribunal de haber violado las disposiciones del C. de P.C. en forma "arbitraria y de mala fe, tendiendo en forma dolosa a confundir al demandado", por lo que se atribuye al DENUNCIADO la infracción prevista en el inc.15 del art.21 de la Ley 5805, concretamente excederse en las necesidades de la defensa mediante el uso de juicios ó términos que importen violencia impropia ó vejación inútil al magistrado.-

4- Del tenor del libelo glosado a fs.49/51, surge la reiteración de las imputaciones reprochadas por el magistrado comunicante y vertidas en el escrito cuya copia se glosa a fs.3, cuando dice: "Entendí, que todo este obrar era de mala fe, doloso e inclusive constituyó un delito" (fs.49vta.) y a fs. 50 dice: "provoca en el juez una inamistosidad que lo lleva a aplicarme una multa ... Lo cierto es que este Abogado, que se vió perjudicado por las irregularidades y violaciones expresas a la ley, ... debe soportar ... las sanciones de un Juez que se siente agraviado, y en una clara señal de venganza ...".-

5- Lo considerado precedentemente nos lleva a concluir que en el sub-judice se ha configurado, por parte del abogado DENUNCIADO, la conducta tipificada por el inc.15 del art.21 de la Ley 5805.-

6- Entendemos que los dichos del DENUNCIADO, plasmados tanto en el escrito que da origen a la presente causa disciplinaria como en el libelo de fs.49/51, exceden el decoro que cabe esperar de un abogado, habida cuenta que el letrado dispone de los resortes legales adecuados a los fines de atacar los proveídos que considere le ocasionan perjuicio, sin caer en el extremo de efectuar valoraciones injuriosas y reprochadas por el Código de Etica, Por tanto, de conformidad a lo dispuesto por el art.85 de la Ley 5805,

7- Que en virtud de la conducta dilatoria evidenciada por el DENUNCIADO a lo largo de toda la tramitación de la causa, es obligación inexcusable de ésta Sala, en cumplimiento de la normativa disciplinaria prevista por la Ley N? 5805, remitir copia de las actuaciones a la Sala Primera de éste Honorable Tribunal de Disciplina a sus efectos. Por todo éllo y las constancias de ésta causa, SE RESUELVE: sancionar al DENUNCIADO por la causal del inc.15 del art.21 de la Ley 5805  suspendiéndolo en el ejercicio profesional por el término de treinta días.-

SALA CUARTA: DRES. EMMA LOZA FERREYRA DE DRACICH, VCPTE OSCAR JULIAN VALTIER, VOCAL GRACIELA FERREYRA SOAJE, VOCAL.- AÑO 1997.

SENTENCIA NUMERO: 672

1) Y VISTA: Esta causa disciplinaria de la que surge que a fs. 1 a 4 comparece el DENUNCIANTE formulando denuncia disciplinaria en contra del abogado DENUNCIADO por considerar que su conducta profesional habría infringido las normas de los arts. 21 incs 9 , 15 y  21 de la ley 5850. Refiere el DENUNCIANTE que las faltas disciplinarias denunciadas habrían sido cometidas con relación al trámite de los autos:"LHP C/ I.-DDA" donde el DENUNCIADO se habría excedido en los términos utilizados profiriendo términos ofensivos hacia el DENUNCIANTE y los Sres. Vocales de la Sala IV, V y III de la Cámara del Trabajo, los que sucesivamente se han apartado en las referidas actuaciones, quedando los autos radicados finalmente por ante la Sala Octava de la Cámara del Trabajo. También refiere el DENUNCIANTE que el abogado DENUNCIADO se habría apersonado a la empresa demandada en reiteradas oportunidades tratando de concertar un arreglo directo con el cliente del DENUNCIANTE

2) CONSIDERANDO: Se abrió causa al abogado DENUNCIADO por la presunta violación a los inc. 15 y 21 del art. 21 de la ley 5805, atribuyéndosele haber excedido innecesariamente en la formulación de juicios  y términos empleados para el letrado de la contraparte y los Tribunales intervinientes con una violencia impropia o una vejación inútil en el ejercicio de la defensa. Igualmente, se le atribuye haber tratado de llegar a una arreglo en forma directa con la parte contraria, indicando que el pleito se podía arreglar si se apartaba de la causa el abogado DENUNCIANTE.

3) Que el abogado inculpado, en su defensa- que ha sido, al igual que las probanzas aportadas, minuciosamente analizadas para evaluar la conducta del acusado- refiere a varias situaciones que, en su pensar, demostrarían una gran confabulación por parte de numerosos jueces y funcionarios del fuero laboral para favorecer al mencionado DENUNCIANTE, cuya preponderancia en esa rama del Derecho provendría del desempeño de su Cátedra en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

4) Hemos sostenido en varias resoluciones cuya mención resulta ociosa, que en el ejercicio profesional no puede juzgarse con suma ligereza o con demasiada sensibilidad los términos y conductas de los abogados que diariamente debemos soportar los embates de la contraparte, y las presiones de los clientes quienes pretenden siempre hacer triunfar su razón. Esta actividad merece pues, por el tipo de pasiones que se juegan en los pleitos un juzgamiento meditado, elástico y de suma prudencia, pues consideramos sin hesitación alguna, que es preferible tolerar algún exceso de comportamiento o de lenguaje, a coartar el sagrado ministerio de la abogacía y el respeto a la garantía de defensa del justiciable. Dentro de esos parámetros, hemos de colocarnos para apreciar la conducta del colega traído a juzgamiento.

5) Respecto a la primer hipótesis de cargo, esto es la violación al inc. 15 del art. 21 de la ley 5805, estimamos que ha existido un desborde innecesario en la conducta del DENUNCIADO, proveniente tal vez del resultado adverso a las pretensiones de su cliente, pero que no pueden achacarse- sin pruebas concretas, precisas y concordantes- a la imaginaria complacencia devenida de un supuesto respeto reverencial hacia el abogado DENUNCIANTE. De la lectura de la prueba colectada, no se advierte tal complacencia y, por otro costado, si hubiese sido advertida esa complacencia supuesta, correspondía usar siempre los remedios legales hasta sus últimas consecuencias.

6) La imputación relativa a la violación del inc. 21 del art. 21 de la ley 5805 consideramos debe ser desestimada. En efecto: colegimos que la conducta del inculpado al pretender soslayar al DENUNCIANTE de un pretendido arreglo, no ha sido sino una expresión más de ese tratamiento vejatorio innecesario hacia el colega de la contraria, cuya animosidad por parte del DENUNCIADO, se patentiza claramente en cada presentación o escrito del juicio y de estos propios actuados.

7) Para aplicar la sanción, respetando esas pautas que hemos expresado mas arriba, y que no constituyan una mordaza para el abogado ni para el cliente, creemos prudente que sería suficiente un público apercibimiento para el inculpado. Ahora bien a fs.98 se encuentra certificado por la Actuaria que al abogado encausado ya se le aplicaron otras sanciones similares por iguales conductas en el desempeño de su profesión. De forma tal que resulta insoslayable señalar esta conducta reiterativa y consciente de maltratar a los colegas y a los jueces por parte del acusado que surge de la certificación aludida. Corresponde, en consecuencia sancionar con mayor rigor esta reiteración de comportamiento violatorio de las reglas de la ética profesional,

8) Por ello y lo dispuesto en los arts. 21, inc. 15 y 72 inc 3 de la ley 5805. SE RESUELVE: Aplicar una suspensión de 15 días en el ejercicio de la profesión.

SALA SEGUNDA. DRES. LUIS BERNARDO CIMA, PTE JOSE LUIS RODRIGUEZ, VICPTE LILIAN ALANIS, VOCAL. AÑO 1995

SENTENCIA NUMERO:697.

1- Y VISTA esta causa en la que obra glosada comunicación cursada por el Colegio de Abogados de Río Tercero, en la que se adjunta copia certificada de la Sentencia dictada en los autos:"G.F. Y O. P.SS.AA. ESTAFA PROCESAL EN GRADO DE TENTATIVA." resolución de la que surge que se remiten los antecedentes respecto del actuar profesional del DENUNCIADO por entender el Tribunal comunicante, que en su desempeño como abogado patrocinante en la causa penal de referencia ha incurrido en exceso en los términos de la defensa.

2- Que a fs. 15/24 obran copias certificada de los escritos en los que se había incurrido en el exceso señalado. Que esta sala tiene resuelto al tratarse de una falta al inc. 15 del art. 21 de la ley 5805, no abrir a prueba la causa en cuestión, avocándose solo al análisis del texto en el cual se habría cometido la falta, resumiendo la situación en una cuestión de criterio respecto de la entidad lesiva de los términos contenidos en el mismo, ámbito dentro del cual se mueve la causal de este inciso, el que resulta ético por excelencia.-

3- Que en estos autos se da esta situación, no resultando pertinente recabar la opinión de terceros, como pretendía el DENUNCIANTE, con el objeto de conocer el comportamiento del mismo como abogado litigante en otros procesos. Esta causa sólo se analiza dentro del marco fáctico que se contiene en el escrito donde supuestamente se habría cometido la falta, graduando la sanción en base a la gravedad de los términos expresados por el DENUNCIADO, y los antecedentes personales.-

4- Que analizado bajo dicha premisa el escrito de fs. 15 a 24, se extraen del mismo los siguiente párrafos: 1) Fs. 16 vta "... no obstante ello  V.S. con su proceder ha creado un funesto precedente..." 2) Fs. 16 vta, "...compelido a defenderse de una acusación Kafkiana..." 3) Fs.16 vta y 17 "... Ahorre V.S. luces en estos menesteres y dispóngase al entendimiento, sin mayores sutilezas..." 4) Fs. 19 vta y 20 "... Este Tribunal por otra parte no puede inventar figuras delictivas a partir de una denuncia temeraria. La atribución del delito de estafa procesal, aún en grado de tentativa, resulta, con la plataforma fáctica descripta, tan descabellada, que de perplejo a este abogado defensor..." 5) fs. 23 vta "...sin embargo, hasta este momento, V.S. ha obviado arbitrariamente diligenciar pruebas cuya pertinencia y utilidad, atento a lo dicho supra, de ninguna manera puede discutirse. Por el contrario, la instrucción se ha extraviado en sucesos anecdóticos, y con este proceder, la causa toda parece haber perdido el rumbo...", 6) "... el Tribunal se entretiene en diligencias absolutamente impertinentes, inútiles e inconducentes...".- 7) "... el proceso seguiría a la deriva con evidente arbitrariedad...".-

5- Que los párrafos transcriptos a criterio de esta sala constituyen una vejación inútil en la persona del magistrado actuante en los autos ya referidos, sometiéndolo a un maltrato, que en nada se condice con la defensa de derechos legítimos la protección y tutela de los mismos se logra con un proceder acorde a los caminos fijados por el derecho de fondo y códigos rituales, y no tratando se desmerecer la persona del magistrado criticando los matices de su personalidad, reflejados en su resoluciones. Por ello corresponde aplicar la sanción de apercibimiento privado.-

SALA TERCERA. DRES. MAXIMILIANO VIDELA VOCAL, ADELA DEVAGLIA DE SANCHEZ FREYTES VOCAL Y MARTA HERRERA VOCAL. AÑO 1995

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 387

1- Y VISTA esta causa disciplinaria radicada por ante la sala Primera de este Tribunal de Disciplina de Abogados, de la que resulta que comparece el DENUNCIANTE, incoando denuncia disciplinaria en contra del DENUNCIADO, por cuanto considera el presentante que el letrado mencionado se arroga públicamente un grado académico que no tiene, como es el de "Doctor", acompañando pruebas documental-instrumental (copia de una denuncia formulada por el DENUNCIADO en su carácter de Secretario de Club Deportivo e informe del Colegio de Abogados de Marcos Juarez).-

2- Que de la documentación acompañada en autos, no surge que el abogado DENUNCIADO se atribuya el título académico de Doctor, que asimismo el propio informe, librado por el Colegio de abogados de la ciudad de Marcos Juarez, acredita en los siguientes términos sic. "...Que el Dr. ..., matriculado en este Colegio de Abogados ha presentado oportunamente el diploma de abogado...".-

3- Que resulta una práctica y costumbre tribunalicia y social, implementada en toda jurisdicción provincial y nacional, llamar a los abogados, "Doctores", sin que ello signifique ostentar dicho título.-

4- Que de los hechos denunciados no surge infracción alguna, ni se encuentran reñidos con la ética profesional, y mucho menos afectan ni atentan contra el decoro en el ejercicio de la profesión. Por todo ello corresponde desestimar la presente denuncia por no encuadrar los hechos en ella manifestados en los tipos legales previstos por la ley 5805.

SALA PRIMERA. DRES. CARLOS F. ARRIGONI, PTE GUILLERMO HORACIO CAPDEVILA, VCPTE ROBERTO JULIO JORDAN, VOCAL.- AÑO 1995.-

SENTENCIA NUMERO: 686

1- Y VISTA esta causa disciplinaria iniciada en mérito de la denuncia formulada en la que se ordena  abrir  a fs. 29 la causa disciplinaria por supuesta infracción al inc. 13 del art. 21 y art. 50 de la ley 5805 el DENUNCIADO contesta a fs. 38/42.-

2-  A continuación los Sres. Vocales proceden a fundar sus votos en el siguiente orden: en primer lugar el Sr. Presidente Dr. Roberto Julio Jordan, en segundo lugar el Sr. Vice-Presidente Dr. Mario Francisco Robledo y en tercer lugar la Sra. Vocal Dra. Rosa Ines Montaldo de Del Vado. Voto del Sr. Presidente Dr. Roberto Julio Jordan:

3- Que con relación a las faltas de ética que reprime el art. 50, es también, conocido que se trata de un articulo "genérico" ya que atribuye a este Tribunal de Disciplina conocer y Juzgar las faltas cometidas por los abogados en el ejercicio de la profesión o que afecte el decoro con que esta debe se ejercida. Corresponde, entonces verificar, si las conductas atribuidas y acreditadas al DENUNCIADO pueden calificarse como "antiéticas" a las luz de las constancias de autos y en mérito de las circunstancias del hecho, a su importancia y consecuencias, conforme  impone la ley 5805.

4- Con el informe bancario de fs. 145 se acredita que el deposito efectivo en el Banco de la provincia de Córdoba, para el juicio de consignación promovido por el DENUNCIADO, fue efectuado el día 22 de Octubre de 1992, es decir casi dos años después da haber cobrado el dinero. VI) Las argumentaciones del DENUNCIADO, en el sentido de que ofreció el dinero percibido, mediante la intervención de escribano y que el mismo no le fue aceptado, no tiene entidad alguna para enervar la gravedad de las transgresiones a la ética profesional de que es responsable y máxime cuando, ni siquiera había depositado el dinero en forma contemporánea con el inicio de la acción de consignación.

5- Sin perjuicio de la suerte que podrán correr las acciones civiles o penales que se estuvieron tramitando, encuentro acreditadas las faltas de éticas atribuidas al DENUNCIADO y que su conducta ha afectado gravemente el decoro de la profesión que todo abogado esta obligado a observar. Reiteradamente he dejado constancia de mi posición en el sentido de que es deber de los abogados cumplimentar con los deberes a su cargo, máxime cuando los bienes de sus clientes o de quienes recurren a ellos, dependen de su accionar diligente y transparente. No esta permitido cobrar y disponer en provecho propio del dinero de terceros, y éstas es una de las actividades esenciales de la profesión cuya credibilidad quedaría seriamente afectada si se difunden actitudes como la que tengo en estudio. Por lo expuesto considero que debe sancionarse la conducta del DENUNCIADO con una suspensión en la matricula por el termino de tres meses.

6- Voto del Sr. Vice-Presidente Dr. Mario Francisco Robledo: Que se adhiere a los considerandos emitidos por el Sr. Presidente, pero no comparte la sanción, precisamente por encontrarse en tramite algunas causa civiles y penales, como resalta el preopinante, encuentra que de la conducta acreditada que corresponde meritar a la sala, la sanción adecuada que estimo debe aplicarse al DENUNCIADO es la de apercibimiento publico, en los términos del art. 72 de la Ley 5805, punto 1.

7- Voto de la Sra. Vocal Dra. Rosa Ines Montaldo de Del Vado: Que se adhiere a los considerando emitido por el Sr. Presidente, compartiendo la sanción de suspensión en la matricula profesional del Abogado DENUNCIADO. Por todo lo expresado la sala Sexta de este H. Tribunal de disciplina de Abogados. RESUELVE:  por mayoría imponer al DENUNCIADO una suspensión por el termino de TRES MESES en el ejercicio de la profesión de Abogado, por encontrarlo responsable de violar el art. 21 inc. 13 y art. 50 de la ley 5805. Protocolicese, hágase saber y dese copia.-  

SALA SEXTA. DRES. JULIO JORDAN, PTE. MARIO FRANCISCO ROBLEDO, VCPTE ROSA MONTALDO DE DEL VADO, VOCAL.- AÑO 1995

SENTENCIA NUMERO: 752.-

1- Y VISTA esta causa iniciada por la comunicación cursada por la Cámara del Trabajo poniendo en conocimiento de este Tribunal que la letrada  DENUNCIADA prima facie, a incurrido en una falta ética. Que en los autos rotulados "T.D.A.A.E. EN C.G.I. C- C.Q.I.S.R.L.D." el tercerista ha comparecido patrocinado por la DENUNCIADA, quien a su vez actua como abogada patrocinante, de la parte demandada en los autos principales, con quien en principio el tercerista tendría intereses contrapuestos. Encuadrando a prima facie la conducta de la denunciada en violación a las normas de ética profesional, previstas por el art. 21 inc. 1º de la ley 5805.-

2- Que conforme las pruebas arrimadas a autos, ha quedado acreditado que la abogada denunciada era apoderada de la demandada en los autos principales. También ha quedado acreditado, y a sido reconocido por la denunciada en esta causa, que con fecha 17 de marzo de 1995, patrocinó al tercerista juntamente con la demandada principal en principio, el tercerista podría tener intereses contrapuestos ya que la demanda de tercería se interpone contra actor y demandado de los autos principales.-

3- La cuestión ha dilucidar es el valor de la renuncia efectuada por la abogada denunciada al poder otorgado por la demandada de los autos principales, mediante el "informe de fecha 30-5-94", esto es con fecha anterior a comparecer en la tercería, acto llevado a cabo como ya se dijo con fecha 17-3-95. Y decimos esto, -valor del informe- por cuanto la carta documento donde formalmente se renuncia al poder es de fecha 12-4-95, es decir, es de FECHA POSTERIOR al comparendo patrocinando al tercerista, por lo que carece de valor para esta causa, lo mismo que la carta documento de fecha 19-5-95.-

4- Volviendo al asunto en cuestión esto es el "valor probatorio" del informe y la renuncia que contiene al final, si bien el mismo adolece de varios defectos, que luego veremos en su declaración testimonial del tercerista, manifiesta haber recibido "personalmente" en ese carácter el informe del estado de las causas tramitadas por la abogada denunciada y la renuncia al poder otorgado por la demandada de los autos principales a dicha abogada. Pero hay algunas consideraciones que esta sala quiere efectuar, en cuanto a la renuncia, en razón de que lo que aquí se juzga es la conducta ética de los profesionales del derecho, por lo que las exigencias en cuanto al cumplimiento de formalidades con consecuencias jurídicas son mayores que las que se le pueden exigir a cualquier otra persona. La abogada denunciada debe aceptar, que no fue ortodoxa su denuncia, además de ser poco convincente: quien certifica la presentación es "el mismo tercerista", su cliente. No tiene sello de la institución demandada principal, ni aclaración de que se recibe en su nombre no tiene fecha de recepción, es decir el cargo algo fundamental y que todo abogado exige al presentar un escrito.- Un abogado no puede tener estos "descuidos" ni siquiera en sus propios asuntos, en el menor de los casos la abogada denunciada actuó con ligereza, y no solamente en cuanto a la renuncia al poder, sino al patrocinar a una de las partes cuando ya ha asesorado a la otra.-

5- La tercería de dominio, según nuestro código de Procedimiento, es un incidente, aunque se trate de una verdadera demanda del tercerista contra actor y demandado en el juicio principal, es decir estamos en el "mismo juicio" y se "asesora sucesivamente" por lo que se viola el segundo supuesto contemplado por el inciso 1º del art.21. por lo expuesto SE RESUELVE, aplicar la sanción de apercibimiento privado.-

SALA SÉPTIMA. DRES. LUIS ALBERTO  PAULIELLO, PTE RICARDO GUILLERMO BORDCOCH VPTE Y MARIO FRANCISCO ROBLEDO VOCAL. AÑO 1996.

SENTENCIA NUMERO: 824

1- Y VISTA esta causa disciplinaria iniciada por comunicación ordenada en los autos "S.R. C/S.C.S.R.L. Y O.-O.", mediante el cual se resuelve poner en conocimiento del Tribunal de Etica la actuación del abogado DENUNCIADO, quién habría actuado en la aludida causa sin poseer matrícula profesional habilitante, por lo que se abrió causa al DENUNCIADO por la presunta violación a las normas de ética previstas en los art. 21 inc. 5º en virtud de lo dispuesto en los arts. 1º y 19 incs 4º y 13º de la ley y 21 inc. 10º y art. 50 todos de la ley de Colegiación de Abogados 5805, como así también por violación al art. 45 inc. e, de los Estatutos del Colegio de Abogados.-

2- Este Tribunal entiende, que ha quedado debidamente probada la actuación sin matrícula habilitante del abogado DENUNCIADO siendo prueba suficiente para ello el auto interlocutorio obrante a fs. 6/11 que no se encuentra contradicho por medio probatorio alguno y que da cuenta del tiempo en que el DENUNCIADO se desempeñó sin matrícula profesional habilitante, como así también de todos los actos procesales que desarrolló estando inhabilitado para ello y el informe producido por el Colegio de Abogados que da cuenta del plazo durante el cual el DENUNCIADO tuvo cancelada su matrícula profesional.

3- De la defensa del DENUNCIADO observamos que, en su primer argumento, cuestiona el derecho del Colegio de Abogados para disponer la cancelación de la matrícula por una causal no contemplada expresamente en la ley de Colegiación afirmando que se extralimitó en sus facultades. El DENUNCIADO conocía o debía conocer la resolución del Colegio de Abogados adoptada por su órgano social competente, en tal caso, debió haberla impugnado oportunamente, lo que no hizo. El Colegio de Abogados dispuso en asamblea del día 1º de Julio, reglamentada luego por Resoluciones Nos 4839,4883,4988 y 5076, que todos sus afiliados debían rematricularse bajo sanción de serles cancelada la matrícula, esta sanción conlleva la inmediata inhabilitación del abogado para ejercer la profesión, no obstante ello, como surge de autos ignoró la prohibición y con su irresponsable accionar colocó en serio riesgo los intereses de sus defendidos.-

4- El segundo argumento del DENUNCIADO en su defensa implica un desconocimiento total de la función y roles propios y específicos de los Organismos que gobiernan la matrícula profesional del abogado por una parte, y que tiene a su cargo el ejercicio del poder de disciplina por el otro. Sostener que"... que los miembros del Tribunal de Disciplina son Jueces y parte, ya que los jueces del Tribunal de Disciplina de Abogados, son parte del Colegio y en general integran las listas eleccionarias en forma conjunta con quienes pasan a formar parte del directorio..." importa una ignorancia inadmisible en un abogado. El Tribunal de Disciplina es un Organismo que ejerce el poder de disciplina sobre todos los abogados inscriptos en la Provincia, y no respecto a los abogados matriculados de un determinado colegio. Los jueces del Tribunal de Disciplina son elegidos por los abogados matriculados en la Provincia con total prescindencia de las autoridades propuestas para integrar los Directorios de los diferentes Colegios de Abogados de la Provincia y sin vinculación alguna con estos, por lo que, afirmar que:"...los miembros del Tribunal de Disciplina ejercerían en contra del Juzgado una defensa corporativa de los intereses sectoriales de la Institución" constituye una supina ignorancia respecto a las funciones que cada uno de los Organismos de manera totalmente independiente desempeña, como así también un agravio a la trascendente tarea moralizadora y de dignificación de la profesión que desarrolla el Tribunal de Disciplina, totalmente despojada de intereses sectoriales como pretende el DENUNCIADO.-

5- A mérito de todas las consideraciones efectuadas, este  tribunal entiende que el DENUNCIADO ha incurrido en los hechos que se le atribuyen y que como consecuencia de ello se encuentra incurso en las conductas contempladas en los incs. 5º y 10º del art. 21 y en el art. 50 de la ley 5805, por lo que  RESUELVE: Aplicar la sanción de Suspensión en el ejercicio profesional por el término de 15 días, teniendo en cuenta para ello particularmente la gravedad que este Tribunal le atribuye al hecho de haber desprotegido y afectado los intereses de sus clientes litigando sin matrícula.-

SALA SEGUNDA: HORACIO J. CASTELLANOS, PTE, JULIO M. ESCARGUEL, VCPTE JULIO A. DEHEZA, VOCAL.- AÑO 1997

SENTENCIA NUMERO:674.

1- Y VISTA esta causa en la que a fs. 1 obra comunicación remitida por el Juzgado Federal, Secretaría Penal a fin de poner en conocimiento de este Tribunal que el Sr. Juez Federal dispuso tener por abandonada la defensa del imputado... por parte de la abogada denunciada, remitiendo fotocopias de las partes pertinentes, las que obran agregadas al presente a los fines que hubiere lugar.  A fs. 19 se avoca la Sala Séptima y se abre causa en contra de la abogada encartada, en virtud de surgir prima facie violación a las normas de ética profesional previstas por el art. 21 inc. 10 de la Ley 5805. A fs. 20 obra certificado del Juzgado Federal donde consta que el imputado, designó nuevamente a la denunciada como defensora.-

2- Analizada la causa la sala estima que no se ha acreditado en autos la lesión al bien jurídico tutelado por la norma del inc. 10 del art. 21 de la ley 5805, en tanto el mismo se encuentra erigido en orden a preservar el derecho de defensa del cliente, quien al reiterar la designación de la misma profesional para atender su caso, ha dejado traslucir en forma implicita el mantenimiento de la confianza en dicho profesional.-

3- En definitiva el abandono no ha tenido lugar técnicamente, desde que en definitiva el traslado que se reputa, no contestado lo fue posteriormente con el consentimiento del Tribunal y del propio imputado. Por lo expuesto se desestima la denuncia.-

SALA SÉPTIMA. DRES. LUIS ALBERTO PAULIELLO PTE RICARDO GUILLERMO BORDCOCH VPTE Y DOMINGA BETTI CAFFARATTI VOCAL, AÑO 1995.-

SENTENCIA NUMERO 703

1- Y VISTA: esta causa en la que el presidente de este Tribunal procede a levantar acta cabeza de proceso Disciplinario en virtud de la comunicación cursada por la Cámara en lo Criminal de Córdoba encuadrando la conducta del letrado DENUNCIADO en los inc. 15, 4 y 10 del art. 21 de la ley 5805. Que de la comunicación surge que en los autos"N.O.P.SS.AA. A.R.-, que el DENUNCIADO aceptó el cargo de codefensor del imputado estando ya designado como defensor otro nuevo letrado, a pesar de lo cual no asumió la codefensa del acusado y haciendo presente con respecto a la recusación planteada contra el Vocal de la Cámara por el DENUNCIADO, que no existe en el animo del Camarista animadversión para con el recusante, por lo que la pretensión del mismo es lograr el alejamiento del Magistrado, lo que constituye falta grave.-

2- Que el DENUNCIADO no formula descargo, pero ofrece la prueba que estima pertinente en sustento del su derecho, de la que surge que el nuevo letrado fue designado con anterioridad defensor del imputado vencido el término de citación a juicio y antes de la audiencia de debate.

3- Ello indica a las claras que el cambio de defensor fue una decisión del encartado en virtud de la complejidad de la causa y amplia experiencia y fama como penalista en nuestro medio del nuevo letrado designado, por lo que si la designación del DENUNCIADO era necesaria a los fines de la causa u de la defensa técnica del imputado, hubiera resultado coherente que ambos codefensores (el nuevo letrado y el DENUNCIADO) aceptaran el cargo simultáneamente y no como sucedió en éste caso, y según el testimonio rendido por el nuevo letrado a fs. 27/29, que el DENUNCIADO lo hizo antes de la 2ª audiencia y limitando su labor profesional a la presentación del escrito recusando al Vocal de la Cámara.-

4- Estos elementos producen convicción en el sentido de que en el sub-examine se configura la falta de ética prevista por el inc. 4 del art. 21 de la ley 5805, no advirtiéndose por el contrario que concurran los requisitos exigidos por la ley para las infracciones previstas en los inc. 10 ni 15 del mismo ordenamiento, por lo que se resuelve sancionar al letrado DENUNCIADO con una suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un mes.-

SALA CUARTA: DRES. MARCELO FERRER VERA, PTE EMMA LOZA DE DRACICH, VCPTE EDUARDO ROSENDE, VOCAL.- 1995.

SENTENCIA NUMERO: 783.

1- Y VISTA esta causa disciplinaria, de la que resulta que a fs. 1 comparece el DENUNCIADO y manifiesta que: "en el mes de octubre de 1994, la DENUNCIADA, retiró los autos caratulados:" B.F.S.A. C. C. S.M. Y O - ORDINARIO". En el recibo firmado por dicha letrada del libro de préstamo de expediente fijó como domicilio el de calle 27 de Abril.- A la fecha, el expediente de marras continúa en poder de la DENUNCIADA, pese a que se le ha intimado su devolución.-

2- La DENUNCIADA, niega haber cometido el hecho que se le imputa, y afirma que el recibo de los mencionados autos, de acuerdo al libro de préstamos para expedientes del Juzgado"permitía apreciar que el recibo, en su parte manuscrita, no había sido hecho por mi y que el domicilio allí consignado no era el que yo tenia constituido en el proceso de marras". Planteada en estos términos la cuestión a decidir, surge como prueba esencial, la firma puesta en el libro de préstamos de expedientes que no es desconocida al correrse traslado para que produzca su defensa.- Además el decreto que ordena la agregación de esa fotocopia donde consta el préstamo del juicio en cuestión, no ha sido cuestionado por la interesada.-

3- Por otro lado, resulta decisivo, para resolver el tema traído a consideración, la circunstancia de que el libro de préstamos de expedientes, es un instrumento público y por lo tanto, se presume auténtico, hasta tanto no se acredite lo contrario a través de la querella de falsedad. Por lo tanto. la constancia en el libro de recibos, goza de pleno valor frente a las partes y terceros como resultado de la fé pública, hasta tanto no se haya anulado.-

4- A mayor abundamiento, debemos señalar, que si bien la DENUNCIADA esgrime como defensa de que jamás constituyó domicilio en calle 27 de abril y acompaña pruebas que demuestran que fijo domicilio en el juicio, en el de Avenida Colon de esta ciudad, no significa ello, que el domicilio que figura en el recibo, carezca de valor y no deba ser tenida en cuenta.-

5- El abogado al firmar, se presume que lee lo escrito por otra persona, máxime la importancia y responsabilidad que entraña la firma de ese recibo.- Además, si el domicilio allí inserto, fuera similar al constituido en autos, conservando por ejemplo el nombre de la calle y el error radicara en el número del escritorio o de la calle, y surgiera así la posibilidad de un error material, podría tener acogida la defensa.- Pero aquí, se trata de dos direcciones totalmente distintas, que alejan la posibilidad de la existencia de un error material.-

Por último, resulta importante señalar, que el informe evacuado por el Sr. Juez Civil y Comercial y que obra a fs. 15, contestando a un pedido de informe del Tribunal de Disciplina expresa "...que el oficio de apremio mencionado fue diligenciado. Que el Oficial de Justicia actuante informó que en el domicilio indicado para el procedimiento, funciona un estudio cuyo titular manifestó que la DENUNCIADA no tiene mas ese domicilio desde diciembre del año pasado". En consecuencia, si bien este informe no es decisivo, crea una fuerte presunción en contra de la denunciada, en el sentido que ese domicilio fue por ella indicado. Por ello disposiciones legales citadas esta Sala resuelve aplicar la sanción de Apercibimiento Publico.-

SALA TERCERA: DRES. JULIO CESAR MARQUEZ, PTE IVAN MALDONADO, VCPTE, RUBEN A FRAIRE, VOCAL. AÑO 1996.-

SENTENCIA NUMERO: 771

1- Y VISTOS: estos autos de los que resulta que a fs. 1 obra cédula de notificación, por la que consta que el Juzgado Civil hace saber a este Tribunal de Disciplina, que en los autos :"T D J J C y E H en"L c/ H - Ejecutivo" se aplica a los abogados DENUNCIADOS la sanción de apercibimiento. Que obran copias autenticadas de escritos judiciales presentados por los DENUCIADOS por los cuales se procede a levantar acta cabeza de proceso disciplinario y en virtud de surgir prima facie violación a las normas de ética profesional previstas por el art. 21 inc. 15 de la ley 5805, se dispone correr traslado a los nombrados letrados, correspondiendo resolver si la conducta de DENUNCIADOS encuadra en la violación del deber ético previsto en el art. 21 inc. 15 de la ley 5805, que sanciona el "excederse  en las necesidades de la defensa formulando juicios o términos ofensivos a la dignidad del colega adversario o que importen violencia impropia o vejación inútil a la parte contraria o a los magistrados".-

2- De la simple lectura de esos escritos, surge con claridad, un exceso en las necesidades de la defensa, al formularse terminos ofensivos o vejatorios. Cuando los DENUNCIADOS manifiestan que se encuentran " frente a un atropello del Poder Judicial....." a que ha sido abiertamente "ignorado" por la Asesora Letrada, a quien también se le imputa actuar en forma "maliciosa" nos toca litigar contra el Tribunal etc.-, evidentemente se exceden en las necesidades de la defensa usando expresiones violatorias a dicho deber ético.-

2- Es comprensible la defensa realizada con vehemencia, con ardor, pero no se pude admitir el tono descortés o falta de estilo o respeto, pues el proceso es para dirimir cuestiones de derecho.-

3- El abogado debe guardar el estilo en sus escritos, y este deber rige tanto con respeto a las partes, al juez, los funcionarios, empleados y letrados.- Por eso, se ha sostenido que pese a la lucha y enfrentamientos que significa un proceso judicial, la jurisdicción gira en torno a la idea de la paz.-

4- Al litigante le asiste el mas pleno derecho de critica sobre aquellos actos del proceso que conceptúe apartados de la ley, pero debe hacerlo sometiendo sus solicitudes a las normas que gobiernan la administración de justicia. No contribuyen al decoro de los juicios los epítetos lesivos, y las expresiones desmesuradas ( Conf. MERCADER, Amilcar " Abogados" OSSORIO, Angel " El Alma de la Toga").-

5- Los DENUNCIADOS, en sus defensas, no rebaten concretamente la imputación de uso de expresiones ofensivas o vejatorias, y que diera motivo a la apertura de esta causa disciplinaria. Se limitan a relatar las alternativas y enfrentamientos entre las partes y el Tribunal en las causas judiciales en que intervienen, tales como posibles violaciones al Código de Procedimientos Civiles etc. Es decir, en las defensas, se esgrimen y denuncian una serie de hechos  alternativas del proceso judicial, en donde este Tribunal es incompetente para emitir opinión. Lo decimos y repetimos, en esta causa, la decisión que debe adoptar esta sala, esta circunscripta a resolver la violación a un deber ético previsto en la ley 5805. Si los letrados mencionados consideran que existen violaciones de otro tipo, por parte de quienes han intervenido en producirlos, deben promover las actuaciones que consideren y ante quien corresponda.-

6- Cabe aquí señalar que aún cuando hipotéticamente en la disputa planteada les asista la razón, debe mantenerse siempre un estilo y lenguaje apropiado y sereno, diciendo lo necesario, incluso con energía y pasión, pero sin ofender ni vejar obviamente, en esta materia, el lenguaje ofensivo del uno, no justifica el del otro. Por todo ello, corresponde aplicar la sanción de Apercibimiento Público.-

SALA TERCERA: DRES. JULIO CESAR MARQUEZ, PTE RUBEN A. FRAIRE, VCPTE CARLOS A. FERRARI, VOCAL.- AÑO 1996.-

SENTENCIA NUMERO: 807

1- Y VISTOS, estos autos de los que resulta que a fs. 8 se dispone la apertura de causa disciplinaria en contra del DENUNCIADO, por resultar prima facie acreditada la violación de las normas de ética profesional previstas en los art. 21, inc. 10 y 50 de la Ley 5805 en sentido que el letrado imputado hubo de ser sustituido por el señor Asesor Letrado en razón de su inasistencia a una audiencia de debate en la que debió actuar como defensor del imputado en sede penal.-

2- Que corrido traslado al letrado imputado, deja vencer el término para comparecer y contestarlo, omitiendo asimismo ofrecer prueba alguna, según así lo certifica la actuaria

3- Que la constancia de autos, consistente en la copia del acta labrada por la Excma. Cámara Del Crimen en la que se da cuenta de la incomparecencia injustificada del DENUNCIADO a la Audiencia de Debate prevista, constituye un elemento de convicción irrefutable, atento su carácter de instrumento público.

4- Que, contra la imputación formulada, el DENUNCIADO no ha producido descargo alguno ni ofrecido prueba que permita desvirtuar el hecho que consta en el instrumento prerelacionado o justificar su inasistencia a la audiencia de que se trataba.

5) Que en este orden de ideas, se advierte que la incomparecencia injustificada del letrado a la audiencia de debate, si bien fue suplida mediante la citación del señor Asesor Letrado, ha ocasionado, sin duda alguna, una postergación innecesaria de tan importante acto procesal. Por ello, y en atención a la inexistencia de otros antecedentes disciplinarios del imputado, según da cuenta el informe de fs. 6, se estima proporcionado aplicarle un apercibimiento público (art. 72 inc. 1) de la Ley 5805.

SALA CUARTA: DRES. MARCELO FERRER VERA, PTE  EMMA LOZA FERREYRA DE DRACICH, VCPTE OSCAR VALTIER, VOCAL. AÑO 1997.-

SENTENCIA NUMERO:841.-

1- Y VISTA esta causa disciplinaria de la que surge que la Cámara del Crimen resuelve remitir los antecedentes a este Tribunal dada las reiteradas e injustificadas inasistencias del abogado DENUNCIADO, en su calidad de letrado defensor del imputado. Que de la documental agregada surgiría prima facie que la conducta profesional del DENUNCIADO podría infringir la norma de ética prevista por el art. 21 inc. 10 de la ley 5805.-

2- Que notificado el DENUNCIADO, comparece, oportunidad en que afirma que en el caso que nos ocupa no existió de su parte abandono de la defensa a la vez que sostiene que su actitud "...sólo obedeció a estrategia procesal" en base a lo cual solicita su absolución. Que la plataforma fáctica de la causa no ha sido materia de cuestionamiento, en tanto de las constancias remitidas por el Tribunal que cursó la comunicación, es factible comprobar, a tres de las certificaciones insertas por el actuario que en tres oportunidades el DENUNCIADO no concurrió al Tribunal pese hallarse notificado de los actos procesales que habrían de cumplirse en su presencia.

2- Que la primera de las inasistencia se registró el día 26/3/96, y respecto de la misma consta el comparendo efectuado el día siguiente por el DENUNCIADO dando explicaciones al Tribunal para excusar su ausencia, mientras que la segunda inasistencia se registró el día 3 de abril de 1996, y esta vez compareció, un media hora después de haberse insertado la certificación, otro letrado invocando la calidad de socio del DENUNCIADO, informando de una indisposición sufrida por el encartado. Finalmente en la audiencia del plenario de la causa, sustanciada el 3 de mayo de 1996, tampoco asiste el DENUNCIADO haciéndolo nuevamente en su lugar quién invocó la calidad de socio, quien se desempeño en el acto como defensor del imputado.-

3- En síntesis, a juicio de esta Sala, si bien el hecho de la insistencia tuvo lugar, de las constancias de autos se arriba a la conclusión que las inasistencias del abogado DENUNCIADO a los actos procesales que refiere las piezas acompañadas en la comunicación base de la acción disciplinaria, fueron justificadas oportunamente, razón por la cual no resulta pasible de sanción por la conducta que se le ha requerido.- Que no obstante ello, resulta oportuno recordar al colega encausado, a guisa de su explicación que sus inasistencias obedecieron a una estrategia procesal, que el inc. 1 del art. 19 de la ley 5805, establece el deber del abogado matriculado de prestar su asistencia profesional como colaborador del Juez y en servicio de la justicia, y que su conducta debiera guiarse por tales principios, ya que se advierte poca contribución al servicio de la Justicia en la utilización de estrategias como la enunciada. Por ello  se sobresee al abogado encausado.-

SALA SÉPTIMA DRES. LUIS ALBERTO PAULIELLO, PTE RICARDO GUILLERMO BORDCOCH, V-PTE MARIO FRANCISCO ROBLEDO, VOCAL.- AÑO 1997.-

SENTENCIA NUMERO: 669

Y VISTA esta causa disciplinaria de la que surge que por comunicación del Juzgado de Conciliación se hace saber a este Tribunal la resolución recaída en los autos:"L.H.F. -S. A.". Que a fs. 24 obra oficio  del Juzgado de Conciliación informando los datos personales de las letradas DENUNCIADAS. A fs.35 se avoca la Sala segunda y se abre causa en contra de las abogadas DENUNCIADAS en virtud de surgir prima facie violación a la normas de ética profesional, previstas por el art. 21 inc. 15.

2- Que al efectuar el descargo las DENUNCIADAS circunscriben su defensa al punto I "Hacemos presente" del escrito presentado ante el Juzgado de Conciliación, en el cual se expresa"que procedería la recusación con causa, pero que para no dilatar el juicio, no harán uso de la misma-. Que dichas expresiones constituyen el ejercicio del legítimo derecho de defensa practicado en causas de especiales características, con la particular gravedad que quienes accionaban eran dos  Magistrados y lo hacían en el mismo fuero que ejercen y en un Tribunal de grado inferior."... Nuestras expresiones han sido legítimas, prudentes, con basamento legal habilitante y con un estilo que denota un respetuoso planteo defensivo de nuestra parte...-.-

3- Que el señor Juez de Conciliación, en virtud de las expresiones vertidas por las letradas en el mencionado informe, en el punto al que hemos hecho referencia, en la parte resolutiva de la sentencia, ordena que se le dé intervención al Ministerio Público y al Tribunal de Abogados. Que el Fiscal de Instrucción interviniente pidió la desestimación y el archivo de las actuaciones remitidas por el mencionado Tribunal, en contra de las letradas, según certificado expedido.-

4- Que analizando el informe en cuestión, el mismo se basó en un argumento jurídico que ya había sido sostenido con anterioridad, por la institución a la que representan, a través de otros letrados apoderados, en los autos:"O.L.A. Amparo", los que se tramitaron por ante el Juzgado Civil y Comercial, siendo de destacar lo sostenido, en dicha oportunidad, por el Señor Juez Civil al resolver la causa, "... He querido resolver el presente y delicado caso, con la suficiente objetividad e imparcialidad que es dable esperar de un juez, más allá de las cargas emotivas que pueden resultar de una situación de esta naturaleza por mi doble carácter de magistrado y colega del peticionante, y de afiliado a la Caja. Hubiera sido fácil, aceptar la excusación deslizada por la demandada y apartarme del caso, pero creo que ello no es conducente a la labor judicial en su sentido estricto de la palabra, ya que de alguna manera dilataría la resolución del problema para el actor y dejaría de lado un imperativo legal de juzgar que me impone la función, más allá de las partes involucradas en cada caso... ".-

5- Que si bien el escrito presentado por las letradas, modifica ciertos términos, en general, sigue la línea del que acabamos de señalar y que fuera resuelto por el Sr. Juez Civil, Reiterando el criterio de este Tribunal que las palabras deben ser interpretadas en su contexto, y no constituye ofensa o vejación a un magistrado, ni una falta de ética, una apreciación subjetiva realizada por las DENUNCIADAS, cuando de la lectura del escrito surge que no hubo intención de ofender, vejar o dañar la investidura que S.S. representa, máxime cuando no se interpone la recusación, confiándose de esa manera en la imparcialidad de la decisión. Por ello SE RESUELVE: Desestimar la presente denuncia.

SALA SEGUNDA: DRES. LUIS BERNARDO CIMA, PTE JOSE LUIS RODRIGUEZ, VCPTE LILIAN ALANIS, VOCAL.- AÑO 1995.-

SENTENCIA NUMERO: 653

1- Y VISTA esta causa de la cual surge que en actuaciones tramitadas por ante el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Córdoba el DENUNCIANTE formula denuncia en contra del abogado DENUNCIADO, exponiendo que encomendó al profesional la tramitación de dos juicios: "D.M.J. C/A.C. ORDINARIO" y "D.M.J. C/L.E. ORDINARIO" en mayo de 1985, no pudiendo, según sus dichos obtener información cierta sobre el estado procesal de las actuaciones a pesar de las distintas entrevistas mantenidas con el profesional. Que de la resolución de la sala Arbitral actuante surge que el DENUNCIADO habría asumido un compromiso verbal ante los vocales de la Sala Arbitral de entregar toda la documentación relacionada con ambos juicios, por lo que ante el incumplimiento por parte del profesional, se aconseja al H. Directorio del Colegio de Abogados de Córdoba elevar las actuaciones a este Tribunal de Disciplina.

2- Que esta Sala debe resolver, previa valoración de los elementos arrimados como prueba, si el DENUNCIADO ha incurrido en violación a la norma prevista en el inc. 12 y 10 del art. 21 de la Ley 5805 (retención indebida de documentación y abandono de defensa), en el desempeño de su actividad profesional y con relación a la tramitación de las causas judiciales que le fueran confiadas por el DENUNCIANTE

3- Que analizados los dos expedientes judiciales en cuestión se concluye que con relación a los autos caratulados "D.M.J. C/ L.E.-ORDINARIO" se ha verificado que la tramitación de la causa no ha sido regular, pues la actividad profesional del DENUNCIADO desde la presentación de la demanda en Octubre de 1986 hasta su renuncia como apoderado y su sustitución por otro patrocinio letrado en abril de 1994 ha sufrido continuas interrupciones generando prolongados lapsos de inactividad procesal, de los que da cuenta los reiterados "para agregar" glosados a la causa cabe además agregar que al tiempo de cesar la actividad del DENUNCIADO como apoderado del actor, a más de siete años de iniciado el juicio, la causa aún no había sido abierta a prueba, no existe constancias de que se hallan diligenciado las notificaciones a los demandados domiciliados en Buenos Aires, ni que se haya diligenciado el embargo ordenado por el Tribunal a los fines de garantizar el crédito del DENUNCIANTE.

4- Con relación a los autos "D.M.J. C/ A.C.ORDINARIO" radicados hoy por ante la Cámara Civil y Comercial, el trámite de la causa, ha sido regular desde la interposición de la demanda por parte del DENUNCIADO en octubre de 1986 hasta Octubre de 1991 fecha en la que el juicio, radicado ya ante la Cámara por recurso de Apelación, queda paralizada luego de la expresión de agravios por parte del demandado, hasta Marzo de 1994 fecha en que el DENUNCIADO renuncia como apoderado y el DENUNCIANTE designa nuevos patrocinantes, quienes han continuado el trámite de la causa.-

5- Mención aparte merece para esta Sala, la irregularidad verificada en los autos "D.M.J.C/L.E. ORDINARIO" respecto del desempeño del restante abogado del actor, quien conforme constancias del referido expediente, acepta el poder conferido a su favor por el DENUNCIADO, (apoderado del actor) y luego dos años después comparece como apoderado del demandado, contestando espontáneamente la demanda.-

6- Atento que no fue motivo de imputación ni investigación en la presente causa disciplinaria, la actividad desplegada por el letrado apoderado del actor y luego del demandado, como así tampoco el silencio del DENUNCIADO y de los abogados que lo sucedieron (violando prima facie el art. 21 incs. 1, 2 y art. 50 de la ley 5805 el primero y el deber impuesto por la Ley 5805 art. 21 inc. 22 los restantes) esta Sala se ve limitada a valorar dicha conducta como éticamente reprochable.-

7- Que ceñidos a lo que es materia de la presente Resolución, esta Sala considera que la actividad profesional desplegada por el DENUNCIADO en los autos: "D.M.J.C/ L.E." se encuentra incurso en la falta disciplinaria prevista en el art. 21 inc. 10 de la ley 5805, es decir ha existido un abandono o descuido inexcusable de la causa confiada a su representación, análisis que no ha podido ser enervado por argumento exculpatorio alguno ante la rebeldía del DENUNCIADO y la consecuente omisión en producir su defensa en las presentes actuaciones disciplinarias.-

8- Con relación a los autos "D.M.J. C/ A.C.ORDINARIO" se concluye que ha pesar de la paralización del trámite del juicio entre 1991 a 1994  no se encuentra que la actividad desplegada por el DENUNCIADO halla infringido norma disciplinaria alguna, ello atendiendo al estado procesal del juicio al tiempo de su paralización y la inexistencia de perjuicios ciertos para los intereses de sus clientes.

9- Con relación a la posible violación de la norma del art. 21 inc. 12 de la ley 5805, esta Sala entiende que debe desestimarse tal imputación atento a no haberse acreditado la retención indebida de documentación. Por lo que SE RESUELVE: Aplicar la sanción de  APERCIBIMIENTO PUBLICO.-

SALA SEXTA: DRES. ROBERTO JULIO JORDAN, PTE MARIO FRANCISCO ROBLEDO, VCPTE ROSA MONTALDO DE DEL VADO, VOCAL. AÑO 1995.-

SENTENCIA NUMERO: 827

1- Y VISTA esta causa la que oportunamente se abrió en contra de los DENUNCIADOS por la presunta violación de las normas de ética prevista por el inc. 8vo., primera parte, del art. 21 de la ley 5805, imputándosele abultar maliciosamente importancia del asunto con el propósito de aparentar mayor labor profesional en base a la presentación efectuada por el DENUNCIANTE a quién se le invitaba a abonar la liquidación de una multa impuesta por la  Municipalidad, según resolución en cuya liquidación, que copia obra a fs. 4 de autos, además de los rubros "monto neto de multa". "actualización convertibilidad" y "gastos de envío", se incluía los denominados "gastos judiciales", "Honorarios Judiciales" y "Honorarios extrajudiciales".-

2- Antes de adentrarnos al análisis de los antecedentes, cabe destacar que según certificado del Colegio de Abogados, uno de los DENUNCIADOS ha perdido el carácter de abogado matriculado, por lo cual, y según la doctrina sentada en el plenario número cincuenta y uno en relación al mismo se ordenó la suspensión del procedimiento y de los plazos a los fines de la prescripción de la acción disciplinaria a partir del 05 de mayo del corriente año, archivándose provisoriamente las actuaciones respecto del mismo.-

3-  Queda en consecuencia por resolver solamente la situación del restante DENUNCIADO.- Conforme surge de los términos en que el mismo evacuo el traslado oportunamente corrido por el Tribunal, no se encuentra controvertido el hecho de la remisión del DENUNCIANTE de la correspondencia que en copia obra a fs. 3 acompañando la liquidación que también en copia obra a fs. 4 respecto de la cual, se dice, es elaborada con la información remitida por el cliente -Municipalidad- deslizándose un error al ser recargada en la computadora, la que a  la vez emite una liquidación estimativa en la que se incluyen los rubros honorarios a fin de que el cliente vea la conveniencia de reducir costos.-

4- Debemos en primer lugar aceptar como razonable la excusa presentada por el letrado DENUNCIADO en el sentido de que el monto reclamado al DENUNCIANTE  -y a otros- en concepto de multa se debió a un error material.- En ese sentido destacamos que el monto neto de la multa asciende en dicha liquidación a la suma de $ 577.125,00 al que se le debe agregar en concepto de lo allí se denomina " Actualización convertibilidad" la suma $ 61.091,00 lo que nos exime de toda otra consideración.-

5-  Pero no ocurre lo mismo con la inclusión de los otros rubros en la liquidación de que se trata, tal como "gastos judiciales", "Honorarios Judiciales" y " honorarios extrajudiciales" mas allá del monto al que asciendan los mismos.- En ese sentido el descargo o justificación intentada por el DENUNCIADO al evacuar el traslado ordenado por este Tribunal no es lo suficientemente claro como para enervar el juicio de condena que despierta la conducta como la señalada.- En efecto, incluir en un reclamo extrajudicial dirigido a un neófito los gastos del juicio, sin aclarar que ellos recién se devengarán sólo frente a una eventual condena judicial, y honorarios judiciales y extrajudiciales sin aclarar que unos excluyen a los otros y que son estimativos, significa incurrir en la conducta prevista por el inc. 8vo del art. 21 de la ley 5805 que debe ser sancionada por este Tribunal de ética, correspondiendo declarar al abogado DENUNCIADO incurso en la falta prevista por el inc. 8vo, primera parte del art. 21 de la ley 5805 y en consecuencia aplicarle un Apercibimiento Público.

SALA SEGUNDA: DRES. HORACIO J. CASTELLANOS, PTE JULIO M. ESCARGUEL, VCPTE JULIO A. DEHEZA, VOCAL.- AÑO 1996.-

SENTENCIA NUMERO: 798

Y VISTA esta causa disciplinaria de la que surge Que los DENUNCIADOS en un escrito judicial, que en copia obra en esta causa, manifiestan: "No puedo sino señalar que me llama poderosamente la atención la celeridad con que el despacho de esta Excma Cámara, dió trámite a la presente causa. Baste como demostración de ello, que el escrito conteniendo los agravios del recurrente es presentado el 18 de noviembre pasado las 1415hs. Ese mismo día y antes de las 18:00 horas, ingresa y sale del despacho con la providencia respectiva.". La Excma Cámara Civil y Comercial al dictar el Auto Interlocutorio, sostiene que lo expresado en orden a la celeridad " importa una velada pero inequívoca imputación de falta de imparcialidad, a este Tribunal" y en definitiva en el apartado 4º de la parte resolutiva dispone " aplicar un apercibimiento a los DENUNCIADOS y girar copia de este pronunciamiento al Honorable Tribunal de Disciplina de Abogados.-

2- Entrando al análisis de tales expresiones, podemos advertir, que la celeridad que se menciona , no se discute, incluso, implícitamente, es reconocida, por el Tribunal al dictar el Auto Interlocutorio.- Objetivamente analizados los antecedentes traídos a consideración de esta Sala, demuestran efectivamente la existencia de celeridad en el trámite, razón por la cual al poner de manifiesto este hecho cierto, NO es posible atribuir a esos términos el sentido que le atribuye el Tribunal y por ende su carácter de ofensivos o que importen una vejación inútil.-

3- Por otra parte, determinar cual es la intención de los DENUNCIADOS, o si existió "animus injuriandi", resulta muy dificil, pues las palabras, como se ha dicho, califican un hecho indiscutido. En realidad, para que esos términos, importen una ofensa o vejación, deben tender a desacreditar a los integrantes del Tribunal y por el contrario, lejos de ello, en este caso, los enaltece. Distinta seria la cuestión si afirmaran una falsedad.-

4- No advertimos otras expresiones que unidas a esta, permitan inferir falta de respeto u ofensas para los Señores Magistrados.- Debemos ser cuidadosos al analizar, la causal de que se trata, pues si bien, no podemos limitar la defensa en juicio, tampoco se debe permitir excesos en el lenguaje.- Los Dres. Rosenkranz, Caivano y Mayer en su obra " Etica Profesional de los Abogados", Pag. 188 formulan estas atinadas reflexiones sobre el tema "... Como interpretación a estas normas se ha dicho que " para que se configure la conducta típica del art. 22 inc. b) del Código de Etica, no es suficiente un mero subrayado en una palabra, sino que es menester fundamentalmente la prueba inequívoca del "animus injuriandi, la intención malévola  y dolosa de ofender provocando un daño injusto a los sentimientos de la parte ofendida. Si toda crítica- aun irónica- contra una sentencia corriera peligro de que fuera tenida como una falta grave de respeto, se impediría en la práctica el control que debe ejercer no sólo el abogado, sino la sociedad toda sobre la actuación de los Magistrados y funcionarios en general, principio básico y esencial del sistema republicano".-

5- Este Tribunal sostuvo que " no corresponde que cualquier expresión gramatical pueda tomarse como exceso o desmesura, y en su valoración este Tribunal debe actuar con prevalencia de la serenidad y cautela, antes que asignarle ánimo ofensivo a fin de no lesionar la dignidad del abogado". ( Tribunal de Disciplina, Sala II Año/92), en consecuencia la conducta de los DENUNCIADOS no ha violado norma ética alguna, ordenando el archivo de las actuaciones.-

SALA TERCERA: DRES. JULIO CESAR MARQUEZ, PTE IVAN MALDONADO, VCPTE RUBEN FRAIRE, VOCAL.- AÑÓ 1997.- 

SENTENCIA NUMERO: 802

1- Y VISTA esta causa disciplinaria en la que a fs. 1 corre una cédula de notificación conforme a la cual se notifica a este Tribunal la imposición de una multa de veinte pesos por cada día de atraso en la devolución de los autos "L.R.G. C/ N. del V.L. y O. - P.V.E." a cargo del DENUNCIADO, en virtud de la retención del expediente principal del juicio. A 13 corre el decreto por el cual se dispone instruir el presente proceso en contra del DENUNCIADO por presunta infracción al inc. 13 del art. 21 de la ley 5805.

2- A continuación los Sres Miembros de la Sala proceden a emitir su voto según el siguiente órden: en primer lugar lo hace el Dr. Mario Francisco Robledo Vocal, en segundo término lo hace el Dr. Luis Alberto Pauliello Presidente de la Sala y en último lugar lo hace el Dr. Ricardo Guillermo Bordcoch VicePte.-

VOTO DEL DR. MARIO FRANCISCO ROBLEDO: I) Que se imputa al DENUNCIADO la retención de un expediente judicial, en conducta reprimida por el Juzgado interviniente con la aplicación de una multa diaria de valor económico a favor de la contraparte.-  Que en su defensa material, el matriculado expresa que si bien es cierto que el expediente obraba en su poder, nunca fue anoticiado de la comunicación para devolver los autos, en virtud que desempeña su profesión en la Ciudad de Cruz del Eje y sólo ocasionalmente litiga en esta Ciudad. No tiene, entonces, un estudio instalado aquí por lo que utiliza el de otro letrado al cual ofrece de testigo, y en el caso concreto sólo consignó su apellido lo que produjo confusión en éste letrado quien no pudo discernir si se notificaba al DENUNCIADO o al PADRE DEL DENUNCIADO, ya que ambos son abogados. Por esa razón este abogado no avisó a nadie del pedido, descontando -declara- que sería nuevamente notificado el decreto por las razones que suministró personalmente a la notificadora.-

3- Que en la presente causa se juzga la conducta del DENUNCIADO y no la del colega que recibió la cédula y omitió -con o sin razón valedera- dar aviso al interesado. De modo que no siendo el estudio, propio sino la facilitación de una dirección más allá que resulte correctamente notificado a los efectos de cualquier juicio civil, lo cierto es que el DENUNCIADO no tuvo conocimiento personal del requerimiento del Tribunal y no puede achacársele la inobservancia de una norma ética.

4- Estimo que funciona a su favor el mecanismo de la duda ya que no existe la certeza de que se hubiera sentido requerido para la restitución, requisito indispensable para la configuración de la falta ética.- No empece a esta conclusión el precedente creado por la sanción comunicada por el Juzgado Civil a este Tribunal ya que la misma se aplicó inaudita parte aunque la misma haya quedado firme.- Por las consideraciones precedentes y constancias de la causa: voto por I) Desestimar la presente denuncia y en consecuencia ordenar el archivo de las actuaciones.-

5- VOTO DEL DR. LUIS ALBERTO PAULIELLO:I) Que conforme a las constancias obrantes en los actuados civiles y no negadas por el DENUNCIADO, quien retiró los autos indicados, confeccionando un recibo en forma incompleta, esto es, consignó solamente su apellido y no su nombre, y además consignó en forma incompleta el domicilio impidiendo -con una negligencia culposa o no- que se le notificara el proveído por el cual se le intimaba a la devolución del expte. Por ello, considero que quien consigna un recibo en forma incompleta, al retirar un expte, se equipara a quien retira un expte "sin confeccionar recibo".-

6-  Esta citación es muy molesta para los litigantes. De este modo la parte contraria queda en un virtual estado de indefensión. Que debe hacer el abogado ante el retiro del expte, sin confeccionar recibo, o dicho de otro modo que debe hacer ante un recibo confeccionada en forma irregular que impide la notificación e intimación correspondiente para su devolución?.-

7- Quien incurrió en ese hecho no puede estar en mejor situación que quien confecciona correctamente el recibo y puede ser intimado a su devolución inmediata, con la consiguiente sanción en caso de incumplimiento. El testigo dijo: "... El DENUNCIADO acostumbra a fijar domicilio en su estudio..." continúa diciendo que "...con la cédula en su poder advierte...que se consigna solamente el apellido y el número del edificio, pero no estaba consignado los nombres de pila del destinatario, ni tampoco el domicilio con exactitud, es decir, falta piso y oficina...", " por eso no hizo ninguna comunicación ", pero he aquí que en la cédula de notificación se consignaban los datos que el DENUNCIADO estampó en el libro de retiro de expedientes, entonces, retomando lo anteriormente dicho, si el recibo no se confeccionó correctamente no cumplió su finalidad, -no permitió el emplazamiento en su legal forma- el expte retirado en esta forma en cuanto a sus efectos se equipara al retiro sin dejar recibo, situación que esta prevista en el inc. 13 del art. 21 de la ley 5805, y que obliga al opinante a aplicar una sanción.

8- Merece un párrafo aparte lo manifestado por el DENUNCIADO al iniciar su descargo, cuando indica que recibió la notificación de "casualidad, por cuanto el domicilio DENUNCIADO en el Colegio de Abogados no es correcto-. Esto, lejos de ayudarlo me obliga a llamarle la atención al abogado por cuanto constituye también una violación al art. 19 inc. 6to de la ley 5805, ( avisar al Colegio todo cambio de domicilio), obviamente su incumplimiento no beneficia su postura, por el contrario. Por las consideraciones precedente, y demás constancias de la causa las que ha sido analizada en su totalidad, voto por la aplicación de la sanción de apercibimiento público y así propongo que se resuelva en esta Sentencia.-

9- VOTO DEL DR. RICARDO GUILLERMO BORDCOCH: Que contrariamente a lo señalado por el Vocal Dr. Mario F. Robledo, del análisis de la causa concluyó, conforme las constancias que según de la cédula de notificación diligenciada en el estudio jurídico del abogado que presta declaración en la causa, que el emplazamiento para reintegrar el expte retirado del Tribunal, efectivamente tuvo lugar. Que entonces no corresponde internarse en otras cuestiones, dado que a los fines requerido por el inc. 13 del art. 21 de la ley 5805, vasta que la intimación se efectúe y el obligado no cumpla con la restitución, por lo que a mi juicio no constituye la explicación suministrada por el DENUNCIADO un eximente de su responsabilidad, ya que debió arbitrar las medidas necesarias para asegurar cuando le fuera requerido, la devolución del expte al Tribunal, y no puede su yerro obrar ahora en su favor. Por ello, voto a favor de la sanción propuesta por el miembro preopinante.- Por todo lo expuesto SE RESUELVE: Considerar al DENUNCIADO incurso en la infracción prevista por el art. 21 inc. 13 de la ley 5805, disponiéndose aplicar la sanción de apercibimiento público.-

SALA SEPTIMA. DRES. LUIS ALBERTO PAULIELO, PTE GUILLERMO BORDCOCH, VCPTE MARIO FRANCISCO ROBLEDO, VOCAL.- AÑO 1996

SENTENCIA NUMERO: 679

1- Y VISTA esta causa que es traída a los fines de que esta Sala resuelva sobre la posible infracción a las normas de ética profesional por parte de las DENUNCIADAS, debiendo en consecuencia analizarse por separado la conducta de cada una de ellas.-

2- Que la renuncia al patrocinio formulada por una de las DENUNCIADAS es de fecha 7- 12-90. Que en octubre de 1991 las DENUNCIANTES comparecen a una audiencia con un nuevo patrocinio letrado, habiendo previamente consignado los honorarios que le fueran regulados a esta denunciada de ello se infiere que con certeza las DENUNCIANTES ya en octubre de 1991, conocían la actividad profesional desplegada por esta DENUNCIADA en los autos de referencia, habiendo dejado vencer con exceso el plazo de un año que establece el art. 78 de la ley 5805.

3- Con referencia a la conducta de la abogada co-denunciada, encontrándose vigente la potestad disciplinaria, corresponde analizar los hechos DENUNCIADOS a la luz de las pruebas rendidas en autos. En este sentido se ha verificado de las constancias obrantes en el expediente"...." que la abogada co-denunciada, quien tenía participación en los autos como patrocinante de uno de los herederos, compro en subasta, el único bien inmueble del acervo hereditario para lo cual comisiono a su cliente , que este hecho ha sido confesado por la letrada denunciada al contestar el traslado a fs. 30/31.-

4- Que la adquisición realizada por la denunciada se encuentra expresamente prohibido por el art. 1361 inc. 6 del Código Civil, prohibición que habilita la tipificación ética de la conducta profesional de la abogada denunciada en los términos del art. 21 inc 23 de la ley 5805, por consiguiente esta Sala estima que la infracción a las normas de ética por parte de la abogada encartada debe ser objeto de sanción disciplinaria. Por lo expuesto SE RESUELVE: Imponer la sanción disciplinaria de suspensión por el término de tres meses.-

SALA SÉPTIMA. DRES. LUIS ALBERTO PAULIELLO PTE RICARDO GUILLERMO BORDCOCH VPTE Y DOMINGA BETTI CAFFARATTI VOCAL.- AÑO 1995.

SENTENCIA NUMERO: 816

1- Y VISTA esta causa disciplinaria de los que resulta que a fs. 8 se inician estas actuaciones de oficio en mérito a la incomparecencia injustificada y reiterada del DENUNCIADO a las audiencias designadas a los fines de receptar su declaración testimonial en la causa disciplinaria "Z.C. J.M. DENUNCIA FORMULADA POR M.E.A." que se tramitó por ante la sala Primera de este Tribunal de Disciplina, surgiendo a prima facie violación a las norma de ética profesional, previstas por el art. 21 inc. 18 de la Ley 5805.

2- Que a pesar de estar debidamente notificado el DENUNCIADO, no concurre a las audiencias que fueron fijadas a los fines de recepcionar su declaración testimonial, no justificando en tiempo y forma  su inasistencia a las mismas.

3- Que, no obstante ello, en su escrito de fs. 19-20 el DENUNCIADO al comparecer a formular descargo, acompaña como prueba dos certificados médicos extendidos por un médico, con lo que pretende justificar su inasistencia a las audiencias fijadas oportunamente y en las que debía deponer. Resultando extemporánea la justificación del DENUNCIADO, toda vez que dichos certificados debieron ser acompañados como justificativos de su inasistencia a las audiencias fijadas, no como prueba en esta causa.

4) La prueba colectada nos lleva a encontrar al DENUNCIADO incurso en conductas reñidas con la ética que se le exige a todo letrado en el ejercicio de su profesión damos razones: a) se encuentra debidamente probado en autos la inasistencia injustificada a los fines de recepcionar su declaración testimonial. b) Que, su citación obedecía a una medida para mejor proveer dictada por la sala Primera de este Tribunal de Disciplina a los fines de determinar si la conducta del Dr. Z.C.J.M. encuadraba dentro de una falta ética que mereciera sanción alguna. c) Que, concretamente, su testimonio en la causa de referencia era de vital importancia, pese a ello no concurre a prestar declaración ni justifica en tiempo y forma su inasistencia. d) QUE Resultan extemporáneas las justificaciones aportadas en autos, toda vez que a los fines de no entorpecer el normal desarrollo del proceso debió justificar su inasistencia en tiempo y forma. e) El DENUNCIADO no solo no colabora con la investigación de la causa, sino que hace caso omiso a la obligación de prestar testimonio cuando  se lo requiere, lo que por su condición de Abogado no puede desconocer. f) En modo alguno puede justificar su actitud al ser promovida esta acción de oficio, desconociendo la obligación de testimoniar cuando una investigación o Tribunal se lo requiera para esclarecimiento de un hecho, más en ese caso en que su testimonio se constituía en relevante por su calidad de abogado de la contraparte de la DENUNCIANTE en la causa judicial.

5) Que finalmente, la sanción a imponer al DENUNCIADO deberá graduarse en consideración a las particularidades del caso y la falta de antecedentes computables del DENUNCIADO.

6- Por todo ello y lo dispuesto por los arts. 21 inc. 18, 72, 85 y cctes. de la Ley 5805. SE RESUELVE: Aplicar al abogado DENUNCIADO la sanción de Apercibimiento Privado por violación a las norma comprendida en el inc. 18 del art. 21 de la Ley 5805.

SALA SEXTA: DRES. EDUARDO A. ROSENDE, PTE INES MONTALDO DE DEL VADO, VCPTE JORGE A. MARTIN, VOCAL.- AÑO 1997.-

SENTENCIA NUMERO:794.

1- Y VISTA esta causa en la que corresponde resolver si el abogado DENUNCIADO ha violado la norma contenida en el inc. 15 del art. 21 de la ley 5805 que sanciona la conducta consistente en " Excederse en las necesidades de la defensa formulando juicios o términos ofensivos". De la misma resulta que el abogado DENUNCIADO ha hecho uso de vocablos de estructura y significación manifiestamente menoscabantes dirigiéndolos hacia una Magistrado al articular en los autos "C.J.E. Y L.B.A. DV.". No otro calificativo cabe acordarle a las expresiones "...Ante ello, y al ser agraviado por el fallo en mis legítimos derechos patrimoniales, por el cobro de los montos que por honorarios y gastos devengados me corresponde cobrar aquí y en cualquier lugar del mundo ... Lo que resultan inoficiosas, maliciosas y arbitrarias son las resoluciones del Tribunal dictadas a partir de la presentación del primer escrito con mi patrocinio ... De las constancias de autos, surge que los escritos presentados fueron procedentes para cualquier tribunal normal ... lo que ocurre es que V.S. y Secretaria actuante, en forma arbitraria, maliciosa y perversa, nos denegó en forma sistemática las legitimas peticiones formuladas, sin expresar razones valederas atendibles. Que tanto V.S. como secretaria actuante, carecen de idoneidad inexcusable del derecho, como así mala fe para perjudicar a mi parte. Que tanto V.S. como secretaria actuante, han demostrado una incapacidad y soberbia en el ejercicio del cargo que es incompatible con la función debida..." . Estas expresiones contienen gravísimas acusaciones, inclusive alguna de ellas atributivas de delitos que habría cometido el Sr Juez interviniente, que no se compadecen con la realidad del expediente y con la mesura con que debe actuar cualquier letrado en el ejercicio profesional.-

2- Ninguna razón puede existir para apartarse del respeto y consideración que merecen los jueces en razón de su investidura Institucional, ni aún en el caso que se estime que su actuación no es la que legalmente corresponde. El abogado es un auxiliar de la Justicia, y como tal ha sido reconocido en nuestro derecho positivo. Aunque defienda un interés particular, en su acción va más alla de eso en realidad sirve al interés público de la justicia, o lo que es lo mismo, es un colaborador del juez en la identificación del derecho aplicable al caso concreto por ello es merecedor del mismo respeto y consideración que los Magistrados. Pero cuanto mas amplio son los derechos, correlativamente mas importante son las obligaciones.-

3- Los términos injuriosos -como los vertidos por el abogado DENUNCIADO- no ayudan para lograr una recta administración de justicia ni para la defensa de los intereses confiados al letrado. Por el contrario, constituyen agravios inmotivados e inútiles para el fin propuesto. El acusado procedió en las situaciones analizadas con el inconfesado propósito de herir tanto al Juez, como a la organización judicial en general o sea actuó dolosamente, con intención de producir un mal.-

4- Los abogados en su actuación profesional deben ser parciales no para desviar la actividad de la Justicia o engañar al Juez, sino en defensa de los intereses que le han sido confiados por sus clientes pero ello no los autoriza a ejercer su cometido excediéndose en el lenguaje utilizado en los escritos si de ello se deriva- como en el caso sub- examine-, una afrenta al tribunal y a la administración de justicia. Si el abogado DENUNCIADO se sintió damnificado por una resolución judicial, los remedios legales consisten en interponer los recursos respectivos y no en efectuar imputaciones que no tienen otro efecto que herir en el plano personal e institucional, . Por ello se dispone aplicar una suspensión en su matrícula profesional de quince días.-

SALA TERCERA. DRES. JULIO CESAR MARQUEZ, PTE IVAN MALDONADO VPTE Y RUBEN ALEJANDRO FRAIRE VOCAL. AÑO 1997.-

SENTENCIA NUMERO:688.

1- Y VISTA esta causa en que se investiga la conducta profesional de la letrada DENUNCIADA a la luz de lo preceptuado por el art. 21 inc. 15, en virtud de un escrito presentado en el juicio caratulado "P.R.E. C/ A.A.M. Y O. D.-" por expresiones supuestamente descalificantes que vierte de la persona del DENUNCIANTE. En el proceso se corre traslado por el término de ley, la DENUNCIADA comparece, efectúa descargo y ofrece prueba. Que a fs. 17 el Tribunal obvia la prueba ofrecida en virtud del art. 82 de la ley 5805 y dispone los autos para alegar. A fs. 18 la DENUNCIANTE amplia prueba, a fs. 25 el Tribunal remite a lo decretado a fs. 18 a fs. 27 se clausura el periodo de prueba.-

2- Este Tribunal se avoca al estudio y resulta que de la lectura del instrumento aportado por el DENUNCIANTE y no negado  ni desconocido por la denunciada en su descargo, destacamos muy especialmente el párrafo 3 y 4 del punto 1 donde se vierten expresiones no felices  y ciertamente agraviantes y descalificantes para con la persona del DENUNCIANTE. Este Tribunal cree conveniente la transcripción de dichos párrafos en su totalidad para que las palabras injuriosas no queden fuera de contexto: "Además, es público y notorio, que la S.R.L., como socios y o los comparecientes, tienen la suficiente solvencia económica como para afianzar la supuesta inventada acreencia que el actor de autos, dice tener a su favor no obstante ello, el mencionado actor de autos en su desmedida, insólita, envidioso, o impregnado de su característica arrogancia, y soberbia, recurre, acompañado de ciertos sujetos e individuos o inconfesables medios, para lograr lo que no puede lograr con altura, capacidad e idoneidad, olvidándose, incluso, de sus tan mentados principios cristianos, que como " predicador evangélico dice tener en su predicaciones que con toda caradurez efectúa por ante incautos fieles en la Iglesia Evangélica de calle Liniers. No cabe ninguna duda, que el único fin objetivo del actor de autos, era y es el envidiosamente destruir y desprestigiar, injusta, gratuita y calumniosamente, ante la comunidad, y las Instituciones de esta Ciudad, atacando el buen nombre de la firma... y de sus socios integrantes en particular, pensando, justamente, que él, o sea el actor de autos-DENUNCIANTE-, nada tiene que perder, porque nada tiene, sólo envidia y maldad, encubierta en sus tan mentados principios cristianos. Vaya que ejemplo, es para imitarlo, y contemplarlo, benerándolo con lástima".-

3- Este Tribunal efectúa el estudio semántico de dichas palabras de que se desprende el sentido injurioso y descalificante, que trasciende mucho más por ser manifestadas y escritas por una profesional universitaria, dirigidas a un Juez por cuanto introduce en un pleito cuyo objetivo en si mismo era lograr otro fin, ello es ofrecer documental para sustituir embargo.-

4- Que sin perjuicio de las inconductas y faltas que hubiere cometido una parte, nada de ello justifica respuestas reñidas con la ética profesional y muy especialmente con la única herramienta profesional que los "abogados cabales y ciertos" tienen -ello es la palabra-. Es real que también los abogados se exponen debido a las confrontaciones que conducen a padecer estados de ánimos "muy especiales", pero precisamente es "el abogado" que después de estas situaciones límites personales necesariamente debe reflexionar y decir y escribir racional y serenamente con el debido alcance técnico para cada caso especial, más aún con la gracia de manejar un lenguaje rico abundante y poderoso, como es en nuestro caso la lengua castellana, viene al caso citar a Jorge Edwards: "...el español es una de las lenguas más dinámica y de mayor crecimiento en la actualidad".-

5- Que es por lo tanto sin dejar de reconocer que el vencimiento de términos procesales muchas veces no permite recrear la lengua, sintaxis y la gramática, pero es del caso que el escrito que presente o exponga "un profesional" cualquiera sea su especialidad, muy especialmente el de un abogado que con su palabra debe convencer probar y triunfar, necesariamente tiene que exceder el límite de lo vulgar -vulgar por aquello de lo usado por el lego, no vulgar por lo comprensible que así debe ser-, pero muy especialmente el abogado debe usar y hacer gala del lenguaje técnico y ajustado a extremo. Que es también de destacar que del "superior" ya sea en autoridad o en educación se esperen gestos decires o actos que mejoren, superen y enseñen al subordinado o menos formado o culto, de lo contrario  -usar los mismo procedimientos- confunde y degrada aún más la condición de tal, en este caso de "abogados", se desdibuja quien es quien. Que por lo tanto el profesional "que ha sido hostigado y perseguido con improperios, malos tratos y agresiones verbales como así relata la denunciada, y que sufriere por parte del DENUNCIANTE a fs. 14 vta. de su descargo tiene vías de acción distintas y más eficaces que la confrontación verbal y escrita, más aún cuando se efectúan en forma indirecta como es en el escrito de trámite procesal.-

6- Que por los motivos expuestos de lo observado y señalado, queda configurada la conducta antiética profesional de la denunciada con el alcance del art. 21 inc. 15. Que a pesar de ello este Tribunal asume también la trayectoria profesional de la denunciada de diecinueve años de ejercicio y sin antecedentes disciplinarios, inequívocos de su actuación, por lo que decide resolver ajustado a equidad, morigerar o atenuar la sanción al extremo mínimo y aplicar un Apercibimiento Público.-

SALA TERCERA. DRES. FLORENCIA GLADYS RUSCONI, V-PTE MAXIMILIANO VIDELA, VOCAL ADELA DEVAGLIA DE SANCHEZ FREYTES, VOCAL. AÑO 1995.-

SENTENCIA NUMERO:821

1- Y VISTA esta causa en la cual se procede a levantar Acta Cabeza de Proceso Disciplinario en virtud de la comunicación cursada en fecha 24-2-93 por el Juzgado de Instrucción de Deán Funes, mediante la cual se pone en conocimiento  de éste Tribunal la existencia de la causa penal caratulada: "DENUNCIADA p.s.a. de Adulteración de instrumento público", en la cual recayó la sentencia dictada por el mismo Tribunal, por la que se dispuso sobreseer totalmente a la letrada encartada del delito que se le atribuía, consistente en la adulteración de un oficio judicial librado por el Sr. Juez Civil y Comercial de Deán Funes en autos: "M.M.G.B. c/J.R.M.DIVORCIO", diligenciado por la referida letrada. Que encuadrando prima facie la conducta profesional de la letrada en los art.21 primera parte y 50 de la ley 5805, se dispone instruir proceso disciplinario en su contra.-

2- Que de la copia certificada del pedido de promoción de acción e instrucción judicial formulado por el Sr.Fiscal de Instrucción, se extrae que el 9-10-91 la DENUNCIADA compareció por diligencia en los autos "MMGB c/JRM-Divorcio" solicitando se ejecute la exclusión del hogar del demandado, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2? de la resolución dictada en autos. Que el día 11 de octubre de 1991, el Tribunal libra un nuevo oficio ordenando "se proceda a excluir de la sede conyugal al demandado debiendo retirar de dicho inmueble todos sus efectos personales y/o pertenencias", en que se nota nítidamente que dos renglones después de la palabra "pertenencias" habían sido borrados, e intentado restaurar con tinta negra, lo que también ocurre después de las palabras "Dios Guarde A Usted, pero tratando de restaurar dos renglones que pasan sobre la firma de la Juez, instrumento éste que fue cargado por la Sra. Juez de Paz interviniente. Que a fs.92 de los referidos autos, aparece otro oficio fechado el día 11-10-91, al que se le trataron de restaurar los renglones, y al que después de la palabra "pertenencias" se le agregó la leyenda "como asi también desalojara a las personas u ocupantes de ese inmueble junto a sus efectos personales y pertenencias", salvándose al final la frase a partir de "de ese inmueble, junto a sus efectos personales ó pertenencias".-

3- Expresa el citado funcionario en el instrumento referido, que al no existir constancias, ni haberse glosado en el expediente de divorcio el oficio diligenciado librado el 11-10-91, se ordena su remisión a la Sra. Juez de Paz, quien contesta que dicho oficio y su diligenciamiento fueron retirados por la letrada DENUNCIADA el mismo día de su diligenciamiento, esto es el 11-10- 91.

4- En su defensa la DENUNCIADA manifiesta que en toda su actuación profesional ha dado cabal cumplimiento a los deberes impuestos por el art.19 inc.4? del mismo cuerpo legal, negando haber incurrido en violación de la norma del art.21 inc.10 de la Ley 5805.- Aduce que en virtud del principio del non bis in ídem, la absolución en el proceso penal produce efecto de cosa juzgada respecto de la jurisdicción disciplinaria. Invoca también la defensa de prescripción de la acción disciplinaria.-

5- Que entendemos que la defensa de prescripción articulada debe rechazarse y damos razones: de la interpretación inequívoca de la última parte del art.78 de la Ley 5805, se colige que los plazos de un año y dos años establecidos en el primer y segundo supuesto del art. citado, no son aplicables cuando el hecho que da origen a la causa disciplinaria pudiera configurar un delito del derecho penal y que el mismo no estuviera prescripto. Del juego armónico de los arts. 62 inc. 2? y 292 del Código Penal, resulta que el plazo de la prescripción del delito que se atribuyó a la DENUNCIADA es de seis años, contados a partir de la comisión del presunto hecho, en el sub-exámine el 11-10-91, ó sea que la prescripción se operará el día 10-11-97. De las constancias arrimadas a ésta causa, resulta que la sentencia que resolvió el sobreseimiento cuya copia certificada obra en autos, lleva fecha 5-9-95, y el acta cabeza de proceso disciplinario está fechada el 30-10-95, ó sea dentro de la vigencia del plazo de la pena prevista por el art. 292 del Código Penal para el delito imputado a la denunciada.-

6- Que corresponde resolver ahora sobre la violación del principio "non bis in ídem". Sobre éste punto, entendemos que la defensa tampoco es atendible y debe también rechazarse, por cuanto en virtud de lo resuelto por el fallo plenario N? 49 del 2-12-1993 de éste Honorable Tribunal de Disciplina, un mismo hecho puede ser pasible de sanciones en distintos ámbitos y en el sub-judice, el sobreseimiento dictado en sede penal en favor de la encartada, no empece a la imposición de una sanción disciplinaria, en atención a la diferencia entre los bienes jurídicos tutelados por ambas normativas, por lo que nada obsta a que un mismo hecho pueda generar dos sanciones desde distinto ámbito, lo que se ve avalado por la nutrida jurisprudencia de éste Honorable Tribunal de Disciplina.-

7- Además, debe meritarse muy especialmente que si bien es cierto que, tanto la causa penal como el expediente disciplinario tienen su origen en el oficio cuya copia certificada corre a fs. 66 de éstos obrados, aquélla se refirió a la adulteración del dicho instrumento, mientras que éste se dirige a la presunta falta de ética que habría cometido la letrada DENUNCIADA en el diligenciamiento de aquél instrumento público, por lo que técnicamente el hecho no es el mismo.-

8- Que entrando al tratamiento de la cuestión principal, entendemos que la conducta desplegada por la letrada DENUNCIADA en oportunidad de diligenciar el oficio de exclusión del hogar cuya copia luce a fs.66,  no se compadece con el deber impuesto a su cargo por el art.19 inc.1 de la Ley 5805: prestar su asistencia profesional como colaborador del Juez y en servicio de la Justicia. Es más, resulta de su actitud la inequívoca pretensión de utilizar el oficio librado por el Tribunal, y que ordenaba la exclusión del hogar del demandado, para desalojar también a otras personas que ocupaban el mismo.-

9- Al respecto, debe merituarse que la DENUNCIADA compareció por diligencia en el juicio de divorcio pidiendo se ejecutara la exclusión del hogar del marido, en cumplimiento del punto 2? de la sentencia de fecha 16-9-91, a lo que el Tribunal proveyó: "ejecútese, líbrese oficio como se pide" (el subrayado nos pertenece). Por tanto,  no podía ignorar cual era el alcance del oficio que debía librar el Tribunal y si éste se había excedido, de conformidad al deber impuesto a su cargo por el citado art.19 inc.1? de la Ley 5805, se imponía que lo devolviera al Tribunal ilustrando al Juez en el sentido de que lo ordenado en el instrumento no tenía correlato con lo resuelto en el decisorio cuya ejecución había solicitado mediante diligencia.-

10- Su conducta, en ésa circunstancia, debió dirigirse a colaborar con la justicia, verificando que la exclusión ordenada por el Tribunal sólo alcanzara al demandado en ésos autos máxime, cuando por su participación en el juicio, debía conocer el alcance de las medidas solicitadas y ordenadas. Por tanto, no existe duda razonable que permita descartar la denuncia formulada en su contra, por lo que debe admitirse que la DENUNCIADA se encuentra incursa en las infracciones previstas por los  arts. 21 primera parte y 50 de la Ley 5805 y sancionar suspendiéndola en el ejercicio profesional por el término de tres meses.-

SALA CUARTA: DRES. MARCELO FERRER VERA, PTE EMMA P. LOZA DE DRACICH, VCPTE OSCAR J. VALTIER, VOCAL. AÑO 1997.-

SENTENCIA NUMERO: 656

1- Y VISTA esta causa disciplinaria en la que se analiza la conducta procesal enrostrada al letrado DENUNCIADO consistente en el retiro el expediente judicial"R.E.L.B. D.H.-, con fecha 22 de abril de 1992, como informa el Juzgado Civil y Comercial y la retención, sin justificación alguna, a pesar de los emplazamientos que se le hicieran y de que dan debida cuenta las constancias de fs. 3, 7, 13, 15, y 41 de autos.

2- Que a fs. 41 corre el informe de la Secretaria del Juzgado Civil y Comercial, del que surge que los autos han sido reintegrados al Tribunal, sin cancelarse el recibo de fecha 22/04/92 (fs, 387 del Libro de Préstamo), no conociéndose la vía, pero lógicamente antes del 11/05/94 fecha de un nuevo recibo a favor del DENUNCIANTE.-

3- Que el DENUNCIADO comparece, constituyendo domicilio legal, pero no contesta el traslado de la denuncia ni ofrece prueba alguna en la causa, dejando finalmente de alegar sobre el mérito de la misma.

4- En consecuencia, cabe considerar plenamente acreditada la comisión, por parte del DENUNCIADO, de la falta ética tipificada en el art. 21 inc. 13 de la Ley 5805 "retener injustificadamente (a los expedientes) o no devolverlos de inmediato al ser requeridos por Secretaria o parte interesada".-

5- Que la conducta descripta debe ser sancionada con un apercibimiento privado ya que no se advierte perjuicio concreto alguno que pudiera agravar la misma. Por ello, SE RESUELVE: Aplicar al DENUNCIADO un "Apercibimiento Privado".-

SALA SEXTA: DRES. ROBERTO JULIO JORDAN, PTE MARIO FRANCISCO ROBLEDO, VCPTE ROSA MONTALDO DE DEL VADO, VOCAL. AÑO 1995.

SENTENCIA NUMERO: 799

1- Y VISTA la causa  disciplinaria de la que surge que a fs. 5 obra certificado de Secretaría por el cual se informa que la DENUNCIADA, fue sancionada por la Sala Quinta de este Tribunal, en su anterior integración, con una suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres meses por violación al art. 21 inc. 12 de la ley 5805, sanción que quedo firme con fecha 24 de agosto de 1995. Que a fs. 11 se abrió causa contra la DENUNCIADA por violación al art. 50 de la ley 5805 describiendose la conducta que"prima facie-, esta Sala consideró antiética,"... en virtud de haber ejercido, supuestamente, la profesión estando suspendida en la matrícula profesional por resolución dictada por la Sala Quinta de este Tribunal...-. Que a fs. 14 la letrada comparece, pide participación, recusa la Sala en completo, plantea incompetencia y hace reserva del caso Federal.-

2- Que en autos obra copia certificada de la audiencia en que intervino la misma como apoderada de la demandada y de la que surge que dicha audiencia fue llevada a cabo con fecha 27 de septiembre de 1995, dentro del periodo en el cual la letrada se encontraba suspendida por este Tribunal. Que la conducta disvaliosa no ha sido motivo de negación por parte de la letrada, expresando en sus alegatos"... ES ABERRANTE EL HECHO DE QUE AL MOMENTO DE TOMARSE LA AUDIENCIA 27/09/95 NO SE ENCONTRABA FIRMA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA SALA QUINTA YA QUE LA DENUNCIADA CONTABA CON EL RESPALDO DE LA LEY QUE LE DA TREINTA DIAS PARA IR A UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO ...-.-

3- Que de la prueba arrimada en autos, se observa que la DENUNCIADA interpuso fuera de tiempo la demanda de plena jurisdicción por ante la Cámara Contencioso Administrativa a fin de lograr se revoque el resolutorio dictado por este Tribunal mediante el cual se la suspendió en el ejercicio de la profesión, por lo que en consecuencia también devino en extemporáneo el planteo incidental de suspensión del acto administrativo.-

4- Que no es viable el argumento expresado por la encausada de que la audiencia se celebró dentro de los treinta días que la ley le da para ir a un Tribunal Contencioso Administrativo.- El acto administrativo dictado por la Sala Quinta de este Tribunal, el que fuera confirmado por el Auto Interlocutorio y notificado por cédula, tiene todos los requisitos exigidos para que el mismo goce ejecutoriedad y de presunción de legitimidad ya que tiene todos los elementos esenciales, ha cumplido su ciclo de formación, y fue debidamente notificado por lo que el mismo adquirió eficacia a partir de dicha notificación.

5- Que la DENUNCIADA tenga por ley treinta días para iniciar una acción de plena jurisdicción, no significa que durante ese plazo el acto administrativo no sea eficaz o ejecutable.-

6- Que a los fines de suspender la ejecución del acto administrativo, la DENUNCIADA debió interponer en tiempo y forma el incidente previsto por el art. 19 de la ley 7182, pero hasta que dicho incidente no fuere resuelto favorablemente a la actora, la ejecución del acto administrativo no se suspende.-

7- Que esta Sala tiene en consecuencia como efectivamente acreditado en autos que la letrada denunciada ha violado el art. 50 de la ley 5805 al haber ejercido la profesión mientras estaba suspendida por resolución de este Tribunal la cual la inhabilitaba para ejercer la profesion por lo que SE RESUELVE: Aplicar la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres meses.-

SALA QUINTA: DRES. MAXIMILIANO VIDELA, PTE MARIANO LIEBAU, VCPTE GUILLERMO LAFERRIERE, VOCAL. AÑO 1997.-

SENTENCIA NUMERO: 830

1- Y VISTA: esta causa en la que el presidente del Tribunal de Disciplina procede a levantar Acta Cabeza de Proceso Disciplinario en virtud de la comunicación cursada por la Excma. Cámara Civil y Comercial, en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia dictada por dicho Tribunal en los autos caratulados: "L.V.I.S.A. c/A.M.B.y O.- Ord", y en la que se aplica como sanción una multa de $ 800 al DENUNCIADO por los términos vertidos por el letrado en el escrito de expresión de agravios, y se dispone la remisión de los antecedentes al Tribunal de Disciplina de Abogados.-

2- Que éllo no obstante, y sobre la argumentación vertida por el letrado DENUNCIADO en el sentido de que al habérsele aplicado una sanción en sede Judicial que se encuentra recurrida, la posibilidad de obtener allí una absolución y una condena en ésta sede, sería repugnante a nuestro sistema republicano de gobierno, entendemos que tal planteo debe también rechazarse. Ello, por cuanto en virtud de lo resuelto por el fallo plenario N? 49 del 2-12-1993 de éste Honorable Tribunal de Disciplina, un mismo hecho puede ser pasible de sanciones en distintos ámbitos y en el sub-exámine, la aplicación en sede judicial de una multa en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, no empece a la imposición de una sanción disciplinaria, en atención a la diferencia entre los bienes jurídicos tutelados por ambas normativas, por lo que nada obsta a que un mismo hecho pueda generar dos sanciones desde distinto ámbito, como en el caso de autos (art.21, primera parte de consuno con el art.50 in fine Ley 5805).

3- Que entrando a resolver la cuestión principal, el hecho que da origen a ésta causa disciplinaria surge de los términos del escrito cuya copia certificada luce a fs.11/21, y en el cual acusa al Tribunal de Alzada referido de que "dicta la sentencia de Cámara en el juicio de consignación, con la redacción indudable del CAMARISTA, aunque sin su firma, pues había sido recusado...", por lo que se atribuye al abogado DENUNCIADO la infracción prevista en el inc.15 del art.21 y art.50 de la Ley 5805, concretamente excederse en las necesidades de la defensa mediante el uso de juicios ó términos que importen violencia impropia ó vejación inútil al magistrado.-

4- Del tenor del libelo glosado a fs.36/37, surge la reiteración del exceso en las necesidades de la defensa, cuando dice: "He sido sancionado en un proceso insanablemente nulo, por quien ha sido parte, juez y verdugo, tal cual lo relato en mi recurso de revisión. El descargo y la prueba de mi correcto accionar profesional los haré en sede jurisdiccional..." (fs.36vta.) y a fs. 60 dice: "... al suscripto se lo sometió a ésta causa disciplinaria ... por expresiones veraces vertidas en el escrito presentado ante ésa Cámara...".-

5- Lo considerado precedentemente nos lleva a concluir que en el sub-judice se ha configurado, por parte del abogado DENUNCIADO, la conducta tipificada por el inc.15 del art.21 de la Ley 5805, ésto es excederse en las necesidades de la defensa formulando juicios ó términos ofensivos que importen violencia impropia ó vejación inútil al magistrado. Entendemos que los dichos del DENUNCIADO, plasmados tanto en el escrito que da origen a la presente causa disciplinaria como en el libelo de fs.36/37, exceden el decoro que cabe esperar de un abogado, habida cuenta además de que no existe arrimado a éstos autos, elemento alguno que avale la certeza de las imputaciones efectuadas al Tribunal de Alzada comunicante, y que de existir, habilitarían al letrado DENUNCIADO el uso de las vías impugnativas pertinentes, sin caer en el extremo de efectuar valoraciones injuriosas y reprochadas por el Código de Etica.-

6- Que a los fines de meritar la entidad de la sanción aplicable en sub-exámine, debe tenerse en cuenta que los términos utilizados por el abogado DENUNCIADO quedaron circunscriptos a los límites del proceso donde fueron vertidos y no trascendieron ni tuvieron difusión fuera de él, careciendo de antecedentes disciplinarios el letrado DENUNCIADO.- Por ello, SE RESUELVE: I)Sancionar al DENUNCIADO por las causales del inc.15 del art.21 de la Ley 5805, aplicándole apercibimiento público.-

SALA CUARTA: DRES. MARCELO FERRER VERA, PTE EMMA LOZA DE DRACICH, VCPTE OSCAR J. VALTIER, VOCAL. 1997.-

SENTENCIA NUMERO: 718

1-  Y VISTA: Esta causa disciplinaria en la que a fs.9 se avoca la sala Segunda y se abre proceso disciplinario en virtud de surgir prima facie, violación a las normas de ética profesional, previstas por el art. 21 inc. 14 de la ley 5805. A fs. 10 se corren los traslados de ley, compareciendo a fs. 19 la abogada DENUNCIADO, formulando su descargo en el que manifiesta....."  Que en momento alguno ha sido voluntad de mi parte expresar situaciones fácticas contrarias a la verdad, menos aún inducir a error a los integrantes de la Sala Séptima del Honorable Tribunal de Disciplina de Abogados... que no ha habido por mi parte, tendencia hacia ningún fin determinado o predeterminado ni acto contrario a la verdad, en cuanto existe por la denuncia efectuada por la Sra. R M A, auto de falta de mérito a mi favor del año 93, el que se acompaña a los fines de verificar la posición que en su oportunidad invocara ...".

2- A fs. 22 se libró oficio a la Excma Cámara del Crimen, informando que en los autos caratulados:" DENUNCIADA y Otra p.ss.aa de sustracción de Menores, etc", que tramitan por ante esa Excma. Cámara, la causa mencionada supra se encuentra en estado de citación a juicio desde el 2 de noviembre de l994, que dichos hechos fueron DENUNCIADOS por T.M.B.- Por lo que a fs. 27 se declara la causa de puro derecho conforme lo prescripto por el art. 82 de la ley 5805.-

3- Se imputa a la abogada DENUNCIADA la comisión de la infracción ética prevista en el art. 21 inc. 14 de la ley 5805, por haber invocado en su defensa, ante la aplicación de la suspensión prevista por el art. 75 de la ley citada, un inexistente auto de falta de mérito que excluiría su procedencia.

4- La prueba documental agregada en autos y el expediente en el cual se aplica la suspensión, que tenemos a la vista, acredita la veracidad de la imputación, a saber: la aludida suspensión fue motivada por el procesamiento de la DENUNCIADA a raíz de hechos delictivos cometidos en el año mil novecientos noventa y tres, causa ésta que se encuentra en estado de citación a juicio ante la Excma. Cámara del Crimen, según resulta del informe obrante a fs. 25/26. El auto de falta de mérito invocado por la DENUNCIADA, glosado por ella misma a fs. 15/18, esta referido a hechos acaecidos en el año mil novecientos noventa y ocho.

5- Así, pues, resulta claro que la DENUNCIADA quiso prevalerse de la similitud de las carátulas de una y otra causas judiciales, para inducir a error al Tribunal y obtener en base a ese error una resolución favorable. Lo hizo no sólo en oportunidad de pedir reconsideración ante la sala séptima de este Tribunal, sino también al ejercer su defensa en este expediente

6- Que en su presentación de fs. 19- y aún en el alegato de fs. 31/32- Insiste en postular el auto de falta de mérito copiado a fs. 15/18 como referido a la causa penal que motivara su suspensión, sin que sea posible imaginar que esa alegación sea fruto de un error, desde que las constancias de autos acreditan sobradamente que se trata de un proceso distinto de aquél que motivara su suspensión.

7- Como modalidad de la infracción prevista en el art. 21 inc. 14 de la ley 5805, la conducta que nos ocupa tiene singular gravedad, ya que se trata no sólo de una cita doctrinaria sacada de contexto, ni siquiera de la mención de un antecedente jurisprudencial inexistente, sino de la falaz invocación de un pronunciamiento judicial tendiente a enervar la potestad disciplinaria del Tribunal, lo que constituye un auténtico ardid orientado a obtener una resolución improcedente.

8- Por todo ello y de conformidad al art. 72 inc. 3 de la ley 5805 esta Sala Segunda. RESUELVE: Aplicar a la abogada DENUNCIADA, dos meses de suspensión en el ejercicio profesional.-

SALA SEGUNDA: DRES. ADAN FERRER, PTE HORACIO J. CASTELLANOS, VCPTE JULIO M. ESCARGUEL, VOCAL. AÑO 1995.

SENTENCIA NUMERO: 759.

1- Y VISTA esta causa en la que a fs. 1 obra denuncia formulada por el DENUNCIANTE quien considera que la abogada denunciada incurrió en violación a la norma de ética profesional prescripta por los incs. 8 y 27 del art. 21 de la Ley 5805, en el juicio "A.C.A. Y . O - H.", por adulteración de la cantidad ($296,71) que obra en la cédula de notificación despachada por la DENUNCIADA y recibida por el DENUNCIANTE, en relación con los honorarios profesionales regulados a la DENUNCIADA ($96,71).-

2- Que citada la DENUNCIADA de comparendo, se presenta a fs. 15/17 negando haber realizado la adulteración que, en forma indudable, presenta la cédula de notificación mediante la cual notificara a su cliente la regulación de sus honorarios la denunciada ofrece prueba documental e instrumental y el Tribunal, en uso de poder autónomo de investigación dispuso la realización de pericia caligráfica.-

3- Que luego de analizar las probanzas arrimadas a esta causa, en especial, las conclusiones de la prueba de pericia caligráfica, resulta acreditada la existencia de la infracción atribuída. En efecto: a fs. 46, el perito informa que la cifra de $ 296,72 cvos. fue dactilografiada por la misma máquina de escribir y en un mismo momento escritural. Las restantes pruebas ofrecidas por la denunciada, no tienen valor convictivo necesario para destruir las conclusiones de la pericial.

4- Por todo ello y las constancias de esta causa, y en ejercicio de la potestad disciplinaria de este Tribunal se aplica a la denunciada la sanción de suspensión en el ejercicio profesional por el término de cuatro meses. Ordenar se realicen por Secretaria las comunicaciones pertinentes.

SALA CUARTA. DRES. MARCELO FERRER VERA PTE EMMA PATRICIA LOZA DE DRACICH VPTE OSCAR JULIAN VALTIER VOCAL. AÑO 1996.

SENTENCIA NUMERO: 678

1) Y VISTA: Esta causa de la que resulta que a fs. 1 obra la comunicación remitida por el S.T.J. acompañando copia debidamente certificada del escrito presentado por los DENUNCIADOS en autos "G A G Y O P.SS.AA. T DE R ETC. -R DE C", y del Auto Interlocutorio número cuarenta y cuatro en cuyo resuelvo se apercibe a los letrados recurrentes en razón de las expresiones empleadas en el escrito referido y se ordena la comunicación de lo resuelto a este Tribunal.-

2) Que  se atribuye a los letrados DENUNCIADOS la infracción prevista en el inc. 15 del art. 21 de la ley 5805.- Que del prolijo análisis de las probanzas arrimadas a ésta causa y teniendo en cuenta lo dispuesto por plenario Nº cuarenta y nueve de este H. Tribunal respecto a la aplicación del principio del "Nom bis in idem", el que debe aplicarse de acuerdo a las modalidades de cada caso concreto, y en atención al bien jurídico tutelado, surge sin lugar a dudas que la actitud de los letrados se manifestó exclusivamente dentro de un determinado proceso, sin trascender sus limites, siendo su inconducta oportunamente corregida por el Excmo. Superior Tribunal de la Pcia., en virtud de las facultades otorgadas a tal fin por la ley Orgánica del Poder Judicial.-

3) Análisis aparte merece lo manifestado por el co-DENUNCIADO, respecto a la responsabilidad que le cabe por la redacción y firma del escrito que da origen a las presentes actuaciones, corresponde hacer un llamado de atención al mismo, ya que el hecho de haber firmado el escrito para ser presentado en la Justicia le exigía guardar el cuidado y diligenciamiento profesional que el caso requería, pues ello posibilitaba evitar cualquier contingencia derivada en el trámite que lo hacia responsable.-

4) SE RESUELVE:  Disponer se tome nota en el legajo de los profesionales DENUNCIADOS la sanción impuesta por el S.T.J.  Ordenar se comunique el presente resolutorio al Colegio de Abogados de la Ciudad y al Tribunal comunicante.-

SALA QUINTA. DRES. RAUL BRUERA, PTE ALBERTO MARIO MASUET, VCPTE MARIA ESTELA HERRER, VOCAL. AÑO 1995.-

SENTENCIA NUMERO:  659

1- Y VISTA esta causa disciplinaria de la que surge que por nota cursada por el Presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto se eleva a consideración de este H. Tribunal la denuncia formulada por un grupo de colegiados de dicha ciudad en contra del DENUNCIADO, adhiriendo a ella, por considerar que la misma importaría una captación indebida de clientes a través de publicidad incompatible con la dignidad profesional, ofreciendo sus servicios a través de una manera indecorosa.-

2- Se imputa al letrado DENUNCIADO la comisión de la infracción ética tipificada por el apartado a) del inc.7º del art. 21 de la ley 5805 - "procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional, como ser: a) hacer publicidad que pueda inducir a engaños u ofrecer soluciones contrarias o violatorias de las leyes", - que se configuraría a través de un aviso periodístico aparecido en el diario "Puntal" de la ciudad de Río Cuarto, cuyo original se encuentra adosado a fs. 2 de estos autos.-

3- En el aviso referenciado - Titulado "Concubinos" - se asevera que la "nueva Ley Previsional les niega el derecho a cobrar pensión ante el fallecimiento de sus parejas".- Que la prueba arrimada a autos permite tener por acreditados los elementos fácticos que seguidamente se mencionan: Que dicho aviso fue publicado por Diario Puntal de la ciudad de Río Cuarto en sus ediciones del 19/12/93, del 4-2-94 y del 6-2-94, a solicitud del propio DENUNCIADO, sea directamente o a través de la agencia de publicidad. Que además resulta del último de los informes referenciados que el DENUNCIADO aprobó el contenido textual del aviso previo a su publicación.-

4- También está acreditado - por documental agregada e informe - que el DENUNCIADO rectificó las apariciones ya aludidas a través de sendas publicaciones en análogo medio los días 17/2/94 y 20/2/94, aclarando que "la nueva Ley Previsional les niega" - a los concubinos - " el derecho a cobrar pensión de sus parejas cuando la convivencia es menor a cinco años" agregando que "este lapso de tiempo se omitió en avisos anteriores".-

5- Que así los hechos, corresponde analizar si concurre o no el tipo ético reprobado por el apartado a) del inc. 7º del art. 21 de la ley 5805, en tal sentido y desde un punto de vista estrictamente objetivo, puede sostenerse que en la información publicitada por el letrado DENUNCIADO en el Diario Puntal, en sus ediciones del 19/12/93 y del 4 y 6/2/94, resulta notoriamente errónea y apta para inducir a engaño a quienes, sin tener  una adecuada formación o información jurídica sobre el particular, pueden encontrarse en situación de concubinato, con las consecuencias que pudieron derivar, e independientemente de que esas consecuencias hayan o no acaecido.-

6- Tenemos, pues que la conducta observada por el letrado en cuestión infracciona objetivamente con el precepto mencionado, circunstancia que habilita la aplicación de sanción disciplinaria. No obstante ello, el tipo y grado de la sanción estará necesariamente condicionada a la intencionalidad que pueda atribuirse al infractor en la comisión del hecho referenciado. Y es en ese aspecto en que la duda habrá de beneficiar al DENUNCIADO con la aplicación de la sanción menor, que prevé la Ley 5805 (apercibimiento privado). Tal cosa, considerando que, si bien aparecen extremos favorables a la posición excusatoria del letrado, existen otros que inclinan a pensar que hubo intencionalidad en la infracción cometida.-

7- Así, en pro de la posición del DENUNCIADO pueden mencionarse los avisos de rectificación publicados en análogo medio los días 17 y 20/2/94, que podrían evaluarse como corrección de una omisión involuntaria de los avisos anteriores. Pero, a la vez, la fecha de tales avisos, en consonancia con la fecha de la denuncia y de la remisión de la misma a este Tribunal por parte del Colegio de Abogados de Río Cuarto, mueven a inferir que la rectificación no fue espontánea. Además, también resulta sugestivo que la publicidad refiera a la "Nueva Ley Previsional", como si en materia de derechos previsionales emergentes del concubinato se establecieran pautas normativas novedosas, cuando en ese punto la legislación última no difiere respecto de la anterior.  Por ello SE RESUELVE sancionar con apercibimiento privado al DENUNCIADO.-

SALA PRIMERA: DRES. CARLOS F. ARRIGONI, PTE MARIA DEL HUERTOP TORRES, VCEPTE GUILLERMO HORACIO CAPDEVILA, VOCAL. AÑO 1995.-

SENTENCIA NUMERO: 827

1- Y VISTA esta causa disciplinaria en la cual el Colegio de Abogados de Córdoba remite la denuncia efectuada por el DENUNCIANTE por ante ese Colegio en contra del letrado DENUNCIADO, de lo que surge que le encargó la iniciación de un juicio laboral en el año 1.990 entregándole documentación. Desde esa fecha hasta comienzos del año 1995 pero con anterioridad al 23-5-95, estuvo concurriendo al Estudio Jurídico del DENUNCIADO y de otro letrado (llamado en auxilio por el DENUNCIADO al carecer éste de matrícula Federal) a efectos de interiozarse sobre la marcha del juicio. Que el abogado habilitado para el fuero federal, se excusó siempre diciéndole que el DENUNCIADO no le remitía sus antecedentes a fin de iniciar el juicio, mientras que el DENUNCIADO le refería que el juicio estaba en trámite y que se quedara tranquilo. La falta de precisiones y el tiempo transcurrido hicieron dudar al DENUNCIANTE por lo cual realizó averiguaciones de las que surgieron que en los registros de la Justicia Federal no obraba el juicio relacionado. Ante ello, se dirigió al DENUNCIADO y le requirió la documentación entregada, indicándole éste que se retirara de su Estudio y que no le daría nada. Por lo cual formalizó su presentación en el Tribunal Arbitral a efectos de que el DENUNCIADO le restituyera la documentación entregada y le informara sobre su actuación profesional en el asunto confiado. Que notificado el DENUNCIADO de la presentación ofrece su descargo, donde da una pormenorizada explicación de como se sucedieron los hechos, expresa que nada puede explicar acerca de la tramitación del juicio porque nada se le ha encargado ni juicio ni trámite alguno, afirma que no se le entregó  ni la documentación laboral ni los estudios médicos.-

2- Que en esta etapa corresponde atender la cuestión previa introducida, en cuanto el DENUNCIADO opone la PRESCRIPCION de la acción disciplinaria, pues refiere que el DENUNCIANTE reprocha hechos ocurridos en el año 1990, por lo que han transcurrido en exceso los plazos liberatorios previstos en el art. 78 de la ley 5805. En base a los hechos expuestos tenemos como fecha de consumación de la infracción contenida en el inc. 12 del art. 21 de la ley 5805, la del vencimiento del emplazamiento efectuado por el Tribunal Arbitral- Sala B_ del Colegio de Abogados de Córdoba al letrado inculpado, esto es el 24 de junio de 1995, pues tratándose de una retención sin culpa o indebida (en su correspondiente penal sustantivo la figura del art. 173 inc. 2do C.P.), la fecha del hecho debe centrarse en la de la constitución en mora o de la voluntad fehaciente del intimado, de no restituir. Adelantamos entonces que la acción disciplinaria no ha prescripto ya que no han transcurrido 2 años desde la fecha de consumación de la falta denunciada.-

3- Según los dichos del DENUNCIANTE, el DENUNCIADO no le quiso entregar a su requerimiento y luego de haber cesado la relación profesional que los unía, estudios médicos realizados por la patronal y que le entregara cuando le confió el reclamo judicial como así tampoco placas radiográficas que se sacó en el Hospital de Urgencias a pedido del DENUNCIADO. Sobre el particular, tanto en este Tribunal como en el Tribunal Arbitral, el letrado encausado negó rotundamente haber recibido cualquier tipo de documentación por parte de DENUNCIANTE.

4- Como medida para mejor proveer se convocó como testigo al propio DENUNCIANTE quien a fs. 56 hizo un relato pormenorizado de los hechos que, en nuestro criterio ha sido verosímil, preciso y por ello muy convincente, resaltando la coherencia de la versión expuesta. Todas sus afirmaciones se han compadecido con extremos fácticos acreditados. Además su testimonio se ve fortalecido por indicios de nota que destacamos: a) De la existencia de la relación profesional  Para establecerla contamos con el expreso reconocimiento que ha hecho el profesional DENUNCIADO de la misma refiriéndose que databa del año 1990, a lo que se le suman los dichos testimoniales del letrado habilitado para ejercer en el fuero Federal, de la Vocal del Colegio de Abogados, y demás testigos. b) Del interés puesto de manifiesto en su propia causa  La concurrencia periódica al Estudio Jurídico del DENUNCIADO, testimonio de fs. 30 y del letrado habilitado para ejercer elfuero Federal, como así también del acta de presentación ante el Colegio de Abogados de Córdoba. Todo esto nos revela un afianzamiento en la relación profesional con el DENUNCIADO, lo que desacredita la defensa de éste, en orden al carácter fugaz que pretendió darle. Es de sentido común sostener que si alguien ha mantenido tanto tiempo y con mucha asiduidad las visitas a su letrado, lo haga para interiorizarse del curso del asunto confiado y le haya entregado o le esté proveyendo los elementos necesarios para tal fín, dado incluso, la naturaleza de la acción judicial encomendada que requiere generalmente prueba documental y sobre todo por la tenacidad e insistencia del DENUNCIANTE en obtener la documentación entregada En conclusión, tenemos por cierta y acreditado el hecho DENUNCIADO, desconocerlo sería ingenuidad, y desde ya, no contamos como hemos dicho, con ese solo elemento probatorio, pues el mismo se robustece con indicios unívocos, graves, precisos y concordantes que nos permiten sostener fundadamente lo afirmado.-

5- En orden a la sanción que le corresponde, al DENUNCIADO estimamos valorando la falta de antecedentes disciplinarios que ostenta, los perjuicios que la conducta bajo examen le ha provocado al DENUNCIANTE y también como repercute negativamente la misma en la comunidad forense Declarar culpable al DENUNCIADO de la infracción al inc. 12 del art. 21 de la ley 5805 y sancionarlo con un mes de suspensión.-

SALA SEGUNDA: HORACIO J. CASTELLANOS, PTE, JULIO M. ESCARGUEL, VCPTE JULIO A. DEHEZA, VOCAL.- AÑO 1997

SENTENCIA NUMERO: 785

1- Y VISTA esta causa la que se abre por surgir prima facie la posible infracción a los incisos 10, 12 del art. 21 y art. 50 de la ley 5805, Que entrando en análisis de la conducta contemplada por el inc. 10 del art. 21, "abandonar o descuidar inexcusablemente la defensa de la causa confiada a su patrocinio o representación", surge de autos que el letrado DENUNCIADO reconoce haber iniciado la causa en cuestión, por ante el Juzgado de 10 Instancia Civil y Comercial en el año 1992, fecha corroborada por el Juzgado interviniente, en el informe evacuado.-  Que obra en autos copia de dos cartas documentos remitidas por la DENUNCIANTE, siendo reconocida por parte del DENUNCIADO en su escrito de descargo la recepción de la de fecha 9/08/94, creando convicción en esta Sala de la existencia de una intimación al DENUNCIADO por parte de la DENUNCIANTE a fin de que proporcionara los antecedentes del juicio para proseguirlo, emplazamiento que no es contestado por éste.-

2- Que recién al momento de formular su descargo, en la presente causa disciplinaria, el DENUNCIADO expresa que las copias cargadas de la demanda y otros escritos fueron sustraídos de su estudio en oportunidad de un robo que hubiera sufrido (extremo este no acreditado en estos autos), motivo por el cual no entregó copia de dicha documental. Agrega además que no inició por su propios medios un pedido de búsqueda de expediente en razón de que el DENUNCIADO era patrocinante y no apoderado del actor, argumento este irrelevante ya que el pedido de búsqueda es un acto procesal que no requiere de poder por parte del letrado para solicitarlo.-

3- Que de todos los elementos expuestos surge que el juicio se inicio en el año 1992 y que desde esa fecha al momento en que le revocan el poder o a la fecha de la denuncia presentada ante este Tribunal el abogado DENUNCIADO habría descuidado inexcusablemente la defensa de la causa confiada a su patrocinio.- Ello es así ya que en autos no existe constancia alguna de que el DENUNCIADO haya realizado acto procesal posterior a la presentación de la demanda.-

4- Que esta Sala entiende que el cuidado de los intereses confiados por el cliente al profesional no sólo se circunscriben a la tramitación del expediente judicial, sino, deben ser también objeto de meritación la conducta asumida por el profesional frente a su cliente y en especial ante situaciones como la planteada en autos, debiendo demostrar el letrado una actitud activa y no pasiva como la asumida por el abogado DENUNCIADO quien ante la perdida del expediente y la existencia de un emplazamiento por parte de su cliente, no solicita la búsqueda de autos y no contesta la carta documento, poniendo en conocimiento del mismo la perdida de la carpeta correspondiente a su juicio, quedando plasmada así una actitud profesional de descuido y desidia.-

5- Que respecto a la infracción al inc. 12 del art. 21 de la ley 5805, surge de autos que la documental que hubiera sido entregada al letrado DENUNCIADO obra reservada en secretaria del Tribunal, por lo que no se habría configurado retención por parte del abogado DENUNCIADO, pero si se debe poner en resalto que al ser intimado por su clienta el DENUNCIADO no informó donde se encontraba tal documental que hubiera sido entregada para iniciar el juicio por lo que se pone más en evidencia la conducta analizada en el considerando anterior.-

5- Que respecto de la existencia de violación a la norma genérica del art. 50 de la ley 5805, del análisis de la probanzas rendidas en la causa surge que el DENUNCIADO reconoce haber recibido a la DENUNCIANTE con fecha noviembre de 1992 por una consulta y que con fecha 11 de diciembre de 1992 inicia el juicio por ante el Juzgado C.y C. habiendo solicitado la suma de pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450) para gastos de iniciación y apertura de carpeta, extremo que fuera expresamente reconocido por el DENUNCIADO y que releva de prueba a la Sala.- Que del informe remitido por el colegio de abogados donde se acompaña un listado de los aportes realizados por el DENUNCIADO, surge que entre fecha 29/07/92 -fecha ésta en la que la DENUNCIANTE no había aún consultado al DENUNCIANDO y correspondiente al ante último aporte del profesional en el año 1992- hasta el 31/12/92 el letrado no habría realizado aporte alguno imputado a los autos "C.DEH.M. C/ I.R.C. VERBAL.-", no realizando en los años 1993/1994 y 1995 el DENUNCIADO aporte posterior con referencia a dicho expediente.- Que corrobora lo expuesto anteriormente la informativa rendida por la Caja de Abogados, no surgiendo de la misma la realización de aporte alguno a cuenta de los referidos autos. Por lo expuesto queda acreditado en autos que el referido profesional ha infringido la norma genérica del art. 50 de la ley 5805 al no haber dado el destino para el cual hubiera recibido el dinero por parte de su comitente, esto es, realizar los aportes causidicos en los autos iniciados por ante el Juzgado de 10ª Nom. C. y C., conducta ésta que afecta al decoro en el ejercicio de la profesión. Por lo expuesto y teniendo a la vista los antecedentes disciplinarios del letrado DENUNCIADO donde surge que al mismo se le aplicó una sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por treinta días, se resuelve aplicar una sanción de suspensión en el ejercicio profesional por treinta días.-

SALA QUINTA: DRES. MAXIMILIANO VIDELA, VCPTE MARIANO LIEBAU, VOCAL GUILLERMO LAFERRIERE, VOCAL.- AÑO 1996.-

SENTENCIA NUMERO: 969

1- Y VISTA esta causa en la que obra a fs. 1 acta de recepción de la denuncia formulada en contra del abogado DENUNCIADO, fundado en que le había encomendado a este último en el mes de septiembre de 1995 la gestión de cobro de los pagarés detallados en la planilla que adjunta librados a favor de la firma de su propiedad. Que con fecha octubre dos de mil novecientos noventa y seis  remite al nombrado carta documento intimándole por haber percibido sumas de dinero a rendir cuentas como asimismo abonar en base a "...la gestión de cobro encomendada en el mes de septiembre de 1995, acorde a la documentación que le entregue a Ud. en su calidad de abogado con detalle de la misma y que ascendía a la suma neta de $  1.597,65..., todo ello bajo apercibimientos-. Ante ello contesta el DENUNCIADO por carta documento obrante a fs. 4 y 5 reconociendo la documental recibida a los fines de gestionar el cobro que liquidaba bajo recibo del DENUNCIANTE o de su empleado y a otros enviados o empleados. Que le efectuó una liquidación al DENUNCIANTE de la que tomara nota y que todos los comprobantes están a su disposición. Abierta la causa por los arts. 21 incs. 10, 12, 27 y 50 de la ley del fuero, contesta la acusación el DENUNCIADO reconociendo las cartas documentos, detalle de la documentación entregada y no desconociendo ninguna de los aportes documentales agregados por el DENUNCIANTE.-

2- Que resulta a cargo del DENUNCIADO acreditar la liquidación de los montos a su Representado. Debe recalcarse que refiere en su carta documento  que siempre liquidaba con recibos Que la postura defensiva  de que, ante el reclamo no se allanó a la pretensión de Lencinas porque reclamaba la suma de $ 1.597,65 "..sin detallar nombres ni montos...", ante lo que debió responder que era "...necesario discriminar quienes son las personas que presuntamente este Estudio haya cobrado y que no habría inconveniente alguno en abonarlo o mejor dicho hacerle entrega del dinero que se hubiere cobrado..." resulta inadmisible toda vez que resulta el profesional el único idóneo para conocer que es lo que ha cobrado y le corresponde rendir. Mal puede - el comitente - tener conocimiento preciso de que suma pudieran haber abonado sus deudores al abogado. Es éste quien, ante el abono de un deudor de su comitente, debe hacer saber el abono recibido y la suma que le corresponde (arts. 1909, 1911 y ccss. del CC).-

3- Ello resulta aplicable plenamente cuando en autos ninguna imposibilidad o dificultad  ha invocado en tal sentido - el letrado - que le impidiera tal diligencia.-

4- Acreditado el cobro, era a cargo del DENUNCIADO la liquidación de lo percibido o la acreditación de que nada percibiera. La oferta que realiza de abonar cuando se determinen los montos ningún efecto puede tener en los presentes autos, ni bien se piensa que dicha determinación resultaba a su cargo.-

5- En mérito de todo ello surge que el actuar del DENUNCIADO se encuentra comprendido en los dos supuestos del inc.  12 del art. 21  de la Ley 5805.-

6- En cuanto a la imputación por los incs. 10 y 27 del citado artículo surge que, la carta documento que el encartado remite al DENUNCIANTE,  (fs. 4/5) refiere textualmente "...este Estudio inició por encargo suyo juicios contra los señores ... etc. todos actualmente en trámite judicial" (punto cuarto de la carta documento de fs. 4), sin embargo al contestar la acusación refiere que estos eran insolventes y que los documentos de estas tres personas obran a disposición del DENUNCIANTE. Ello implica una severa contradicción. Si inició los juicios como informara en la carta documento debió acompañar, al Tribunal, esa documental y si - por el contrario - esta obra en su poder es que no inició juicio alguno. Debe estarse a esta última hipótesis toda vez que no adjunta elemento alguno que acredite la existencia de las actuaciones judiciales a que aludiera y que intimado formalmente para que refiera datos de dichos juicios nada contesta. Ello importa  falsedad y malicia en el informe rendido documentalmente lo que encuadra la conducta del DENUNCIADO en el inc. 27 del art. 21 de la Ley del fuero.-

7- Igualmente no ha acreditado el abogado DENUNCIADO haber realizado las gestiones pertinentes para cumplimentar la cobranza encomendada en estas causas, como tampoco por cual vía se anoticia de la insolvencia de dichos deudores para no realizar gestión alguna. Ello sumado a lo antedicho llevan al convencimiento de que el DENUNCIADO ha descuidado inexcusablemente la defensa de la causa confiada (art. 21 inc. 10 de la Ley 5805).

8- En mérito de todo ello, encuadrando la conducta del sumariado en los incs. 10, 12, 27 del art. 21 y art. 50 de la Ley 5805, SE RESUELVE Aplicar la sanción de SUSPENSION EN EL EJERCICIO PROFESIONAL por DOS MESES.-

DRES. MAXIMILIANO VIDELA, PTE MARIANO LIEBAU, VCPTE GUILLERMO LAFERRIERE, VOCAL.- AÑO 1998.-

SENTENCIA NUMERO: 851

Y VISTA la presente causa de la que obra la denuncia formulada ante el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Córdoba en contra del abogado DENUNCIADO por supuesta retención de fondos. Manifiesta el DENUNCIANTE que entregó al letrado DENUNCIADO dos pagarés suscriptos a su favor, con la cláusula sin protesto, habiéndole solicitado el DENUNCIADO que los endosara en blanco para evitar el poder y también que el librador opusiera excepciones, a lo que accedió. Que transcurridos seis meses, requirió información al letrado DENUNCIADO respecto de la marcha de los pagarés que le había dado para cobrar y que importaban la suma de u$s 5.990, manifestándole éste que era necesario publicar edictos porque para cobrar había que rematar bienes, para lo que le solicitó los fondos, extendiéndole el pertinente recibo, habiéndole entregado también dinero para abonar los gastos de iniciación del juicio de ejecución de los pagarés. Añade que como el tiempo transcurría y no obtenía la entrega de su dinero, decidió reclamárselo al DENUNCIADO por carta documento, contestándole éste que había recibido los pagarés en propiedad, lo que es falso.- Que no compareciendo el DENUNCIADO a la audiencia de conciliación designada por el órgano mencionado el Tribunal Arbitral, por resolución remite las actuaciones al Honorable Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, abriéndose el proceso disciplinario en su contra por supuesta infracción a las normas éticas contenidas en el inc.12 del art.21 y art.50 de la Ley 5805, concretamente demorar injustificadamente la entrega o restitución de fondos que le hubieren sido confiados en el ejercicio profesional.-

2- Que en primer lugar, debe establecerse si los pagarés endosados por el DENUNCIANTE, fueron entregados al letrado DENUNCIADO para su ejecución, ó si, por el contrario y según lo afirma el DENUNCIADO, los mismos le fueron entregados en pago. Que al respecto, cabe considerar que dichos documentos, reservados en Secretaría, están endosados en blanco y la fecha cierta de los mismos es la de la imposición de la tasa pertinente en el Banco de la Provincia de Córdoba, ésto es el 7-12-93, fecha ésta coincidente con la del recibo extendido por el DENUNCIADO por la suma de $ 150 para aplicar a "gastos juicio", que en copia luce a fs.52. El otro recibo extendido por el DENUNCIADO, que en copia se agrega a fs.51, está fechado el 30-11-93 por la suma de $ 200 y para ser aplicados a "Gastos embargo preventivo-, y la documental traída ad effectum videndi, resulta que la demanda se promovió en el mes de abril de 1994. Ello posibilita el argumento justificativo del DENUNCIADO en el sentido de que el dinero entregado para gastos se agotó en las tratativas extrajudiciales de cobro de los pagarés.- Además, la naturaleza jurídica del pagaré -título de crédito destinado a circular por vía de endoso-, crea una presunción de que dichos documentos fueron entregados en propiedad al letrado DENUNCIADO, toda vez que endoso está en blanco.-

3- Esta presunción cobra fuerza a poco que se valore que, a estar a la documental acompañada como prueba- el abogado DENUNCIADO compareció en otros pleitos encomendados por el DENUNCIANTE, donde actuó con poder apud-acta, y nada obstaba a que el trámite de ejecución de los pagarés motivo de la presente causa disciplinaria, se realizara de la misma manera por lo que al argumento del DENUNCIANTE en el sentido de que en éste caso el endoso era a los fines de que el letrado pudiera actuar más rápidamente y evitar excepciones, debe desecharse.-

4- Por tanto, y existiendo duda razonable respecto de la existencia de la infracción contemplada en el inc.12 del art.21 de la Ley 5805, debe desestimarse la denuncia incoada en contra del abogado DENUNCIADO, lo que así decidimos.-

5- Que si bien es cierto que la duda razonable creada en favor del letrado DENUNCIADO respecto del carácter en que le fueron entregados los pagarés lo beneficia, no es menos cierto que la conducta desplegada por el letrado DENUNCIADO no se compadece con el deber impuesto a su cargo por el inc.4 del art.19 de la Ley 5805, toda vez que en virtud de dicha normativa legal debió dejar constancia, mediante recibo, de que los pagarés le habían sido entregados en pago, o formalizar acuerdo con su cliente, instrumentando el carácter en que recibía las cartulares, evitando así el desgaste jurisdiccional a que dió lugar su actitud omisiva, por lo que corresponde efectuar al letrado DENUNCIADO un severo llamado de atención en tal sentido. Por todo ello y las constancias de ésta causa, SE RESUELVE: Rechazar la denuncia formulada.-

DRES. MARCELO FERRER VERA, PTE EMMA P. LOZA DE DRACICH, VCPTE OSCAR VALTIER, VOCAL. AÑO 1997.-

SENTENCIA NUMERO: 936

1- Y VISTA esta causa de la que resulta que por presidencia de este Tribunal de Disciplina, se procede a levantar acta cabeza de proceso disciplinario en virtud de la comunicación cursada por el Colegio de Abogados en mérito de las actuaciones labradas por la Policía de la Provincia de Córdoba en la que surge involucrado el letrado DENUNCIADO conforme sumario de instrucción obrante en copia autenticada, y del que surge de que el DENUNCIADO habría arrojado panfletos en la vía pública, motivo por el cual se abre en definitiva causa.-

2- Que atento la comunicación cursada por el Colegio de Abogados mediante el cual se pone en conocimiento a este Tribunal de las actuaciones labradas en el  Sumario de Instrucción  del que resultaría una posible violación a la norma del art. 50 de la ley 5805 y sus modificatorias, como consecuencia del actuar del Abogado DENUNCIADO se resuelve instruir proceso disciplinario en su contra, con fundamento en dicha norma.

3- El DENUNCIADO, al evacuar traslado, niega categóricamente los hechos que se le imputan, ofertando como probanzas de sus dichos prueba testimonial, de la que desistiera posteriormente sin ofrecer en definitiva acreditación alguna.  Que en tal mérito, teniendo en cuenta la ausencia de prueba en contrario y las declaraciones insertas en la documental obrante en autos (SUMARIO POLICIAL) debe tenerse a los fines disciplinarios por acreditado el hecho que originara estas actuaciones Es más, del mismo escrito de traslado del encartado surge que el mismo dedica su mayor extensión a referirse sobre la conducta de las autoridades del Colegio de abogados, sin acreditar tampoco ninguna de sus manifestaciones. Ello - al contrario de una posición defensiva - acredita con carácter confesional el enfrentamiento del letrado con aquellas concordante con los panfletos cuya autoría niega.-

4- En dichos panfletos (copia del mismo obra a fs. 11) surge cuestionada - en forma anónima y agraviante - no sólo la conducción del Colegio de Abogados sino también la conducta de algunos letrados del fuero.   El art. 50 de la ley 5805 y sus modificatorias que establece: "El Tribunal ejercerá el poder disciplinario sobre todos los abogados inscriptos en la Provincia, a cuyo efecto conocerá y juzgará, de acuerdo a las normas de ética profesional, las faltas cometidas por los abogados en el ejercicio de la profesión o que afecten al decoro de ésta, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que incurran y de las facultades disciplinarias que las leyes acuerden a los tribunales de justicia.". Tipifica la conducta del encartado quien ha actuado sin el mínimo de decoro profesional, comprometiendo seriamente con su actitud  no sólo el propio prestigio sino también el de algunos letrados del fuero local y el de la conducción del Colegio Profesional que agrupa a los Letrados de la región.-

5- Que independientemente de las actuaciones penales que dieron origen a la intervención de este Tribunal, cabe concluir que el comportamiento desplegado por el DENUNCIADO resulta contrario a las más elementales normas de ética profesional, puesto que el DENUNCIADO en su calidad de abogado no podía desconocer la gravedad de los hechos alegados en los panfletos que arrojaba en la vía pública.

6- Que siendo sus pares quienes deben juzgar la conducta desarrollada por el DENUNCIADO existen sobradas razones para reprocharle su actitud, atento que con ella comprometió  gravemente su perfil ético como abogado.  Desacredita la imagen que, la comunidad pueda tener de sus letrados - ni bien se piensa en la calidad de auxiliares de la Justicia que aquella debe tener de estos - el observar que sus miembros dirimen, por anónimos agraviantes,  sus diferencias sin acudir a la Jurisdicción a la cual deben servir como cabe exigir a cualquier ciudadano. En consecuencia este Tribunal debe necesariamente sancionar al letrado DENUNCIADO por resultar su conducta contraria a las normas éticas elementales que rigen la relación de los abogados con sus pares y con la Institución que los representa.- Por todo ello y lo prescripto por el art. 50, 72 inc. 1ero. y concordantes de la ley 5805,  SE RESUELVE: Aplicar al DENUNCIADO la sanción de apercibimiento público.-

DRES. MAXIMILIANO VIDELA, PTE MARIANO LIEBAU, VCPTE GUILLERMO LAFERRIERE, VOCAL.- AÑO 1998.-

SENTENCIA NUMERO: 899

Y VISTA esta causa caratulada de los que resulta que el DENUNCIANTE formuló denuncia ante este Tribunal de Disciplina por el supuesto ejercicio ilegal de la abogacía de una persona en concurrencia con su cónyuge, la Dra. DENUNCIADA. Relaciona en aquella presentación que con motivo de la renovación de un contrato de locación comercial en el que asumía el carácter de fiador, mantuvo tratativas con el asesor legal de la locadora, el supuesto abogado. Posteriormente, al surgir diferencias en su ejecución que derivaran en juicio, toma intervención la DENUNCIADA. Frente a la presunta violación de la norma ética contenida al inc. 7mo. del art. 21, tercera hipótesis (c), de la ley 5805, se admite y se abre la causa a fs. 12, convocando a esta profesional a formular su descargo. En esta oportunidad a fs 14/17, solicita la "perención" por prescripción de la acción al tiempo que pide el rechazo de la denuncia por inexistencia de los hechos - que niega enfáticamente-, aduciendo que tan solo la motiva el ánimo de venganza.-

2- Que de la prueba colectada, especialmente el descargo de la denunciada y la reproducción fotostática de los autos caratulados "S.I.G. c/ P.A.F.S.A. ? P.V.E." y "S.I.G. c/ P.F.S.A. - Desalojo", surge incontrastable que la DENUNCIADA patrocinaba y representaba a la accionante en cada uno de los juicios indicados.- Corroboran tales extremos la restante prueba testimonial receptada en este proceso a fs. 130/131, 138/139, 140 y 156/157 de los que surge nítida el aparente rol profesional que cumplía el supuesto abogado.

3- Es más aún, la misma accionante reconoce que conoció a la citada profesional juntamente con el "supuesto abogado", agregando que fue éste quien comenzó a atenderle sus asuntos, utilizando diversas excusas para hacer firmar los escritos judiciales por la DENUNCIADA, o apersonarse en las audiencias.- 4- Que siendo ello así, debe tenerse por cierto que la DENUNCIADA, para procurarse mayor cantidad de clientes, ejercía la profesión de abogado asociada con el supuesto abogado, quién no sólo no es letrado sino que -además- actuaba como tal.

5- Dicho comportamiento se adecua exactamente a la falta ética prevista en el inciso séptimo del artículo 21º de la ley 5805, donde se sanciona el procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional, como el ejercer la profesión asociado con persona que no tenga título (hipótesis c).-

6- Consecuentemente, corresponde aplicar las sanciones establecidas en esta ley (art. 72). En este orden de ideas, habída cuenta de los antecedentes disciplinarios de la abogada denunciada de los que resultan que la letrada encausada mereció por un hecho similar que este Tribunal le aplicara la medida preventiva de suspensión en el ejerccio de la profesión por el término de seis meses, art. 75 de la ley 5805, es que esta Sala concluye que debe aplicarse a la abogada DENUNCIADA una sanción de suspensión en el ejercicio profesional por el plazo de seis meses.

SALA SEPTIMA: DRES. PLINIO HILLAR, PTE MARIO FRANCISCO ROBLEDO, VCPTE  EDUARDO MANUEL MASSA, VOCAL. AÑO 1998

SENTENCIA NUMERO: 940

1- Y VISTA esta causa en la cual de la denuncia formulada, la defensa esgrimida y la prueba aportada, este Tribunal entiende que el caso planteado merece las siguientes consideraciones: Que la abogada imputada reconoce haber actuado como patrocinante apoderada del actor en autos caratulados "U.O.O. C/ V.R.-DEM", los que se encontraban radicados en la Cámara del Trabajo. Que la abogada denunciada fue notificada con fecha 01/04/1996 de la audiencia de vista de la causa designada para el día 30 de abril de 1996 a las 16.30hs. Que recién comparece ante la Sala Sexta solicitando la suspensión de dicha audiencia, un día antes de recepcionarse la misma, es decir el 29/04/1996 -pese haber sido notificada con un mes de antelación-, invocando la imposibilidad por parte del actor de concurrir a la audiencia por encontrarse en otra provincia. Que asimismo invoca en su escrito de defensa (fs. 13vta.) que el mismo día 30/04/1996 tuvo que concurrir a una audiencia de conciliación a las 15,30hs. en los autos caratulados "A.A. C/ F.V.D.". Que el pedido de suspensión de audiencia formulado ante la Excma. Sala Sexta de la Cámara del Trabajo no tuvo como motivo la superposición de audiencias, como alega la abogada en su escrito de defensa, sino la ausencia del actor y la imposibilidad de mismo de concurrir a dicha audiencia.

2- Que no consta en los presentes autos que se haya acreditado la existencia del motivo invocado por la abogada DENUNCIADA para justificar el pedido de suspensión de la audiencia de vista de la causa que motivo la negativa del Tribunal interviniente.-

3- Que en la hipotesis de superposición de audiencias, es de práctica solicitar la suspensión de la que fuera notificada en último término -con acreditación de la causal invocada- que en este caso sería la fijada por el Juzgado de Conciliación.

4- Que el resultado de la causa en que interviniera la denunciada es ajena a la conducta de la profesional que este Tribunal debe evaluar.

5- Que, en consecuencia, corresponde decidir si la abogada imputada ha incurrido en violación a las reglas de ética y en su caso qué sanción corresponde. Que, así como estan planteadas las cosas, se advierte que la incomparecencia injustificada de la letrada a la audiencia de vista de causa, si bien fue suplida por el asesor letrado del Trabajo, configura un abandono o descuido de la defensa, por ello y en atención a la inexistencia de otros antecedentes disciplinarios de la imputada SE RESUELVE: Declarar a la abogada DENUNCIADA incursa en la falta de ética consistente en abandonar o descuidar inexcusablemente la defensa de la causa confiada a su patrocinio o representación y aplicarle en consecuencia un apercibimiento público.-

SALA QUINTA. DRES. MARIANO LIEBAU, VCPTE GUILLERMO LAFERRIERE, VOCAL ELADIA GARNERO DE FAZIO, VOCAL. AÑO 1998.

AUTO INTERLOCUTORIO: 684
1- Y VISTOS estos autos en los que a fs. 72/76 obra el recurso de reconsideración interpuesto por la DENUNCIADA en contra del resolutorio. Que interpuesto el mismo en tiempo y forma corresponde entrar al analisis de los fundamentos esgrimidos. Que corresponde en primer término analizar el planteo recusatorio impetrado por la DENUNCIADA. Funda su recusación en principio en la causal prevista por el art. 17 unc. 4 del C.P.C:C:, por cuanto los suscripto ya habrían dictado pronunciamiento como jueces en una instancia inferior. Entendemos, adelantando opinión, que dicho planteo debe ser desestimado de plano. La doctrina administrativa es pacifica en cuanto reconoce que el recurso de reconsideración debe ser planteado ante el mismo organo que dictó el acto que se pretende impugnar,  asi lo dice Manuel María Diez, en su libro"MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO II-, editorial Plus Ultra, Pag. 513."Ya adelantamos que el recurso de reconsideración debe plantearse ante el mismo órgano administrativo que dictó el acto que es objeto de impugnación, órgano que será también el que dictará la resolución final que decidirá el recurso y ante el cual tramitará el mismo.-. Juan Carlos Cassagne en su libro DERECHO ADMINISTRATIVO II Quinta edición actualizada, pag. 391 dice" El recurso de reconsideración es aquel que se deduce ante la propia autoridad que ha dictado el acto administrativo o reglamento a fin de que lo revoque, derogue o modifique, según sea el caso, por contrario imperio.-. Agustin Gordillo en su obra tratado de Derecho Administrativo, Tomo 4.2 Procedimientos y Recursos Administrativos Parte especial, Ediciones Macchi, Pag. 8 título 2. Concepto y denominación 2.1 Concepto. Recurso de reconsideración es el que se presenta ante el mismo órgano que dicto un acto, para que lo revoque, sustituya o modifique por contrario imperio.-. La ley 6658 y sus modificatorias especificamente regulan el tema en el art. 80 y 81 estableciendo la forma y por ante quien se debe interponer el recurso y el tramite del mismo. En consecuencia carece de fundamento jurídico y doctrinario la recusación intentada y por ende la misma debe rechazarse.-

2- Al planteo de Inconstitucionalidad corresponde tenerlo presente por no ser esta la instancia por ante la cual debe resolverse el mismo.-

3- Que se agravia además porque entiende que la sentencia es inmotivada, contradictoria con sus propios fundamentos y con otros fallos del Tribunal y por haber omitido considerar en forma expresa la defensa material escogida por dicha parte, habiendo reinado la intima convicción. Que analizando el último agravio cabe destacar que el fallo dictado en autos fue producto de un analisis de la prueba arrimada a la causa, en base a los antecedentes y conforme a los principios de la sana critica racional. Aclarado este punto corresponde manifestar que los restantes agravios esgrimidos por la recurrente no tienen basamento real, por cuanto no expresa porqué la sentencia recurrida carece de motivación, en que contradicciones ha incurrido y cuales son los fallos que se contradicen con el dictado en la presente causa. La defensa esgrimida por la recurrente es simplemente enunciativa, carente totalmente de fundamento, por lo que el recurso de reconsideración debe ser desestimado en este aspecto.  

4- Igual criterio se debe adoptar respecto del agravio referido a la falta de analisis por parte de este Tribunal, de la defensa materia efectuada por la recurrente. En los considerandos de la sentencia se ha seguido paso a paso el comportamiento de la recurrente, que llevo a esta Sala a concluir que la misma había incurrido en violación de las reglas de ética, por lo que el recurso en este aspecto también debe ser desestimado.

5- Le asiste razón al recurrente cuando expresa que una cosa es"abandonar inexcuablemente la causa- y otra es"descuidar inexcusablemente la causa- ya que entre ambas existe una diferencia de grado. Según surge del análisis hecho en la sentencia recurrida, del comportamiento de la recurrente en los autos caratulados"A.A. C- F.V. - DESPIDO-, a los cuales me remito en honor a la brevedad, esta Sala concluye que la recurrente no ha incurrido en abandono inexcusable pero si ha"descuidado- inexcusablemente la defensa de la causa confiada a su patrocinio (art. 21 inc. 10) de la ley 5805 y por ello SE RESUELVE: Reconsiderar la sanción impuesta a la DENUNCIADA y convertir el apercibimiento público oportunamente aplicado en apercibimiento privado.

SALA QUINTA. DRES. MARIANO LIEBAU, VCPTE GUILLERMO LAFERRIERE, VOCAL ELADIA GARNERO DE FAZIO, VOCAL. AÑO 1998.

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 632

1- Y VISTA la causa disciplinaria en la cual conforme lo dispuesto por plenario Nº 53 de fecha 06/11/95 corresponde a la Sala Primera de este Tribunal el control de los requisitos de admisibilidad de las denuncias que se formulan ante el mismo.-

2- Que la causa disciplinaria de autos se origina en una comunicación cursada por la autoridad jurisdiccional, ante la posible comisión de una falta de ética en el ejercicio de la profesión por parte del abogado DENUNCIADO. El Tribunal comunicante considera que los escritos presentados por el abogado DENUNCIADO al interponer el recurso de casación no respetan reglas ortográficas y menos normas técnicas del recurso de casación, estimando que deben adoptarse medidas disciplinarias.-

3- Que en orden al recaudo previsto por el art. 77 de la ley 5805, cuadra apuntar que el hecho denunciado no constituye prima facie una infracción disciplinaria.-

4- Que si bien es cierto que se concluye la inexistencia de falta ética, no es menos cierto que la conducta desplegada por el DENUNCIADO no se compadece con el estilo y la forma que debe guardar en el ejercicio profesional y con el deber de auxiliar de justicia impuesto por lo que corresponde efectuar al letrado mencionado un severo llamado de atención en tal sentido.-

SALA PRIMERA. DRES. EDITH VIDELA DE BARONE, PTE EMMA LOZA FERREYRA DE DRACICH, VCPTE GUILLERMO HORACIO CAPDEVILA, VOCAL.- AÑO 1998.-

SENTENCIA NUMERO: 978

1- Y VISTA esta causa de la que resulta que la DENUNCIANTE formula denuncia disciplinaria en contra del abogado DENUNCIADO por considerar que dicho letrado ha incurrido en falta ética profesional en razón de haberle encargado el cobro por la vía judicial de tres pagare por la suma total de pesos tres mil, imputando al DENUNCIADO una demora en la rendición de cuenta sobre  los montos percibidos.A fs. 14 se procede a abrir causa disciplinaria en contra del referido letrado en virtud de surgir"prima facie- violación a las normas de ética previstas en el inc. 12 del art. 21 de la ley 5805.-

2- Que según resulta de las constancias de autos, puede observarse que la conducta de la denunciante ha sido, cuanto menos oscilante, ya que inicialmente radicó la denuncia con fecha cuatro de septiembre de 1997, obrante a fs. 1/1vta. Enfatizando el perjuicio irrogado por la falta de rendición de cuentas oportuna, pero ulteriormente, con fecha diecisiete de abril de 1998, la nombrada desiste de la interposición de dicha denuncia, reconociendo que nunca le requirió al DENUNCIADO el pago de los documentos cuyo cobro le había encomendado, siendo dicho desistimiento formalizado por la DENUNCIANTE  con patrocinio. Que el referido patrocinante se entrevisto con el denunciado reclamándole el pago de la cobranza encomendada, quien le habría respondido en forma instantánea a dicho reclamo, abonándole el cincuenta por ciento del saldo adeudado, cancelando de esta manera la cuestión, otorgándole la correspondiente carta de pago.-

3- Que ello no obstante, al ser citada para ratificar ante el actuario dicho escrito de desistimiento la DENUNCIANTE vuelve a reconocer la demora en el pago de la suma reclamada en juicio y abonada con anterioridad por el demandado.

4- Que es oportuno poner de relieve que la función institucional del Tribunal de Disciplina está expresamente reglada en el art. 50 de la ley 5805, en cuanto piedra angular de su competencia material, en resguardo de la prevención de los valores de lealtad, probidad y buena fe, pero en modo alguno puede incursionar en las querellas individuales que pueden existir entre el cliente y abogado. Debe señalarse que el objeto de la denuncia fue lo suficientemente  dilucidado al contestar el traslado el denunciado, en el cual reconocer haber recibido con anterioridad los pagos (meses de julio y agosto) y todavía al 21 de noviembre  de 1997, mantenía en poder las cuotas abonadas por el demandado.-

5- Es evidente que el proceder del abogado DENUNCIADO queda perfectamente encuadrado en la falta típica en el inc. 12 del art. 21 de la ley 5805, y por ello corresponde aplicar la sanción prevista por el art. 72 inc. 1ª de la ley 5805 de apercibimiento público.-

SALA CUARTA. DRES. MIGUEL ANGEL PUGA, PTE RAUL EDUARDO CARRANZA, VCPTE VICTOR EDUARDO SAMUELE, VOCAL. AÑO 1998.-

SENTENCIA NUMERO 987

1- Y VISTA la causa en la que en la denuncia se realiza un doble cuestionamiento en contra de la DENUNCIADA, el primero referido a la falsificación de dos firmas que pertenecían a la actora, el segundo cuestionamiento el haber retenido sumas de dinero percibidas por pagos parciales realizados por el demandado.

2- Que respecto del primer tema ha quedado desvirtuado que la denunciada haya falsificado las firmas a su patrocinada en el juicio del prepara vía ejecutiva. La pericial caligrafica elaborada por el perito oficial arriba a la conclusión de que"no es posible definir la participación de la DENUNCIADA en la confección de las dos firmas falsificadas-,

3- Que en lo atinente a la retencíón indebida por parte de la patrocinante, carece de asidero jurídico, en razón que la DENUNCIANTE presenta su denuncia con fecha 07 de octubre de 1996, tal circunstancia, sin intimar previamente a su letrada la rendición de cuentas y la entrega de las sumas percibidas. La DENUNCIADA acompaña la planilla del juicio con fecha 07 de octubre de 1996, el mismo día que la DENUNCIANTE presenta la denuncia ante este Tribunal, de dicha liquidación se corre vista a la actora, con lo cual queda demostrado el desarrollo normal dentro del procedimiento.-

4- No debemos olvidar que es requisito básico intimar la entrega de dinero, nada de ello se ha demostrado en las presentes actuaciones, donde debe concluirse desestimando la pretensión incoada.

SALA CUARTA: DRES. MIGUEL ANGEL PUGA, PTE EDITH VIDELA DE BARONE, VCPTE MARCELO FERRER VERA, VOCAL.- AÑO 1997  

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 386.

1- Y VISTA esta causa de la que surge de los términos de la comunicación recibida de autoridad jurisdiccional que resulta indubitable que el DENUNCIADO, ha sido pasible de procesamiento y prisión preventiva y formalmente acusado como supuesto autor de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, en concurso real y que dichos actos del proceso se encuentran firmes y ejecutoriados.

2- Que el óbice formulado por el letrado en su descargo en lo tocante a la eliminación de la figura del procesamiento en el nuevo régimen procesal penal aparece insustancial y debe ser descartado como argumento de resistencia a su juzgamiento por este Tribunal en los términos del art. 75 de la ley 5805. Ello es así por cuanto la ratio legis del precepto aludido del régimen ético-disciplinario jamás puede interpretarse como referencia directa a la figura del procesamiento - como instituto procesal penal - sino al juicio de valor que este implica respecto de la conducta del abogado sospechoso de la comisión de un ilícito penal.-

3- Debe quedar claro, pues, que si el contenido axiológico de los actos procesales del nuevo régimen equivalen al del fenecido instituto del procesamiento, resulta indudable e incuestionable la procedencia del juzgamiento contemplado por el art. 75 de la ley 5805. En tal sentido, comparando los regímenes procesales penales sucedáneos, teníamos que el procesamiento operaba cuando existían elementos de convicción suficiente para estimar que hubo un hecho delictuoso y que el imputado es culpable como partícipe del mismo (art. 403 C.P.P. anterior). En la actualidad, el requerimiento fiscal de elevación a juicio -usualmente denominado "acusación" - significa que existen elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho ilícito (art.354 del nuevo C.P.P.).

4- La acusación implica también que no concurren ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 350 del citado cuerpo legal, determinantes del sobreseimiento. De ello resulta que la acusación tiene, además, como presupuestos que el imputado cometió el hecho investigado (inc. 1) que el hecho encuadra en una figura penal (inc.2) que no media causal de justificación, de inimputabilidad, de inculpabilidad, ni excusa absolutoria (inc. 3) que la pretensión penal está vigente (inc. 4) y, finalmente, que existe fundamento suficiente para elevar la causa a juicio (inc. 5). Además, la requisitoria de elevación a juicio tiene aditamentos que contribuyen notablemente a la certeza de la valoración. Así, mientras la acusación sólo puede formularse una vez concluída la etapa de investigación (art.354 y ss del nuevo C.P.P.), el procesamiento era susceptible sin haberla agotado (art. 304, primer párrafo del c.P.P. anterior).-

5- Por otra parte, el procesamiento sólo podía ser enervado mediante recurso de apelación ante la Cámara de Acusación (art. 308 C.P.P. anterior). La acusación, en cambio, es susceptible de oposición (art.357 del C.P.P. nuevo), que debe ser resuelta por el juez de Instrucción y, en contra de la resolución de  éste, procede aún recurso de apelación (art. 358 C.P.P. nuevo).

6- Del suscinto análisis comparativo precedente surge con claridad que el juicio de valor que contenía el procesamiento ha sido reemplazado, por lo menos, con equivalencia por el que ilustra la requisitoria fiscal de elevación a juicio. Se refuerza así la convicción expresada en el sentido que el art. 75 de la ley 5805 resulta aplicable en el contexto del régimen procesal penal sancionado por la ley 8123 si media acusación o requerimiento fiscal de elevación a juicio en contra de abogados imputados de la comisión de ilícitos penales.-

7- Que el art. 75 de la ley 5805 no prevé un esquema procedimental previo a la aplicación de la suspensión preventiva. Sin óbice de ello, en escrupuloso resguardo del derecho de defensa en juicio, este Tribunal ha adoptado como criterio el permitir que el letrado alegue y pruebe lo que estime pertinente en su defensa. Ello implica la posibilidad de formular un descargo, acompañando en ese acto todos los elementos que contribuyan a sostener la defensa posibilidad que en forma alguna importa la apertura de una etapa probatoria respecto de hechos cuyo juzgamiento corresponde a la autoridad jurisdiccional y que, además, sólo contribuiría a dilatar la instancia en desmedro de la finalidad tuitiva inmediata de la suspensión preventiva. Por ende, el ofrecimiento de prueba formulado por el DENUNCIADO sólo debe ser tenido presente a sus efectos y su petición consiguiente de apertura a prueba de la instancia, rechazada por improcedente.-

8- Que ingresando, finalmente, al análisis de los extremos contemplados por el art. 75 de la ley 5805, en relación al sublite, resulta que las circunstancias del caso demuestran la inconveniencia de la continuidad del ejercicio profesional por parte del DENUNCIADO. En efecto si bien dicho letrado no registra antecedentes disciplinarios, la naturaleza y característica de los delitos por los que ha sido acusado tornan aconsejable y pertinente la suspensión preventiva. Se trata en primer término de un hecho de defraudación por administración fraudulenta cometido en ejercicio de la profesión de abogado. El otro hecho, si bien corresponderían a actos de la esfera comercial particular del letrado, pone bajo seria duda el requisito de buena conducta contemplado por el inc. 5º del art. 4 de la ley 5805.- En función de lo expresado se estima corresponde la suspensión preventiva del denunciado.-

SALA PRIMERA: DRES. CARLOS F. ARRIGONI, PTE GUILLERMO H. CAPDEVILA, VCPTE ROBE RTO JULIO JORDAN, VOCAL.- AÑO 1995.-

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 404

1- Y VISTA la presente causa que se origina por comunicación cursada por el Juzgado de Instrucción y Faltas de Bell Ville mediante la cual comunica la excusación formulada por el asesor letrado ad hoc designado por sorteo, manifestando este"que las imputaciones que pesan sobre el imputado en la causa penal son de una entidad tal que prima facie lo inhiben realmente de desempeñar dicha asesoría, hasta tal grado que la defensa técnica, en este caso no aparece justa a los"ojos de su conciencia-, agregando que"Ante dichas circunstancias  no cree poder desempeñarse como tal responsabilidad lo indicaría-.-

2- Que en caso de autos, el análisis a formularse en sede Disciplinaria sólo puede estar orientado a determinar la concurrencia del tipo infraccional previsto por el inc. 17 del art. 22 de la ley 5805 (renunciar u omitir sin causa justificada, el cumplimiento de las funciones o tareas que le sean encomendadas  por el Colegio, o por los tribunales, de acuerdo con las leyes.).-

3- Resulta claro que la excusación formulada por el DENUNCIADO  a asumir la defensa, para la cual ha sido encomendado por designación jurisdiccional, tiene como fundamento una contrariedad a sus íntimas convicciones, en virtud de la gravedad de los ilícitos que pesan sobre el imputado. Siendo así, dirime la causa determinar si el motivo invocado por el letrado para la excusación, puede considerarse justificado o no. En tal sentido debe tenerse presente la vigencia de la máxima de ética profesional que manda obrar según ciencia y conciencia, cuya aplicación implica que, cuando una determinada tarea excede la ciencia o indispone la conciencia del profesional, no solo se justifica excusarse de asumirla, sino que, antes bien, resulta recomendable hacerlo por una cuestión de prudencia, con trasfondo ético  y profesional.-

4- En el sublite, es la conciencia del letrado la que se ve comprometida cuando se le plantea la alternativa de aceptar un cometido que repugna sus intimas convicciones y que de ser asumida en esas condiciones, hasta podría perjudicar el sentido propio de la función instituida. Tales pautas son las que deben regir la actitud y la conducta del abogado en el análisis preliminar a la asunción de un asunto profesional determinado.-

5- El subexámine presenta una realidad distinta. La excusación del DENUNCIADO, se produce en un contexto particular: se trata de una encomienda jurisdiccional para la cual el propio letrado se postuló. Como asesor letrado ad hoc, le atañe no sólo el derecho, sino también, la obligación de inhibirse cuando, como en su caso, advierte que existen graves objeciones de conciencia que le impiden el desempeño eficaz de la tarea para la que ha sido designado. Así lo establece de modo expreso el art. 11 de la ley 7982.-

6- Por lo demás el conflicto de conciencia que el letrado invoca resulta verosimil y comprensible en función de la naturaleza y gravedad de los delitos que se imputan al encartado en la causa penal. Por tales razones de hecho y de derecho, este Tribunal Juzga que no concurren los requisitos de admisibilidad necesarios para la formación de proceso disciplinario. Por lo que se dispone el archivo de las actuaciones.-

SALA PRIMERA: DRES. CARLOS F. ARRIGONI,PTE  GUILLERMO H. CAPDEVILA, VCPTE JULIO JORDAN, VOCAL.- AÑO 1996.- 

SENTENCIA NUMERO: 845

1- Y VISTA esta causa disciplinaria  de la que surge que a fs. 1 obra nota cursada por el Colegio de Abogados adjuntando nota periodistica que se agrega a fs. 2, que da cuenta de la condena penal recaida contra del abogado DENUNCIADO. Que dispuesto instruir de oficio las actuaciones, recabándose copia autentica de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba, en autos"DENUNCIADO. P.S.A. DE PECULADO.- La que se incorpora en autos y por la cual se dispone declarar al DENUNCIADO autor responsable del delito de defraudación a una administración pública , en los términos del articulo 174 inc. 5º en función del art. 172 del C. Penal e imponerle en tál carácter la pena de tres años de prisión, en forma de ejecución condicional, e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos, empleos o comisiones públicas, con costas.-

2- Que admitida la causa a los fines del art. 73 inc. 2 de la ley 5805, se corre traslado al letrado encausado a los fines de formular su descargo, que concreta a través del escrito incorporado.-

3- Corresponde analizar, entonces la concurrencia de los extremos requeridos por el art. 73 inc. 2º de la ley 5805, a los fines de determinar la procedencia de la sanción prevista por el inc. 4º del art. 72 del mismo cuerpo normativo. En tal sentido, resulta claro que el delito cometido por el abogado DENUNCIADO,  en función del cual ha resultado penalmente condenado, es de acción pública y no admite tipos culposos, ni de dolo eventual sino, antes bien, constituye una figura típica de dolo directo, es decir de intención plena del autor dirigida a la conducta sancionada.-

4- El Tribunal Oral expresa que"la conducta dolosa del encartado surge, entonces, palmaria a la luz de las constancias que vengo analizando&ldquo rematando el aserto a fs. 9vta. Cuando al dilucidar los aspectos relativos a la  y responsabilidad penal del DENUNCIADO sostiene que" los pases relevantes de su accionar delictivo están dados por: a) la percepción de una orden de pago a nombre de Banco de la Nación Argentina  b) La apropiación de la misma, abusando de su calidad de mandatario del Banco, a partir del deposito que efectúa en una cuenta corriente de la que era titular c) el falseamiento sistemático del estado del juicio en que se emitiera esta orden de pago, durante meses d) La devolución luego de perentorios  requerimientos de la superioridad del dinero que se apropiara, mediante tres depósitos sucesivos realizados pòr el imputado entre el 14 de diciembre de 1992 y 21 de enero de 1993. Tales conclusiones unidas a los conceptos antes expuestos y  los que habremos de explicar infra, nos conducirán a sancionar  al DENUNCIADO en esta sede con la cancelación de su matrícula.-

5- Que para aplicar la grave medida que nos ocupa, hemos ponderado también: a) que no corresponde a este Tribunal efectuar una revisión crítica de lo evaluado y decidido en sede judicial, según lo trasunta la pretensión expuesta en el descargo presentado por el DENUNCIADO en donde se plantea una versión de los hechos distinta y exculpatoria, ya descartada en aquella sede. b) Que el hecho ilícito ha sido cometido por el letrado en el ejercicio de la profesión, en perjuicio de su propio cliente y afecta por tanto, los legítimos intereses y el prestigio del cuerpo de abogados. c)  Que la condenación penal del letrado por un hecho ilícito doloso evidencia que ya no subsiste a su respecto el recaudo contemplado por el inc. 5º del art. 4 de la ley 5805 (ser persona de buena conducta, requisito imprescindible que debe concurrir, tanto para obtener la habilitación profesional, cuanto para mantenerla, una vez concedida. Es esa la correcta interpretación del sentido teleológico del precepto, que guarda innegable correlación con la disposición contenida en el aludido inc. 2º del artr. 73 del mismo régimen. Por ello se resuelve cancelar la matrícula profesional  y por ello excluirlo del ejercicio profesional en virtud de la causal prevista por el art. 73 inc. 2º  de la ley 5805.-  

SALA PRIMERA: DRES. CARLOS F. ARRIGONI,PTE JULIO JORDAN, VOCAL., CRISTINA BERGESE, VOCAL. AÑO 1997.-

SENTENCIA NUMERO: 738

1- Y VISTA esta causa de la que surge que a fs. 94/110 obra comunicación cursada por el Sr. Juez titular del Juzgado Federal de la ciudad de Córdoba que da cuenta de la sentencia penal recaída  en contra del abogado DENUNCIADO, en virtud de la cual fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, con costas y accesorias de ley, como autor responsable de los delitos de falsificación de documentos públicos destinados a acreditar la titularidad del dominio (dos hechos) y la habilitación para circular de los vehículos automotores (dos hechos) en concurso real.-

2- Que conforme surge de las constancias de autos, el abogado DENUNCIADO, ha sido condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso como autor de los delitos antes enunciados, corresponde analizar, entonces, la concurrencia de los extremos requeridos por el art. 73 inc. 2º de la ley 5805, a los fines de determinar la procedencia de la sanción prevista por el inc. 4º del art. 72 del mismo cuerpo normativo.-

3- En tal sentido, resultas claro que los delitos cometidos por el abogado DENUNCIADO,  en función de los cuales ha resultado penalmente condenado, son de acción pública y no admiten tipos culposos, ni de dolo eventual sin antes bien, constituyen figuras típicas de dolo directo. Corresponde pues, sancionarlo en esta Sede con la cancelación de la Matrícula y la exclusión del ejercicio profesional en todo el ámbito de la competencia del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Pcia. de Córdoba.-

4- Que la suspensión preventiva aplicada al letrado, como consecuencia de su procesamiento por los mismos hechos que derivaron en su condenación penal, no constituye una sanción, sino una medida cautelar que opera bajo las condiciones previstas por el art. 75 de la ley 5805 condiciones que este Tribunal, en su momento y a través de la Sala competente, juzgo concurrentes. Por lo demás, el coto máximo de seis meses previsto por el citado precepto sólo puede interpretarse con la intensión del legislador de evitar que la medida precautoria o cautelar de suspensión preventiva se convierta, por falta del limite temporal, en una verdadera sanción,  impeditiva del ejercicio profesional por tiempo indeterminado. De allí que no pueda sostenerse que en el sublite se pretende la aplicación de una doble sanción por los mismos hechos, en infracción del principio nom bis in idem. Por ello se resuelve cancelar la matricula profesional en virtud de la causal prevista por el art. 73 inc. 2 de la ley 5805.

SALA PRIMERA: DRES. CARLOS F. ARRIGONI, PTE  GUILLERMO H. CAPDEVILA, VCPTE JULIO JORDAN, VOCAL.- AÑO 1996.-

SENTENCIA NUMERO: 87.

1- Y VISTOS estos autos, en los que a fs. 1/5 el DENUNCIANTE pone en conocimiento de este Tribunal la conducta desplegada por la letrada DENUNCIADA, la cual con fecha 18 de noviembre de 1996 recibió del denunciante la suma de pesos ciento setenta y cinco para gastos proporcionales para la promoción de un juicio de escrituración como también la suma de pesos un mil doscientos en concepto de deposito judicial. Que desde la fecha de la entrega del dinero hasta finales de 1997 el denunciante manifiesta que no pudo obtener respuesta de la encartada, pese a los insistentes requerimientos, salvo a finales de ese año en que la DENUNCIADA le informa mediante una constancia de su puño y letra que el juicio esta radicado en determinado Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial.- Que con dichos datos concurrió al Juzgado siendo informado que allí no se encontraba radicado ese juicio. Que por ello remitió carta documento a la letrada, la que pese haberla recibido, no la contestó. Adjunta recibos de las sumas entregadas a la abogada, carta documento y su aviso de retorno y manuscrito que le entregara la letrada, donde informa sobre la radicación del juicio.

2- Remitida la causa a esta Sala por corresponder en turno, se ordena instruir proceso por infracción a los incisos 10, 12 y 27 del art. 21 y art. 50 ambos de la ley 5805.- Corrido traslado a la letrada con la documental que adjuntara el DENUNCIANTE, esta no comparece por lo que es declarada rebelde continuando con el tramite, realizándose las notificaciones a la oficina. Sin perjuicio de ello esta Sala en ejercicio del poder autónomo de investigación requirió de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores, informe sobre las acciones iniciadas por la letrada y del que surge que la profesional no realizó aportes a cuenta de los autos referidos en los recibos entregados por ella.-

3- Que la presente causa se pone en conocimiento de este Tribunal la conducta desplegada por la letrada DENUNCIADA y se promueve acción disciplinaria por surgir"prima facie-, infracción a los arts. 50 y 21 incs. 10,12 y 27 de la ley 5805. 4- Por una cuestión metodológica corresponde analizar una a una las conductas infractoras de los incisos y artículos citados.-   Que la conducta imputada tipificada por el inc. 10, abandonar la defensa de la causa confiada, a criterio de esta Sala se encuentra acreditada. De la documental incorporada en autos se desprende que la letrada en el mes de noviembre de 1996 recibió una suma de dinero que imputó a gastos de juicio y para deposito judicial de una demanda de escrituración. De la prueba rendida en el expediente disciplinario surge indubitable, que la letrada no inició la causa referida, por cuanto en el informe de la Caja de Jubilaciones y Pensiones  no aparece ni la carátula ni alguno de los nombres detallados por la profesional en los recibos extendidos o en la esquela entregada al denunciante, esquela que luce en copia certificada a fs. 5. EN consecuencia la abogada recibió de quien es su comitente instrucciones de llevar a delante una causa judicial y a tales fines le fue entregado dinero, no realizando salvedad alguna que permita interpretarse que además de la percepción del mismo, la profesional debería contar con algún otro elemento a suministrar por su cliente para iniciar la causa encomendada. Lo expuesto, con más la circunstancia que la letrada no ha desconocido la documental junto a la cual se le corriera traslado (por lo que se la debe tener por reconocida) confirma la comisión por parte de la profesional de la conducta tipificada en el art. 21 inc. 10 de la ley 5805.-

5- Respecto de la infracción al inc. 12, de la documental acompañada, en especial la carta documento remitida a la profesional por el denunciante se desprende que fue emplazada a rendir cuenta y fue notificada de que se le revocaba el poder otorgado. Que si bien no fue emplazada a restituir -al serle revocado el mandato (lease poder)- la letrada debió entregar las sumas a las que no hubiera dado el destino para el cual las recibió. En consecuencia, esta Sala entiende que al serle requerida una rendición de cuentas y revocado el poder, la letrada debió restituir las sumas o en su caso ponerlas a disposición de su ex-mandante. En consecuencia se tiene como acreditada la infracción estipulada en el inc. 12 del art. 21 al haber demorado la restitución de fondos percibidos por el profesional y que no los afecto al destino para lo cual los hubiera recibido.-

6- La infracción al inc. 27 del art. 21 exige que la información brindada por el profesional sea  falsa y maliciosa. Del informe rendido por el Juzgado en el cual se presentara la demanda, según la esquela entregada por la letrada, surge que la acción no fue iniciada en él. En consecuencia se da el tipo antiético establecido en ese inciso, cumpliéndose además el requisito de acreditación de la falta mediante documental, (esquela antes referida) la cual como se expusiera arriba, no fue desconocida por la letrada denunciada.-

7- Que en consecuencia en autos se ha acreditado la comisión por parte de la letrada de las faltas tipìficadas en los incs. 10, 12 y 27 correspondiendo en este punto determinar la sanción a aplicar a la profesional. Del certificado obrante a fs. 35 de autos se observa que la letrada posee antecedentes disciplinarios, siendo pasible a la fecha de cuatro sanciones disciplinarias de suspensión en el ejercicio de la profesión, tres de las cuales, a la fecha, se encuentran firmes, consentidas y cumplidas,  causa de fecha 26/04/96, en la cual se aplico a la letrada una suspensión en el ejercicio de la profesión por un mes, por infracciòn al art. 21 inc. 12 y art. 50 causa de fecha  en la que se aplicó a la letrada una suspensión en el ejercicio de la profesión por cuatro meses, por infracciòn al art. 21 inc. 12 y Art. 50 de la ley 5805 causa de fecha en la que se aplicò una suspensión por el plazo de 3 meses, por infracciòn al art. 21 inc. 10, 12 y art. 50 de la ley 5805 y causa de fecha  la que por sentencia se aplicó una sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por dos meses, por infracción al art. 21 inc. 10, 12 y art. 50 de la ley 5805 sanción que a la fecha no se ha ejecutado, con más una suspensión preventiva por cinco meses, dictada en autos iniciados con fecha. En consecuencia, atento los antecedentes de la letrada y lo dispuesto por el art. 73 inc. 1) de la ley 5805, esta Sala entiende que la sanción a aplicar es la de cancelación en la Matrícula establecida por el art. 72 inc. 4). A los fines de aplicar tan gravosa sanción se ha meritado la gravedad de las faltas por las cuales ha sido encausada la profesional, como lo son el abandonar la defensa, la retención de fondos y el informar falsa y maliciosamente sobre el estado de una causa, como así también, que la profesional ha sido sancionada con anterioridad por esta Sala y por otras por faltas o conductas contrarias a los incisos 10 y 12, sin que dichas sanciones hubieran cumplido con el fin correctivo que mediante ellas se pretende. Por todo lo expuesto  SE RESUELVE: 1) Aplicar la sanción de CANCELACION de la matrícula y exclusión, por tanto, del ejercicio profesional.-

SALA SEXTA: DRES. JORGE AITA TAGLE, PTE JORGE MARTIN, VCPTE AURELIO GARCIA ELORRIO, VOCAL. AÑO 1999.-

SENTENCIA NUMERO: 805

1- Y VISTA esta causa en la que la Sala Sexta de este Tribunal agotó su jurisdicción en las presentes actuaciones mediante el dictado de la sentencia 744 del 10 de mayo de 1996 corresponde a la Sala primera entender en la presente instancia procesal a mérito de su carácter de ejecutora de los actos administrativos emanados de las restantes Salas del Tribunal y de los suyos propios.-

2- Que con fecha 20/4/95 y en los términos del escrito de fs. 1 de autos, el DENUNCIANTE promovió denuncia en contra del DENUNCIADO a tenor del art. 76 de la ley 5805. Con fecha 22/5/95 fs. 10, se dispuso girar las actuaciones a la Sala Sexta en turno y requerir el informe de rigor al Colegio de Abogados de Córdoba a fs. 11, el Colegio de Abogados de Córdoba informó a este Tribunal que el letrado DENUNCIADO perdió su carácter de inscripto a partir del 5/5/95. En consecuencia, se dispuso el archivo provisorio de las actuaciones, ordenándose la suspensión del procedimiento y del cómputo de los plazos a los fines de la prescripción de la acción disciplinaria a partir del 5/5/95. Posteriormente, con fecha 26/9/95 se recepciona informe del Colegio de Abogados de Córdoba, cuya copia ha sido incorporada a fs. 45, mediante el cual se da cuentas que el letrado en cuestión, a esa data, se encontraba habilitado para el ejercicio profesional, disponiéndose mediante decreto del 2/10/95, la reanudación del procedimiento. Tramitada la causa en su totalidad, con el DENUNCIADO en rebeldía, la Sala Sexta de este Tribunal, con fecha 10/5/96, pronuncia la sentencia número 744, fs. 38, aplicándosele al DENUNCIADO la sanción de suspensión para el ejercicio profesional por el lapso de tres meses. Dicha sanción queda firme y es ejecutada.-

3- Así los hechos, llega a conocimiento de esta Sala, a tenor del informe brindado por el Colegio de Abogados de Córdoba requerido in re, que el letrado en cuestión, tiene su matrícula cancelada y esta inhabilitado para el ejercicio profesional a partir del 6/5/95. Cuadra dejar sentado que la competencia del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba para el ejercicio de la potestad de contralor ético que le confiere la ley 5805, se encuentra condicionada a que el abogado posea matricula profesional, o al decir del art. 50 de dicha ley, se encuentre inscripto en la Provincia.-

4- De ello se deriva que la sanción aplicada al abogado DENUNCIADO a tenor de la sentencia número 744 del 10/5/96 es nula de nulidad absoluta por incompetencia del órgano administrativo de aplicación, según lo prevé el art. 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo vigente en la Provincia.-

5- Sin óbice de ello, corresponde aclarar a sus pertinentes efectos, que la nulidad que procederemos a declarar tiene como causa única y exclusiva el erróneo tenor del informe oportunamente brindado por el Colegio de Abogados de Córdoba. Por ello  se declara la nulidad de la sanción impuesta al abogado DENUNCIADO mediante la sentencia número 744 de fecha 10/5/96 dictada por la Sala Sexta de este Tribunal.-

SALA PRIMERA. DRES. CARLOS FERNANDO ARRIGONI, PTE HORACIO GUILLERMO CAPDEVILA JULIO ROBERTO JORDÁN, VOCAL. AÑO 1997.-

AUTO INTERLOCUTORIO: 672

1. Y VISTA esta causa  disciplinaria de la que resulta que a fs. 93 comparece el DENUNCIADO interponiendo Recurso de apelación en contra de la Sentencia Número novecientos cincuenta y seis.

2. Que el recurso de apelación intentado por el recurrente, no obstante lo dispuesto por el art. 87 de la ley 5805 deviene inadmisible a mérito del art. 1º de la ley 7182 y del criterio especifico sentado al respecto por el Tribunal Superior de Justicia.

3. Es que según la concepción del alto cuerpo las resoluciones del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Pcia. de Córdoba tienen el carácter de actos administrativos y por ende sólo pueden ser revisadas o enervadas por acción jurisdiccional contencioso administrativa. Que en virtud de ello, del carácter autónomo del Tribunal y de su condición de persona de derecho público no estatal, el agotamiento de la vía administrativa opera, conforme lo establece el art. 87 de la ley de procedimiento administrativo, mediando recurso de reconsideración en contra de la sentencia. Por ello y a mérito de las constancias de autos corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación

SALA QUINTA: DRES. MAXIMILIANO VIDELA, PTE MARIANO LIEBAU, VCPTE ELADIA GARNERO DE FAZIO, VOCAL. AÑO 1998.

SENTENCIA NUMERO: 108

1.- Y VISTA esta causa de la que resulta que a fs. 1 de autos el DENUNCIANTE formula denuncia en contra del letrado imputado que se concreta en el hecho de que en una causa Civil, en la cual el DENUNCIANTE es actor y el DENUNCIADO es demandado con fecha 12 de junio de 1998, EL DENUNCIADO opuso recusación sin causa, contestó la demanda, opuso excepción de falta de acción, planteó prescripción adquisitiva, hizo reserva de daños y perjuicios, impugnó prueba documental y ofreció prueba pese a encontrarse  suspendido en la matrícula profesional por resolución del Tribunal de Disciplina de Abogados.-

2.-  Agrega el denunciante que el escrito lo firmó el abogado DENUNCIADO en su condición de tal, con aclaración de firma e indicación de la profesión que ostenta, pero sin mencionar el número de matrícula y que el tribunal proveyó el escrito.- Acompaña fotocopia certificada del aludido escrito en el que se consigna el cargo del juzgado, dando también a conocimiento del hecho que motivo estas actuaciones al Colegio de Abogados de Córdoba.-

3.-  Que previo informe de Secretaría sobre la matrícula del letrado, Presidencia del Tribunal encuadra la conducta  como incursa, prima facie, en violación a las normas de ética profesional, previstas en los artículos 50 y 21, inc.18 de la ley 5805 en función del artículo 45, inciso"C- del Estatuto del Colegio de Abogados de Córdoba porque a la fecha de la presentación del escrito se encontraba suspendido en su matrícula profesional por el término de seis meses desde el 7 de abril de 1998 según resolución de la Sala Sexta de este Tribunal de Disciplina de Abogados.-

4.-  Corrido el traslado de ley para que  efectúe su descargo y ofrezca prueba,  lo hace, acepta la autoria del escrito de marras, pero aduce en su descargo que al actuar en causa propia no ha hecho más que ejercer el derecho de propiedad estatuido en el art.17 de la Constitución Nacional, toda vez que su actividad no puede interpretarse como ejercicio de la profesión de abogado.- Manifiesta que el marco regulatorio de la profesión de abogado está plasmado en el art.16 de la ley 5805 y que de su lectura, lo que el legislador ha querido es regular"la venta o comercialización de los servicios profesionales del abogado en sus diversas modalidades de que da cuenta el referido art.16 ...- y al respecto sostiene que el art.50 de la ley que abre la competencia del Tribunal de Disciplina está supeditado a la existencia del cliente lo que no ocurre en el caso de que se trata porque él litiga en su calidad de abogado pero en causa propia, es decir que no existe la figura del cliente, presupuesto fundamental y condicionante para que exista o no profesión de abogado.-

5.- Que el hecho denunciado ha sido reconocido por el propio imputado en autos quien expresa encontrarse justificado al haber actuado en causa propia, razón por la que plantea la nulidad del Acta Cabeza de Proceso de fs.16, de la opinión vertida por la Comisión de Vigilancia y posteriror  resolución nº 6282 del Directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba y consecuentemente la incompetencia de esta Sala III para juzgar disciplinariamente su conducta.- Que estamos frente a una cuestión de puro derecho, toda vez que el tema se circunscribe a determinar si el letrado, que se encuentra suspendido en su matrícula profesional, puede intervenir en causa propia sin patrocinio de otro letrado.-

6.-  Que el argumento del imputado de que al efectuar su defensa en causa propia solo ha ejercitado el derecho de propiedad contemplado en el art.17 de la Constitución Nacional, no se compadece toda vez que los derechos reconocidos por la Carta  Magna no tienen  carácter absoluto y que esta Sala, en uso del poder autónomo de investigación, se constituyó en el Colegio de Abogados de esta Ciudad y de la lectura del legajo del letrado ha podido comprobar que en su oportunidad solicitó autorización para actuar en causa propia lo que le fué expresamente denegado  según resolución que luce agreada en autos, sin que fuera impugnada, no obstante y como argumento decisorio cabe reproducir el criterio de la Excma. Carte Suprema de Justicia de la Nación que ha sentado jurisprudencia al respecto en la materia cuando expresa"El ejercicio de la profesión una vez obtenido el título no reviste el carácter absoluto-, Fallos 310:2946, 311:506.-

7.- Que a mayor abundamiento en situación similar la aludida Institución a solicitud del Juez en lo Civil y Comercial interviniente en la causa "Peralta, Mario Oscar c/ Santiago Adolfo Ramos - ordinario-  se expidió en el sentido de que la profesional que se encuentra suspendida en el ejercicio profesional por resolución firme del Tribunal de Disciplina  de Abogados  implica que no puede ejercer en cualesquiera de las alternativas previstas en el art.16 de la ley 5805.-

8.- Que con idéntico criterio las Excmas Cámaras Contencioso Administrativas tienen sentado pacífico y unánime criterio en orden a que en las causas que los letrados promueven en solicitud de revocación de las sanciones disciplinarias que por causas éticas le aplica el Tribunal de Disciplina estos deben actuar con patrocinio letrado cuando la medida es de suspensión de la matricula, lo que se compadece con la doctrina del Alto Tribunal de la Nación que afirma:"El derecho de trabajar no sufre menoscabo alguno por la aplicación de una sanción disciplinaria, pues tal derecho se encuentra sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio y no se altera por la imposición de condiciones que, lejos de ser arbitrarias o desnaturalizarlo, guardan adecuada proporción con el ejercicio de ciertas profesiones (Fallos 214:612 292:517 315:1370 y sus citas), CSJN, 13/8/98, Resolución C-1656. XXXII.-

9.- Que la invocación del art.19 de la Constitución Nacional con alegación de que nadie está privado de hacer lo que la ley no prohibe cae por su propio peso ya que es la ley quién determina la prohibición y además  tal dispositivo constituye el marco moral en que debemos desenvolvernos todos las personas que habitamos el suelo de la Nación Argentina y que en el caso de autos no estamos frente a una acción privada sino frente a un hecho esencialmente moral, porque de eso se trata la conducta ética, el argumento queda desvirtuado, al igual que el argumento de que no cabe la aplicación del art. 50 de la ley 5805, en razon de que la falta de decoro no necesariamente debe darse en perjuicio de una persona, cliente, determinada sino que el ilícito perjudica y ofende a la sociedad en general y al respecto es oportuno recordar que la citada ley que regula la profesión de abogados contiene todo un andamiaje ético al punto que cuando trata sobre el procedimiento para la inscripción en la matrícula el art. 4º, inc.5 impone"Ser persona de buena conducta-, el art. 19, inc.4 :&ldquoDar estricto cumplimiento a las normas de ética y deberes de la profesión ...-, inc.13:"Acatar las resoluciones del Colegio y cumplir las sanciones disciplinarias", para no citar otras en razón de la brevedad .-

10.- Que el acto administrativo que constituye la medida disciplinaria quedó en su oportunidad firme y ejecutoriado en razón de que el letrado no ejercitó las acciones que la propia ley prevé para que se le revocara o suspendiera la medida y que ésta ha sido emanada de autoridad competente ya que como se tiene  dicho: "Los Colegios Profesionales  son creados por el Estado para ejercer cierto tipo de funciones administrativas, a los cuales se les confiere un cierto poder público para actuar en nombre del Estado y con su potestad-, confr. C5CC Córdoba, Sent. 126"FA (Comunicación cursada por el Juzgado de Instrucción de 15 Nominación), 2-XI-88.-

11.- Que por último y como un argumento más en apoyatura del criterio que sustenta la presente resolución, es la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que"Si el título habilita para ejercer la profesión, puede concebirse que las autoridades facultadas para reglamentar dicho ejercicio determinen, dentro de lo razonable, los modos de él según las circunstancias y establezcan requisitos complementarios destinados a asegurar  la rectitud y responsabilidad con que la profesión ha de ser ejercida-, in re:"Antonini Modet c/ Buenos Aires Provincia- ,23/12/97, A.102.XXV.-

12.- Que por todas las razones apuntadas es evidente que el abogado DENUNCIADO carece de toda justificación en su obrar a lo que debe agregarse los antecedentes disciplinarios que registra en su legajo que por su gravedad, dicen a las claras que no estamos frente a un hecho aislado. Por todo lo expresado esta Sala RESUELVE Imponer al abogado DENUNCIADO la sanción de seis meses de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado por encontrase incurso en las causales previstas en los artículos 21, inc.18 en función del 50 ambos de la ley 5805 y del artículo 45, inc.-C- del Estatuto del Colegio de Abogados de Córdoba.- 2) Se gire copia de la presente al señor Fiscal en Turno para el supuesto de que la conducta del letrado pudiera constituir delito.-

SALA TERCERA: DRES. JULIO CESAR MARQUEZ, PTE IVAN MALDONADO, VCPTE RUBEN FRAIRE, VOCAL.- AÑO 1999.

SENTENCIA NUMERO: 648

1- Y VISTA esta causa disciplinaria caratulada de la que surge que a fs. 1 obra oficio de la Sala VII de este Tribunal dirigido a la Presidencia de esta institución a los fines de poner en conocimiento la actuación profesional desarrollada por la DENUNCIADA y DENUNCIADO en la causa disciplinaria que se tramitó por ante esa Sala, previo examen de la documentación acompañada,  escrito presentado con fecha 18 de Mayo de 1994 por los abogados DENUNCIADOS, se advierte que dichos letrados habrían incurrido prima facie en supuesta violación a las normas de ética previstas por la ley 5805, ordenando la instrucción del proceso disciplinario y el pase de las actuaciones a la Sala Primera.-

2- Que se ha promovido de oficio causa disciplinaria en contra de los DENUNCIADOS, por la concurrencia presunta de la infracción ética contemplada por el art. 21 inc. 15 de la ley 5805, ello, con motivo del escrito presentado por los letrados DENUNCIADOS en la causa, radicada por ante la Sala Séptima de este Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba.-

3- Que del contenido del escrito referenciado, cuya copia ha sido incorporada a fs. 2/4 de autos, cuyos términos no han sido objeto de aclaración, rectificación o retractación en esta causa, resulta con evidencia que los DENUNCIADOS excedieron las necesidades de su propia defensa en la causa disciplinaria de origen, formulando juicios ofensivos a la dignidad de los miembros de la Sala del Tribunal que tuvo a su cargo el juzgamiento. Juicios y términos que, por generalizados, indiscriminados, constituyen violencia impropia o vejación inútil a la totalidad de los miembros de este Tribunal. Basta leer el susodicho libelo para caer en esa cuenta. Así, los letrados encausados expresan: " ... Lo que sucede Sres. miembros, que Uds. con esa actitud y en base a un procedimiento irregular, que lleva a la ilicitud para la obtención  de la prueba, estando disponiendo ilegítimamente y arbitrariamente de los fondos que nosotros pagamos y que consideramos que están dilapidando el patrimonio del Colegio de Abogados del cual somos socios" (sic). " ... Reitero el funcionamiento de la Sala se hace con nuestros aportes yo no creo que el Sr. Presidente y los Vocales mantengan con su propio peculio el funcionamiento del Tribunal de Disciplina ... "(sic). Y más abajo: " ... Que podemos criticar a nuestros magistrados, cuando en el propio Tribunal de Disciplina, se viola sistemáticamente el procedimiento, para conseguir una prueba, que estoy seguro que nos favorecerá, pero que no se puede admitir así, porque a alguien se le antoje hacer derecho, como un lecho de Próculo, conforme a sus gustos y circunstancias" (sic) " ... le causa también perjuicio al patrimonio del Colegio Público de Abogados y lo desprestigia ..." (sic).-

4- Tales manifestaciones configuran sin lugar a la menor duda el tipo ético reprochado por el inc. 15 del art. 21 de la ley 5805, mereciendo por ende la correspondiente sanción disciplinaria. Que a tales efectos, se considera justo y adecuado sancionar a los letrados referenciados con apercibimiento público.-

5- Que debe quedarle claro a los letrados encausados que el Tribunal de Disciplina - entidad independiente, autónoma y diversa del Colegio de Abogados de Córdoba y de todos los colegios de Abogados  existentes en la Provincia - ejerce por expresa disposición legal el poder disciplinario sobre todos los abogados inscriptos en la Provincia de Córdoba en procura del respeto a la ética y el decoro en el ejercicio profesional (art. 50 ley 5805). Que en uso regular de tales atribuciones y teniendo en consideración la trascendencia del bien jurídicamente protegido, el tribunal se encuentra dotado de un poder autónomo de investigación, que le  permite coleccionar "per se" las pruebas que estime conducentes a los fines de la averiguación de los hechos que debe juzgar (art. 82, 2º párrafo de la ley 5805). Ello así, correlativo, además, con el impulso de oficio que informa el procedimiento disciplinario (art. id, ley id.).-

6- Por lo expuesto y las normas legales  citadas SE RESUELVE: - Aplicar a los DENUNCIADOS la sanción de apercibimiento público por infracción al inc. 15 del art. 21 de la ley 5805.-

SALA primera. DRES. CARLOS F. ARRIGONI, PTE MARIA DEL HUERTO TORRES, VCPTE GUILLERMO HORACIO CAPDEVILA, VOCAL.- AÑO 1995.-

SENTENCIA NUMERO: 691

1- Y VISTA esta causa, iniciada por comunicación de la Sala Penal del T.S.J. de Córdoba, la que en oportunidad de resolver la causa: "C.A.D. P.S.A. R C - RECURSO DE REVISION", dispuso por mayoría remitir copia de tal resolución al Tribunal de Disciplina de Abogados en consideración a la conducta asumida por el DENUNCIADO al presentar un recurso de revisión reputado por el Tribunal actuante como improcedente al no contener ni aún mínimamente los recaudos exigidos para tal remedio procesal. Se cita además el antecedente que el mismo letrado en la misma causa intentó un recurso similar rechazado también por resultar inoficioso.-

2- Del análisis pormenorizado de este caso, surge con claridad que el abogado DENUNCIADO interpuso un recurso de revisión por la causal del art. 511 inc. 4 del C. de P.P. (norma que exige la alegación y prueba de hechos nuevos sobrevenidos a posteriori de la sentencia) sin acreditar el extremo legal requerido, tal como lo afirma el Tribunal actuante y como lo admite el propio encartado en su descargo. Sin embargo tal circunstancia por si sola no tipifica la conducta del DENUNCIADO  en las previsiones del inc. 9 del art. 21 de la ley 5805, ya que la conducta tipificada por la norma consiste en una acción de entorpecimiento del trámite normal del proceso con pedidos o incidencias notoriamente improcedentes. El recurso de revisión, por tener el carácter de extraordinario, se tramita luego de dictarse la sentencia definitiva, por lo que mal puede pensarse en el entorpecimiento del proceso, cuando éste hubo ya concluido. No existe, por tanto dilación o incidencia inoficiosa que pueda ser reprochada en esta instancia.-

3- Esta Sala debe poner de relieve que la potestad disciplinaria del Tribunal que integra no le posibilita juzgar la aptitud e idoneidad de los letrados para el ejercicio profesional, por lo cual no puede ni debe en el presente caso pronunciarse sobre los contenidos técnico-jurídicos del escrito presentado por el abogado DENUNCIADO ante el Tribunal Superior de Justicia.-

4- Por otro lado, si el Tribunal actuante no aplicó los correctivos disciplinarios que las leyes les acuerdan a los magistrados para encauzar el proceso, también le esta vedado a esta Sala meritar las razones que se tuvieron en cuenta para ello, pronunciándose sobre la procedencia de aquellos. Por todo ello SE RESUELVE: 1) Desestimar la denuncia en contra del letrado DENUNCIADO.

SALA CUARTA. DRES. MARCELO FERRER VERA, PTE EMMA LOZA DE DRACICH, VCPTE EDUARDO ALFREDO ROSENDE, VOCAL.- AÑO 1995.

SENTENCIA NUMERO: 838

1- Y VISTA: esta causa de la que resulta que la DENUNCIANTE se presenta ante el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Córdoba, poniendo en conocimiento la falta ética cometida por el DENUNCIADO en oportunidad de contestar agravios, ante la Cámara Civil. Agrega la DENUNCIANTE que el DENUNCIADO, en su escrito formula términos ofensivos en su contra, agraviándola injustificadamente ( fs.3/4). Que cumplido el trámite previsto en la ley 5805, no se llega a resultado alguno, razón por la cual, se remiten las actuaciones a este Tribunal de Disciplina ( fs.36/37), el cual admite y abre causa en contra del DENUNCIADO, en virtud de surgir prima facie, violación a las normas de  ética profesional, previstas por el art. 21 inc. 15 y art. 50 de la ley 5805.-

2) Corrido traslado al letrado DENUNCIADO, comparece a fs. 46 y manifiesta que a partir del mes de enero mudó su Estudio Jurídico, y denuncia nuevo domicilio.-

3) Que atento lo expuesto se procedió a notificar nuevamente al letrado DENUNCIADO el decreto original y por ende a correr traslado para que produzca su defensa y ofrezca prueba en descargo.- Que vencido el plazo, para contestar el traslado y ofrecer prueba, el abogado DENUNCIADO no lo hace, dando por decaído el derecho dejado de usar

4) Que en el presente caso, se trata de establecer, si las expresiones formuladas por el DENUNCIADO deben encuadrarse en lo dispuesto por los arts. 21 inc. 15 y art. 50 de la ley 5805. Para ello, contamos con la documental obrante en copia a fs. 5 a 14 y la sentencia autenticada de fs. 53 a 60. De estos precedentes surge con total claridad, que el DENUNCIADO se ha excedido en las necesidades de la defensa, además de constituir una falta, que afecta el decoro de la profesión de abogados.

5) Para llegar a esta conclusión, basta con observar entre otros términos y expresiones cuando manifiesta:" No es indispensable que analice los términos de cada uno de los recibos, pero sí es menester destacar la IMPRUDENCIA Y TEMERIDAD con que se maneja en su oficio de abogada, cuando exhibe su deshonestidad al afirmar que los recibos formularios "C", los ha otorgado UNICAMENTE POR HONORARIOS y no por capital e Intereses.". Luego llega a afirmar:" Es tal el desorden mental que padece esta mujer..." etc.

6) A mayor abundamiento la Excma. Cámara al dictar sentencia en los citados autos, en el apartado 8) de los considerandos dijo:"  El escrito de contestación y expresión de agravios del co-demandado, reviste contenido innecesariamente injurioso, y constituye un exceso reprochable en el ejercicio del derecho de defensa, con ausencia total de estilo, al contener expresiones tales como que la profesional del adversario "miente", que " exhibir su deshonestidad" o al aludir al " desorden mental que padece esta mujer". Por ende, el letrado que lo suscribe debe ser apercibido muy severamente y pasar los antecedentes al Tribunal disciplinario que vela por la ética profesional a sus efectos.-

7) Por otra parte, también debe tenerse en cuenta, que las expresiones agraviantes, están en pugna con lo establecido con el art. 17 de la ley 5805 que establece que el abogado esta equiparado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. Por lo todo ello, disposiciones legales citadas esta Sala Tercera: RESUELVE: 1º) Aplicar la sanción de apercibimiento público por infracción al art. 21 inc.15 y art. 50 de la ley 5805.

SALA TERCERA. DRES. JULIO CESAR MARQUEZ, PTE IVAN MALDONADO, VCPTE RUBEN FRAIRE, VOCAL. AÑO. 1997

SENTENCIA NUMERO: 670

1- Y VISTA esta causa disciplinaria que a fs. 2 luce el informe del Sr. Secretario del Juzgado de Conciliación dando cuenta de la destrucción de los autos caratulados "C C P. C/ G M - DDA" y la sustracción de la demanda y poder apud-acta obrante el mismo. Que a fs. 3 se labra Acta Cabeza de Proceso por supuesta violación de la norma ética del inc. 15 del art. 21 y art. 50 de la Ley 5805 en contra del abogado DENUNCIADO.

2- A continuación los Sres. Vocales proceden a fundar sus votos en el siguiente orden: En primer lugar el Sr. Presidente Dr. Roberto Julio Jordan, en segundo lugar el Sr. Vice Presidente Dr. Mario Francisco Robledo y en tercer lugar la Dra. Rosa Ines Montaldo de Del Vado, Vocal. Voto del Sr. Presidente:

3- Que a pesar de que se menciona "sustracción" o "destrucción" de la carátula, certificado y decreto de inadmisibilidad, demanda y poder apud acta, estimó que solo debe considerarse los mismo como papeles judiciales, no estrictamente instrumentos públicos, por la razón de que la demanda había sido declarada inadmisible por carecer de un requisito esencial para su existencia jurídica como lo es la firma del cliente.

4- Que en esta causa, se tiene por acreditado que el ABOGADO socio del DENUNCIADO, realizo un trámite común, el de la reserva de una carátula que requiere la conformidad del Tribunal ya que se trata evidentemente de una presentación irregular. Que ante la comprobación posterior de que - por alguna razón- el Juzgado había procedido a declarar inadmisible la demanda ante la carencia de firma del cliente, el DENUNCIADO reaccionó en la forma que dan cuenta los testimonios rendidos en autos.

5- Entiendo que la reacción fue injustificada y agraviante para el Tribunal y los funcionarios del mismo, toda vez que el letrado, en medio del nerviosismo que se apoderara del mismo, desciende al improperio y a la grosería. Que para los hombres de derecho pesa la obligación de conservar el decoro de la profesión como así también evitar las actitudes que tiendan al descrédito de las instituciones del Estado y a la misma profesión. No es justificable el accionar del DENUNCIADO aunque puedo entender que en ocasiones es muy difícil conservar la calma.

6- Voto del Sr. Vice Presidente: Que tal como se presenta la causa en la comunicación, cuyas imputaciones han sido transcriptas en los resultados, se atribuiría al DENUNCIADO la grave comisión de la destrucción de un documento público, mas allá de los improperios y agravios verbales que pudiera haber vertido.-  Sin embargo, la prueba colectada tiende a diluir esta primera conclusión. Que el socio del DENUNCIADO concurrió el viernes 30 de Junio al Juzgado de marras e hizo un trato que es común en el foro: reservaba una carátula para completar el juicio el lunes 2 de Julio con la firma del cliente y del abogado que en realidad llevaría el juicio. Pero el Tribunal, haciendo gala de un formalismo inexorable se toma el trabajo de decretar la inadmisibilidad de la demanda, en lugar de desviar hacia el casillero el juicio para ser armado y firmado como correspondía. A primera vista parece que la diligencia del Juzgado de Conciliación es elogiable, pero  en segunda lectura la decisión es criticable. Obtuvo la administración de justicia algún beneficio con el celo del Juzgado? Se compadece esta actitud formalista del Juzgado con la realidad que muestran los Tribunales? Tienen derecho los Juzgados de Conciliación de mostrarse estrictos con las presentaciones y no admitir completamientos posteriores, cuando en realidad exhiben una morosidad pasmosa que espanta a letrados y justiciables. Estoy hablando de la Justicia del Trabajo, aquella que se nutre de uno de los principios fundamentales del derecho que es la celeridad en la solución de las causas. Nadie vinculado a la Justicia ignora que el Fuero Laboral padece una lentitud que obliga a los trabajadores a mal arreglar sus conflictos ante que aguardar un fallo reparador. En ese contexto, no se puede entender este exceso de celo de parte de un Tribunal que se pone en el trabajo de decretar un expediente incompleto en lugar de darle unas horas más al letrado que lo promovió para acompañar a su cliente a firmar la demanda en la que está, seguramente, más interesado que el propio Tribunal.

7- La anterior reflexión a cuento para explicar la reacción del DENUNCIADO, que tenemos por cierta pese a su negativa técnica, habida cuenta del concordante testimonio de quienes fueron testigos presenciales. Este letrado, que no tiene antecedentes alguno por inconducta como muestran los informes del Colegio de Abogados de Córdoba, ha descendido al improperio y el nerviosismo por una causa que este miembro de sala encuentra justificable. La abogacía se ha convertido en una profesión dura, con muchas gratificaciones para quienes hemos abrazado esa vocación, pero también con muchos sinsabores producto de la insensibilidad de ciertos Tribunales y el descredito profesional en la Sociedad.

8- Que, aún comprendiendo la reacción del colega ante la actitud del Tribunal que no trepidó en endilgarle (vease comunicación de fs. 02) "destrucción o Sustracción". no podemos amparar el exabrupto ni la grosería, en ninguna circunstancia. La justificación de la actitud del matriculado no alcanza para borrar su falta de decoro en su conducta pública. Debió pensar el colega que con sus términos  dañaba una imagen que los abogados nos empeñamos en preservar. Lo cortes no quita lo valiente, ni la afabilidad en el trato impiden la firmeza en las convicciones. Pudo el DENUNCIADO protestar con vehemencia por el despropósito Judicial- que tutela la forma de las cosas y se atrasa escandalosamente con las causas y hubiera encontrado respaldo en esta Sala. Pero lo que no se permite es la imagen desdorosa y este Tribunal que más que represivo es tuitivo de la conducta de los letrados, no puede ignorarla.

9-Voto de la Dra. Vocal, que se adhiere a los fundamentos del Sr. Presidente.

10-  Por unanimidad, se dispone apercibir en forma privada al DENUNCIADO por considerarlo incurso en la falta de ética referida en el art. 21 inc. 15 y art. 50 de la Ley 5805.

SALA SEXTA. DRES. Roberto Julio Jordan, Pte Mario Francisco Robledo Vcpte Rosa Ines Montaldo de Del Vado, Vocal. Año 1995

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 422

1. Y VISTA esta causa disciplinaria en la que el DENUNCIANTE comparece formulando denuncia en contra del abogado DENUNCIADO, por entender que el referido letrado habría incurrido en las faltas que prescriben los arts. 19 inc. 7 y 21 inc. 15 de la ley 5805. Relata el DENUNCIANTE que en los autos tramitados por  ante el Juzgado de Primera Instancia C. y C. de esta ciudad, en donde se persigue del demandado una suma de dinero en concepto de daños y perjuicios, en alguna etapa procesal, el accionado, que es representado y defendido por el DENUNCIADO, en la oportunidad de recusar al Juez de la causa y contestar la demanda, -se transcriben los dichos del DENUNCIANTE- "... sin necesidad alguna y utilizando argumentos que nada tiene que ver con la defensa de los daños y perjuicios demandados, me incluye en su escrito manifestando textualmente- ... que el actor precisaba dinero con urgencia para sostener la enfermedad de su amigo, (DENUNCIANTE), que esta sidotico...", si tal manifestación le fue confiada o dicha por su cliente, el abogado DENUNCIADO debió guardar las mínimas normas del secreto profesional que ampara el Inc. 7 del art. 19 de la ley 5805. Por otro lado, -continúa el denunciante- como mi supuesta enfermedad no hace a la causa de los daños y perjuicios de la cual no soy parte, estimo, que además de haber violado las normas del secreto profesional, ha incurrido en exceso de la defensa, importando ello un vejación inútil, que sólo refleja una conducta discriminatoria, lesiva, ofensiva e innecesaria y no esperable de un profesional del derecho, soporte o nó el compareciente, la enfermedad a que hace referencia el DENUNCIADO.-

2. Que el DENUNCIANTE peticiona se sancione al letrado por infracción a los arts. 21 inc. 15 y  19 inc. 7 de la ley 5805, correspondiendo por una cuestión de método hacer un análisis diferenciado según las supuestas conductas antiéticas denunciadas.-

3. Que así planteado el problema a dilucidar por la Sala y entrando en el análisis de la infracción al art. 21 inc. 15, se observa que las conductas contempladas por dicho inciso a los fines de una tipificación, son: a) El excederse en las necesidades de la defensa formulando juicios o términos ofensivos a la dignidad del colega adversario... b) ... o que importen violencia impropia o vejación inutil a la parte contraria... y c) ... o a los magistrados.  De los dichos del propio denunciante surge, lo que releva a la Sala de otro tipo de prueba, que el mismo no es parte en los autos donde fuera presentado el escrito por el DENUNCIADO por lo que la conducta denunciada no encuadra en los supuestos analizados en el considerando precedente, al no ser el mismo ni colega adversario, ni parte contraria, ni magistrado.- Que además, el hecho de haber manifestado en la causa judicial, el DENUNCIADO, una situación determinada de un extraño a ese proceso "... para sostener la situación de enfermedad de su amigo, que esta sidotico..." no encuadra, a criterio de esta Sala, dentro de lo considerado como un exceso en la defensa ni implica la utilización de términos injuriantes, ofensivos, discriminatorios o agraviantes.-

4. Que respecto de la infracción al art. 19 inc. 7, el secreto profesional sólo se le debe al cliente o a aquel que dentro de en una relación comitente-profesional, revela al letrado un determinado hecho, suceso, evento o "secreto", respecto de si o de terceros allegados al cliente, "secreto" éste, que debe haber sido revelado no sólo dentro de la relación expresada sino como principal motivo de esta y que en el caso de hacerlo público el profesional, sin justa causa, se causaría un daño a aquellos.

5. En el caso de autos para con quién el DENUNCIADO tiene el deber de guardar "secreto" en razón de los hechos conocidos por el ejercicio de su profesión es para con su mandante o comitente y no para el DENUNCIANTE ni para la contraparte.-  Por todo lo expuesto SE RESUELVE. Desestimar la denuncia en contra del DENUNCIADO y en consecuencia archivar las presentes actuaciones.

SALA SEGUNDA: DRES. HORACIO CASTELLANOS, PTE JULIO MANUEL ESCARGUEL, VCPTE, JULIO DEHEZA, VOCAL.- AÑO 1996.-

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